La Corte Suprema está en mora de acusar y ordenar la captura del representante a la Cámara del Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca. El expediente en su contra cuenta con 10 cuadernos originales, 21 anexos, 37 CDS, 1 DVD, 118 elementos materiales probatorios con su respectivo rótulo en cadena de custodia, y dos cartas que demuestran la culpabilidad del congresista. Peor aún, por estos mismos hechos el partido de gobierno está en deuda de sacarlo del movimiento, y el representante en tener la decencia de renunciar a su curul.
Vamos por partes, como Suárez Vacca tratando de esconder las pruebas que lo incriminan.
Como se denunció en este espacio el 19 de noviembre de 2023, en una columna titulada La firma que incrimina a Suárez Vacca, la Sala Especial de Instrucción de la Corte abrió una investigación formal el 3 de agosto de 2023, contra el congresista de Boyacá, por los delitos de prevaricato y concierto para delinquir. Conductas de presunta corrupción cuando fue juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en Tunja.
Se trata del radicado No. 00672 que está a cargo del magistrado Francisco Farfán, cuestionado por supuestamente filtrar información del Alto Tribunal al clan Gnecco, y quien solicitó una licencia no remunerada por tres meses, para defenderse de ese escándalo. Su permiso se termina el lunes 22 de enero, es decir mañana, y el escándalo sigue ahí, vivito y coleando.
Los hechos específicos que investiga la Corte en contra de Suárez Vacca datan del 23 de enero de 2008, cuando le correspondió al juzgado quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja, controlar la condena impuesta en contra del señor Lelio Nevardo Ávila Santana, por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro, que le impuso el juzgado séptimo penal del circuito de Bogotá.
Según la evidencia, en ese momento, el entonces juez quinto Suárez Vacca, a cambio de un soborno de 35 millones de pesos, le dio al condenado narco la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, beneficio completamente irregular para esos delitos.
Para lograr eso, el juez tuvo que empezar manipulando el reparto. El 5 de mayo de 2010, el coordinador de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja, el señor Alberto Aconcha Cuadrado, presentó denuncia penal por manipulación indebida del soporte técnico de reparto, denunciado por la funcionaria María Romelia Romero Gómez.
Romero Gómez era la encargada de manejar el sistema de cómputo del reparto de los despachos de ejecución de penas y medidas de seguridad de Tunja y estableció que, concretamente, el radicado número 12428, el del narco Lelio Nevardo Ávila, fue asignado por el sistema al juzgado tercero de ejecución de penas.
Según la señora Romero Gómez, ella se retiró de su puesto de trabajo por un momentico y al regresar encontró que el radicado citado se había redireccionado al juzgado quinto de ejecución de penas, donde estaba el juez Suárez Vacca listo para soltarlo en domiciliaria, con lo que se habían adulterado los registros originales creados por el sistema.
De esta manera, según documentos de la Corte, Suárez Vacca figura no sólo como un investigado por esos delitos, sino como presunto cabecilla de un entramado delincuencial. Dentro de esa red criminal figura una exfuncionaria del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de nombre Lesly Rocío Cruz Chacón, quien es la actual flamante secretaria de Contratación de la Alcaldía de Tunja.
El nombramiento de la doctora Lesly Rocío ha sido fuertemente criticado, no por su participación en este escándalo del narco hasta ahora desconocido, sino porque es hermana de César Cruz Chacón, un personaje duramente cuestionado por sus vínculos y antecedentes en materias de contratación y corrupción en pasadas administraciones de Tunja.
Pero volvamos a la investigación de Suárez Vacca. En una entrevista sobre estos hechos con La W Radio el pasado jueves 18 de enero, el representante del Pacto Histórico dijo enfáticamente que “de todos los elementos que ha encontrado la Corte no se ha encontrado elemento de juicio probatorio que dé cuenta de que efectivamente eso que se investiga, sucedió”.
La evidencia demuestra lo contrario. Vamos al manuscrito. Como publiqué en noviembre del año pasado, esta columna tiene en su poder la carta elaborada en una hoja de examen cuadriculada, que establece que el entonces juez Suárez Vacca y el condenado narco Lelio Nevardo Ávila eran amigos y se cruzaron comunicaciones en las que se deja evidencia escrita de su cercanía y de la voluntad del funcionario judicial de favorecer con su determinación ilegalmente al delincuente.
Frente a esto, los periodistas de La W le preguntaron varias veces y de manera clara y firme a Suárez Vacca si él escribió la supuesta carta que está firmada con su puño y letra. El representante a la Cámara dijo cortantemente que no podía responder esa pregunta porque esa información hace parte de la reserva del sumario.
Pues entonces vamos a los documentos de la Corte que determinan que, efectivamente, sí fue el señor Suárez Vacca quien escribió la carta. En la parte de la evidencia se establece que existe un informe de laboratorio, el número FPJ-13 del 8 de junio de 2011, con destino a la fiscal María Victoria Parra Archila, que contiene “el cotejo entre el manuscrito y firma del documento dubitado, y las muestras patronales elaboradas por Pedro José Suárez Vacca, con el fin de establecer la uniprocedencia”.
El informe concluye que “el manuscrito obrante en el anverso y reverso de una hoja de papel cuadriculado de examen, que contiene carta dirigida al señor Lelio Nevardo Ávila, que presenta firma a nombre de Pedro José Suárez Vacca, corresponde con los rasgos y características de las muestras manuscriturales del señor Pedro José Suárez Vacca, enviadas para el estudio”. El informe concluye que son uniprocedentes, es decir que la carta es elaborada y firmada por el entonces juez y ahora represente a la Cámara del Pacto Histórico. Póngale la firma.
Pero no solo es el informe técnico. El mismo Suárez Vacca admitió que él fue el autor de ese manuscrito al narco, en el que le manda saludes a la familia, le aclara que no puede atender más asuntos, y le pide no dar papaya sobre sus sobornos ilegales.
En versión libre rendida ante el Consejo Seccional de Boyacá, con ocasión del proceso disciplinario N201100120-J, Suárez Vacca negó conocer al señor Lelio Nevardo Ávila Santana por fuera de lo relativo al proceso que cursó en su despacho, sin embargo, “admitió que le escribió la carta con referencias a su familia, porque: es mi manera de ser, con absolutamente todas las personas, y especialmente con aquellos que están privados de la libertad”. Tan bello con ese concierto para consentir.
El problema es que existe una segunda carta que prueba la consecución de otro delito. Esta vez el juez Suárez Vacca como receptor del manuscrito en el mismo tipo de hoja cuadriculada. En ese segundo documento, con diferente letra, la del narco Lelio Nevardo Ávila Santana, se le solicita a su amigo el juez, la redosificación de la pena de otro condenado llamado Dumar Campos Sabogal. La carta inclusive da la cédula del criminal y el número de proceso, con una solicitud clara: “por favor ver domiciliaria”.
Sigue con una ampliación que parece redactada para un telegrama. “Por favor corrección aritmética. Hacer la recodificación te lo recomiendo de corazón lo que pueda hacer cualquier cosa con el intermediario”.
Acá la columna se pone un poco más macabra. Amarren sus cinturones, mantengan las manos dentro del carrito y traten de no marearse con los giros de esta historia que parece una montaña rusa.
El 1 de abril de 2003, el país fue sacudido en sus entrañas con la noticia de un secuestro de un bebé de tan solo 3 añitos llamado Vytis Karanauskas, en la vía que conduce de Villavicencio a Restrepo, en el Meta.
Los determinadores del plagio le obsequiaron un celular a un trabajador de una finca cercana a donde vivía Vytis, en el sector del Lago Turístico, para que los mantuviera informados de los movimientos del chiquillo y su familia.
Con esa información, cinco hombres interceptaron el bus escolar en el que viajaba Vytis en la vereda El Cairo de Villavicencio. Amordazaron a la conductora, atemorizaron al resto de niños y se llevaron a Vytis hasta un billar del barrio San Benito. Le pintaron su pelo rubio de color negro, lo vistieron de niña, todo esto para que no lo reconocieran y después lo condujeron hasta una residencia del barrio La Esperanza.
Una semana después del plagio, el grupo Gaula de la Policía, con apoyo del Ejército, rescató al bebé de 3 años. Gracias a la investigación se pudo determinar que el secuestro lo realizaron para pedir un botín de 200 millones de pesos. El delito lo planearon Rubiela Jaimes Useche, delincuente con conexiones con la guerrilla de las Farc y su compañero sentimental, ¿qué comen que adivinan? Dumar Campos Sabogal Quintero.
Pues la carta en la que le piden al juez corrupto la domiciliaria para Dumar Campos Sabogal, era por nada más y nada menos que este delito tan inhumano. Y lo peor del asunto es que el señor juez Suárez Vacca, sin asco ni pudor, siguió al pie de la letra las órdenes y logró conseguir prisión domiciliaria para un personaje que fue tan hampón de secuestrar a un bebé de tan solo tres añitos.
Así lo contienen los documentos de la Corte Suprema que citan una denuncia presentada el 3 de marzo de 2011 por el señor Jorge Armando Múnera Velásquez, contra Suárez Vacca donde dice que el citado juez de ejecución de penas estaría “concertado para delinquir de forma ilegal e irregular, y que favoreció en tal contexto a dos delincuentes con la detención domiciliaria” en referencia a Lelio Nevardo Ávila Santana y Dumar Campos Sabogal, quien todavía se encuentra en casa por cárcel.
Ese es el tenor de Suárez Vacca. Por eso no sorprende que a la actuación en la Corte se incorporó un informe de Policía Judicial, el Nº 7694699 del 25 de octubre de 2022, en cuyo contenido se demuestra que existen nueve radicados adelantados por diferentes delitos, donde aparece el nombre de Suárez Vacca como investigado. Nueve casos.
Entonces, el mismo personaje que fue avalado por el presidente Gustavo Petro como un ejemplo de valentía, dignidad y transparencia cuando fue candidato a la Alcaldía de Tunja y después a la Cámara de Representantes, parece únicamente un buen ejemplo de ser, como lo calificó el Alto Tribunal, el gran cabecilla de un entramado delincuencial. La pregunta es ¿qué espera la Corte para actuar y el Pacto Histórico para reaccionar?
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