Esta columna les va a dar ganas vomitar y llorar al mismo tiempo. Es la historia de niñas y niños, estudiantes de un colegio en el departamento de Santander, que fueron entregados por la rectora de la institución para que fueran abusados sexualmente, de manera recurrente, por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Vamos por partes, como queda el corazón de uno después de una historia de estas.
Los esposos Moreno eran personas reconocidas y respetadas entre los habitantes del corregimiento de Riachuelo del municipio santandereano de Charalá. La señora Lucila Inés Gutiérrez de Moreno, era la rectora del colegio Nuestra Señora del Rosario, uno de los mejores de la región y su esposo, Luis María Moreno, era concejal del municipio.
No hay que olvidar que, en el año 2000, el Frente Comunero Cacique Guanentá, Fccg, del Bloque Central Bolívar, se asentó en Riachuelo y estableció un centro regional de operaciones. En esa vereda contaban con instalaciones para el entrenamiento, la recreación y las comunicaciones. Desde ahí empezó el calvario para los habitantes de esa zona, cuyos hijos e hijas fueron la cuota más dolorosa del sacrificio.
Los paras se tomaron, con la ayuda de los Moreno, las dos cosas más queridas por el pueblo: el colegio y la unidad de emergencia con todo y la ambulancia. Según los testimonios, ese vehículo era utilizado para operaciones militares e incluso para transportar civiles muertos. Mientras que el colegio fue utilizado para reclutar menores de ambos sexos, para que fueran violados y abusados por los paramilitares de la zona. Esto ya que algunos de los comandantes de la región eran homosexuales, por lo que Riachuelo es una de las zonas con más niños víctimas de violencia sexual. (Ver Anexo 1)
Pero el colegio también fue usado para hacer inteligencia a la comunidad. Los menores que hacían parte de las filas de los paramilitares iban al colegio de camuflado y pasaban tiempo con los estudiantes para que les contaran lo que pasaba en sus casas, con el fin de que los paras pudieran controlar el pueblo.
Todo como cortesía de la directora de la institución, la persona cuya obligación era proteger a sus alumnos del conflicto, pero que, por el contrario, entregó el espacio de los niños y los convirtió en blancos, parte y víctimas.
No es una acusación o un señalamiento, esto fue admitido y confesado por los paramilitares. Incluso se encuentra documentado en una sentencia del 11 de agosto de 2017 sobre la estructura paramilitar Bloque Central Bolívar, que establece “(…) la mayoría [de los paramilitares] se veía con mujeres, novias, esposas, con las chicas del colegio de bachillerato, ellos las cortejaban, entraban al colegio a buscarlas, las esposaban (sic) a la salida las sacaban en camionetas y las peladas ilusionadas porque les daban plata, regalos, ropas, ellos las buscaban, (…). La rectora [del colegio], era Lucila Inés Gutiérrez de Moreno y ella era cómplice de lo que pasaba, ellos es decir el marido y ella les dieron cabida, es decir les dieron la casa, los dejaban estudiar en el colegio”. (Ver Anexo 2)
De acuerdo con las denuncias de las víctimas, los vínculos entablados entre Lucila Gutiérrez de Moreno y algunos comandantes del Frente Comunero Cacique Guanentá llegaron hasta el punto en que los paramilitares podían ingresar libremente al colegio y abusar de las estudiantes.
Frente a esto, el despacho de la Fiscalía Segunda Especializada de la Dirección Nacional de Análisis y Contexto conoció algunos casos de abuso sexual cometidos específicamente contra las jóvenes Blanca Yazmín Pinzón, Rosa Isabel Niño Pinzón y Nolba Rubiela Castro.
Según el acervo probatorio en esos casos, la entonces rectora de la institución educativa, realizaba bazares y otras celebraciones para mostrar a las jóvenes e, incluso, organizó lo que se llamó "El Reinado de los Paracos”, para premiar a la más linda del momento. Y al más perverso, porque la ganadora era abusada por uno de los cabecillas paramilitares de la región, el señor Carlos Alberto Almario Penagos, alias Víctor. (Ver Anexo 3)
La directora organizaba los encuentros con los comandantes, en los que los menores serían abusados, recomendado cuándo debían venir las niñas arregladas y perfumadas, o los niños bañados, escondiendo los hechos ante sus padres y coadyuvado a un infierno que duró muchos años y acabó con la inocencia y la ingenuidad de muchas vidas. Verdadero concierto para delinquir, y para herir.
La evidencia demuestra que los señores Moreno prestaban además las instalaciones de sus propiedades con el fin de hospedar, dar alimentación y brindar un espacio de esparcimiento a los miembros del Frente Comunero Cacique Guanentá.
Esta información fue ratificada por el comandante político del Bloque Central Bolívar, Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, quien en diligencia de versión libre manifestó que los esposos Moreno lo atendieron en su casa, ya que mantenían una relación fraternal con alias Víctor. Fuera de eso, que el respaldo que le prestaban al Fccg, era fundamental.
“(…), Sí me parecía una relación muy fraternal, entre ellos que eran como líderes de ese caserío y la organización. Cuando visité Riachuelo la recepción fue en la casa de ellos, inclusive me llevaron un grupo musical, y vi que ellos eran una pareja cuyo respaldo era muy importante para el grupo que estaba operando allá. De hecho, no pienso que alias Víctor me hubiera llevado donde una familia con la que no tuviera tanta cercanía, era mi vida en manos de ellos. De modo pues que haber estado yo en esa casa, compartiendo y gozando de unas atenciones excepcionales, indica que había una gran familiaridad entre uno y otros. No sé hasta qué grado sería el respaldo, pero el entendimiento era pleno”. Y asqueroso.
La sentencia de Justicia y Paz también indica que el colegio fue usado como fosa común de desaparición por parte de los paramilitares. “Libardo Díaz Díaz fue un campesino desaparecido el 22 de junio de 2001 en el corregimiento de Riachuelo, por orden del paramilitar Carlos Alberto Almario. La víctima fue amarrada de pies y manos y obligada a transportarse con los paramilitares hasta llegar a un cafetal ubicado detrás del colegio Nuestra Señora del Rosario. Allí, fue interrogado por Carlos Almario y asesinado con arma de fuego. Su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar”. (Ver Anexo 4)
Al día siguiente, alumnos del colegio descubrieron una mano del cuerpo que estaba desenterrada y dieron aviso a la directora del centro educativo, quien informó a su marido, el entonces concejal de Charalá, y al comandante alias Pedro Botella. Este último ordenó a José Hilario Higuera y a alias Alex, desaparecer la evidencia, razón por la cual los paramilitares desenterraron el cuerpo, lo desmembraron y lanzaron al río parte por parte. Todo en frente de los niños.
El exconcejal Moreno paga cárcel por estos hechos, no antes sin haber declarado que todo esto era mentira y que “las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto (...). Los violados eran los paracos, no las niñas”. Por su parte, la exrectora del colegio de Nuestra Señora del Rosario gozaba de su libertad hasta la semana pasada, ya que la justicia tuvo una pequeña demora de siete años en el proceso en su contra.
La señora Gutiérrez de Moreno fue detenida en 2017 por estos hechos, pero al poco tiempo quedó en libertad. La historia es tan increíble que, aunque dos jefes paramilitares confesaron sus delitos y pidieron perdón por sus crímenes sexuales en Charalá, en los que involucraron a la señora Gutiérrez de Moreno con nombre propio, el juez permitió el regreso a la libertad de esta malnacida.
Ahora bien, la semana pasada un juez penal especializado de Bucaramanga emitió la condena a 20 años y 9 meses de prisión por los delitos de secuestro simple agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual y desplazamiento forzado.
En la sentencia también fue incluido el señor José William Parra Arroyave, quien trabajó con la exrectora entre 2001 y 2003. Este último, como auxiliador y orientador político del Fccg, que ayudó a reclutar las estudiantes del colegio para que los cabecillas abusaran sexualmente de ellas. Este despreciable fue condenado a 24 años y 2 meses de prisión por los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas, acceso carnal violento en persona protegida y reclutamiento forzado.
El director especializado contra la Corrupción, Eduar Alirio Calderón, estableció que estas personas “engañaron a 23 adolescentes y los entregaron al grupo armado ilegal. Uno de los jóvenes fue abusado sexualmente y en múltiples oportunidades por los cabecillas paramilitares”.
Pero los hechos que rodean esta pesadilla involucran a mucho más de 23 adolescentes. Esos fueron los casos donde existió denuncia o se pudo comprobar el delito. Los otros duermen el molesto sueño de la impunidad. Lo que queda claro con este caso de Riachuelo, es que constituye un ejemplo característico de las alianzas que se dieron entre paramilitares y terceros civiles con un estatus o posiciones socioeconómicas relevantes.
Por eso la señora Gutiérrez de Moreno nos recuerda el caso de la condesa Elizabeth Báthory, también conocida como la Condesa Sangrienta, una mujer noble del siglo XVI en lo que hoy es Eslovaquia, condenada de por vida a arresto domiciliario tras ser acusada de abuso sexual e incluso asesinato de decenas de niñas campesinas en su castillo de Csejte.
Muchos historiadores dudan de la veracidad de las acusaciones, pues los más de 300 testimonios fueron obtenidos bajo tortura, como era usual en la época. En cambio, nuestra Rectora Sangrienta de Charalá, no goza de esos atenuantes. Su defensa, por cuenta del exconcejal que llama marido, es que los violadores fueron los menores y los paras las víctimas.
Por eso es importante que, aunque siete años más tarde, se esté haciendo justicia con la señora Lucila Inés Gutiérrez de Moreno y pueda pasar sus últimos años de vida en una prisión recordando a todas sus víctimas. Esa tiene que ser su versión del infierno. Habrá otros que dirán que se merece uno mucho peor.
@yohirakerman; [email protected]
