La política de seguridad democrática del gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha ido demostrando ser una farsa. Una macabra puesta en escena para engañar a la opinión pública y ocultar el hecho de que los generales del Ejército estaban traicionando sus deberes constitucionales, mientras mataban civiles para presentarlos como guerrilleros.
Esto se puede asegurar con el conocimiento que da la distancia y el paso del tiempo. Pero, en especial, gracias a la investigación y a las pruebas aportadas por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en su macrocaso 03. La JEP ha investigado los asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente por parte de agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente antioqueño. Ese lugar donde Uribe más ha sacado pecho de los resultados de su política de seguridad.
Por eso vamos a lo que pasó en la mañana del pasado miércoles 30 de agosto, cuando la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, imputó al general en retiro Mario Montoya Uribe a título de autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad, por al menos 130 asesinatos extrajudiciales o falsos positivos. Todo ello cuando se desempeñó como comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.
Mario Montoya fue a la seguridad democrática de Uribe, lo que Armando Benedetti representa al gobierno de Gustavo Petro en su lucha contra la burocracia y la corrupción: su “aliado” más importante y a la vez, una de las mayores razones de su potencial fracaso.
Me explico. Las pruebas que mostró la JEP en ese caso, demuestran que los altos mandos del gobierno sabían lo que estaba ocurriendo y por eso tendrán que responder por las atrocidades que se sembraron en el territorio nacional.
Hagamos una línea de tiempo y resaltemos algunos puntos que en este caso son fundamentales. El 2 de mayo de 2002, un cilindro bomba cayó dentro de la iglesia de Bojayá, en Chocó, donde los habitantes se protegían de un horrible enfrentamiento entre la guerrilla y las Autodefensas Unidas de Colombia. El hecho ocasionó la muerte de 119 personas, dos de ellas después del bombardeo y el desplazamiento de casi 6.000 civiles.
Este fue uno de los ataques más sangrientos y violentos de la guerrilla de las Farc y su actuar siempre será imperdonable y dejará una cicatriz difícil de cerrar. Pero no solo el comportamiento de los guerrilleros. Cuando Mario Montoya, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, llegó a la zona un día después de la masacre, mandó a uno de sus oficiales a comprar unos zapatos de bebé.
Como dirigiendo una escena de una obra de teatro, Montoya, ante una de las cámaras de los periodistas, sacó uno de los zapaticos y antes de la entrevista comenzó a llorar. Como un dato aparte, una cámara de Noticias Uno lo grabó después, casual, dando órdenes a sus oficiales, rodeado de los paramilitares que habían estado en la zona y en completa coordinación con ellos.
Esa no fue la única vez que Montoya trabajó en coordinación con los Autodefensas. O que inventó supuestas víctimas, ya que, peor aún, también creó falsos guerrilleros que eran tan solo jóvenes civiles. De ahí la importancia del macrocaso 03.
Montoya fue uno de los cerebros de la Operación Orión en Medellín, ocurrida entre el 16 y 19 de octubre de 2002. La Operación Orión no fue para rescatar a Medellín de la delincuencia, sino una cadena de crímenes que se ejecutaron bajo la declaratoria del estado de excepción. En ella, militares dirigidos por Montoya patrullaron y asesinaron en conjunto con los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara, con la justificación de combatir a las guerrillas.
De acuerdo con la Corporación Jurídica Libertad, hubo 80 civiles heridos, 17 homicidios cometidos por la fuerza pública, 71 personas asesinadas por los paramilitares, 12 personas torturadas, 92 desapariciones forzadas y 370 detenciones arbitrarias.
Ese actuar de conseguir resultados a toda costa, incluso en coordinación con los paramilitares, era una política institucional en el Ejército y esto se puede ver gracias a la evidencia que ha podido obtener la JEP en otros casos. “En la Cuarta Brigada la presión por resultados se consolidó con el mensaje de presentar muertes en combate como único indicador de éxito para obtener incentivos, recompensas y no ser trasladados del Ejército”.
Esa presión, explicaron los magistrados Catalina Díaz y Hugo Tovar, relatores del caso y la magistrada Julieta Lemaitre, como vicepresidenta de la Sala, fue ejercida por el general Montoya y otros comandantes de batallones de la zona. En el caso del alto oficial, se describió que la obligación fue la de reportarse en términos de “litros, chorros, ríos, barriles o carrotanques de sangre”.
La evidencia muestra que Montoya, en al menos 24 programas radiales, libros y escritos de comandantes de los distintos batallones, expuso las felicitaciones y exigencias por dar bajas y no capturas. En una de ellas, sumada al auto, se ven a mano las notas de uno de sus subalternos que transcribió la frase exacta de los “barriles de sangre” dicha por Montoya en un programa radial.
Y aunque es importante aclarar que la imputación de la JEP es solamente por los hechos cometidos por el batallón de infantería de la Cuarta Brigada, después siguió cometiendo delitos iguales, o peores, que fueron presentados como grandes resultados de la política de seguridad democrática.
Esos resultados hicieron la carrera de Montoya. Por eso después de la Cuarta Brigada, logró ser el comandante de la Séptima División entre 2004 y 2005, y en febrero de 2006, el expresidente Uribe lo nombró comandante del Ejército Nacional, el punto más alto de su carrera militar.
La evidencia muestra que ya, como comandante del Ejército Nacional, la exigencia de sangre y no capturas también se dejaba por escrito. La orden del día N. 073 del miércoles 5 de abril de 2006, firmada por el comandante del Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, en Bello, Antioquia establecía las tareas cotidianas en esta unidad castrense y sirven para entender la distorsión que tenía Montoya entre el bien y el mal y cómo se ejecutaron esas políticas de seguridad democrática.
La “orden de carácter permanente”, que eran las recomendaciones del general Montoya, contenía 28 “políticas” que debían ser tenidas en cuenta no sólo allí, sino en las unidades militares de todo el país.
Entre ellas se destacan frases como “los comandantes se evalúan por sus resultados” y “las bajas no es lo más importante, es lo único” (sic). Es probado que esta alta presión a las tropas generó una práctica sistemática de asesinatos de civiles, para hacerlos pasar como dados de baja, y con ello lograr beneficios personales. Entre los que estaban ascensos, recompensas, permisos y viajes de placer.
Pese a todo esto, el expresidente Uribe ha seguido defendiendo a Montoya estableciendo que no es un delincuente, sino un héroe. El 4 de noviembre de 2008, para mencionar solo una, Uribe elogió a Montoya tras su renuncia a la comandancia del Ejército, aunque la evidencia demostraba que era el operador detrás de los falsos positivos y su renuncia y envío a la Embajada de República Dominicana eran para protegerlo de estos escándalos.
“El general Mario Montoya es un ser excepcional en aquello del ser que busca la eficacia operativa sin perder de vista la transparencia. Algunos equivocadamente creen que para ser eficaz hay que violar la transparencia, el general Mario Montoya ha entendido siempre que la eficacia tiene que ir acompañada de la transparencia y otros equivocadamente creen que para ser transparente hay que renunciar a ser eficaz y dejar que simplemente pasen los años en las Fuerzas Armadas sin combatir a los terroristas para salvar a una apariencia de transparencia, el general Mario Montoya no es eso, el general Mario Montoya ha sido una equilibrada combinación de eficacia y de transparencia”.
Ya sabemos que Montoya es todo lo contrario. Y las consecuencias de esto no pararon con su salida del Ejército, puesto que los testigos que han hecho parte de los procesos en su contra han sido víctimas de amenazas y atentados.
Devolvámonos un poquito en la línea de tiempo. El 7 de febrero de 2008, un joven llamado Darvey Mosquera y dos amigos salieron del municipio de Pradera, Valle, con la idea de conseguir un trabajo que les había ofrecido un soldado. En el camino fueron detenidos por otros miembros del Ejército que les dispararon. El cuerpo de Darvey apareció después en una fosa común usando un uniforme camuflado, con botas pantaneras. Fue presentado como “guerrillero muerto en combate”. Los autores eran miembros del Batallón 57 del Ejército.
Para la madre de Darvey, Alfamir Castillo Bermúdez, el propósito de su vida se ha convertido en buscar justicia a este horrible crimen. Por ello ha recibido múltiples amenazas e incluso un atentado con el objetivo de que no siga dando testimonio dentro de los procesos en contra de Montoya. Lastimosamente esto no es la excepción, sino la regla.
Lo mismo pasó con otro importante declarante. El señor Robinson González del Río que fue coronel del Ejército hasta 2014 ha recibido amenazas de muerte. González del Río fue condenado en segunda instancia a 37 años de prisión por su participación en el asesinato de dos jóvenes en la vereda Trocaderos del municipio de Neira en septiembre de 2007, como parte de los falsos positivos dirigidos por el general Montoya.
También ha sucedido con el paramilitar Adolfo Guevara Cantillo, conocido en el mundo del crimen organizado como “101”, quien recibió intimidaciones por sus declaraciones en contra del general más famoso del gobierno de Uribe Vélez.
En una entrevista, alias 101 dijo que el general Mario Montoya era “la vergüenza más grande para el Ejército porque, si bien nosotros como oficiales hicimos muchísimas operaciones, hicimos muchísimas actividades de pronto convencidos de una causa, él las hizo por dinero, y a él le pagaban, él tenía su sueldo y él todo lo hacía por dinero, todas sus actividades entre la organización fueron por dinero y lo puedo decir porque yo tengo la fortuna de haber sido militar, pero también la gran fortuna de haber pasado posteriormente a las autodefensas y conocer muy de cerca, muy bien qué era lo que se manejaba dentro”.
Y nada pasa. Uribe sigue justificando a Montoya y Montoya sigue justificando sus actos. Por esto para contrarrestar la evidencia en su contra dijo, en una audiencia del 13 de febrero de 2020, que los falsos positivos ocurrieron porque los soldados a su mando, que prestaban el servicio militar eran de estrato 1 y 2 entonces no entendieron sus órdenes. “Pues esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño, entonces no entendieron la diferencia entre resultados y bajas, y por eso cometieron estos hechos”.
Ahora sabemos que todo eso es falso. Y que este horripilante episodio de la historia colombiana fue una política estatal diseñada e implementada para simular resultados desde los más altos cargos del gobierno. Esos mismos “resultados” de los cuales se ufana el expresidente Uribe con su presumida política de seguridad, pero que toda la evidencia en poder de la JEP demuestra que no era más que inseguridad democrática para los indígenas, campesinos, raizales, jóvenes y niños, principales víctimas de los asesinatos extrajudiciales conocidos con el nombre de falsos positivos.
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