La información ambiental, clave para abordar conflictos y proponer futuros comunes

Estuve esta semana en el Encuentro Nacional Ambiental, en el marco de la Agenda de Participación de la Mesa de Diálogos con el ELN. Fue muy interesante ver cómo, a pesar de los momentos que vive la mesa, hubo una amplia participación de diferentes organizaciones y liderazgos comunitarios de muchas zonas del país. 

Me genera especial atención el llamado, casi unánime, de los participantes, a una presencia más efectiva de las instituciones ambientales en la solución de las demandas sociales para resolver sus preocupaciones sobre un deterioro ambiental, que lo señalan como preocupación urgente. 

Detallando cuál es esa solicitud, me encuentro con que una parte estructural de las necesidades de la gente es el acceso a información cualificada. Las asimetrías en el acceso a información de calidad, y en tiempo real, no solo dejan a las comunidades en vulnerabilidad para establecer diálogos, negociaciones y mecanismos de transformación de esos conflictos ambientales. Y lo peor, esa falta de información cualificada y en tiempo real se presta para la manipulación y tergiversación de las realidades territoriales, que es el camino expedito para propiciar conflictos violentos y con acciones de hecho, que lamentablemente pululan en el país. 

Los sistemas de información de las entidades del Sistema Nacional Ambiental están diseñados en general para públicos institucionales, profesionales del sector, servicios para trámites y procedimientos legales, y algo de “información pública”. Es increíble ver cómo la mayor parte de poblaciones rurales y de pequeñas ciudades o pueblos, no consulta esta información, y la que lo hace, no la puede usar de manera sencilla, ya sea porque no está disponible para accederla o porque los lenguajes y formatos son de difícil lectura. 

El otro extremo es el de campañas de comunicación en las que se utiliza un lenguaje pueril y de contenidos superficiales. La infantilización de la población, a través de estos mensajes, crea aún más distancia, resistencia y animadversión. Uno de los casos que más recuerdo es el del control a incendios forestales, donde se invita a la población “a no hacer fogatas” en esta época. Los campesinos se ríen, con razón sobrada, del mundillo irreal en el que se construyen estos mensajes, y siempre queda la expectativa de cuándo se hablarán las cosas por su nombre, sin eufemismos, y tocando los temas sensibles por igual para toda la sociedad. Para cerrar la historieta de los fuegos, detrás de estos se esconde la compleja historia que hay desde la apropiación masiva de tierras, hasta la incapacidad para generar una política de encalamiento de suelos ácidos en zonas de economía campesina.

Al revisar otros temas de interés, oí, de manera insistente, la necesidad de conocer qué procesos de transformación se están planeando en los territorios, cuáles son los mecanismos de participación social en estos, y qué tipos de impactos, ambientales y sociales, se pueden dar. Esto es una de las puntas del concepto de “licencia social” que se ha vuelto constante en las discusiones sobre proyectos en curso.  Allí reside, a mi manera de ver, la posibilidad de desactivar una cada vez mayor animadversión a cualquier proyecto que se dé en los territorios. Y creo que hay la institucionalidad para afrontarla, los mecanismos de participación para ello (que va mucho más allá de la “consulta previa”, cuyos desarrollos son cada vez más difíciles, tanto para el Gobierno de turno, como para las empresas, y los pobladores locales), en un país donde abundan las instancias de participación, pero no vinculante, ni mucho menos en clave de corresponsabilidad interagencial, que incluya a todos los grupos sociales y no solamente a los étnicos.

Surge de esa interesante discusión una idea adicional, y es constituir una base de información territorial, de acceso público, que reconstruya la historia de conflictividades con perspectiva histórica, que caracterice los impactos territoriales de todos los actores, incluyendo los gubernamentales, privados, empresariales y comunitarios, de economías ilegales y grupos armados, y permita plantear escenarios de restauración socioambiental de esos ecosistemas donde la conflictividad hoy está aumentando la vulnerabilidad y podría exacerbarse en un contexto de cambio climático en el futuro cercano. 

Esos escenarios de restauración son nada más ni nada menos que las potenciales acciones de transformación para la paz, apropiadas bajo el marco que nos da el asumir al ambiente como víctima, en un país donde lo ambiental es un derecho público fundamental, reconocido jurídicamente, y con implicaciones no solo en su planificación del desarrollo, sino en la restauración de aquellos territorios que han sido duramente golpeados por las diferentes conflictividades socioambientales durante largas décadas. La potencial creación de una Comisión de la Verdad Ambiental podría ser un enorme paso para destrabar esas tensiones territoriales y marcar un camino consensuado de restauración que permita un futuro sostenible, ambiental, social y económicamente, en las necesarias transformaciones estructurales que requiere el país en su camino de paz integral. 

Posdata: conozco el impecable y trascendental trabajo de la Fundación Gaia hace más de 30 años. Igual a Martin y Francisco, con quienes he podido recorrer trochas, ríos y malocas, asi como hablar con el mundo institucional local e internacional. Mi solidaridad total con su trabajo y el rechazo a cualquier tipo de mensajes envenenados y burdos que suelen salir en estos tiempos de mediocridad resentida.