Muchos de los que votaron por el presidente Gustavo Petro no lo hicieron necesariamente para que acabara con el sistema de salud actual, ni para que tramitara una reforma laboral que podría dejar a más trabajadores sin empleo y tampoco para que obligara a los colombianos a cotizar su pensión en el sistema público, aumentando además el pasivo pensional, como lo han advertido diferentes centros de pensamiento. El mandato popular que eligió el actual presidente lo hizo, sobre todo, para que en Colombia los mismos de siempre dejaran de cooptar el Estado y sus rentas, para que el poder se renovara y lo público estuviera por fin al servicio del pueblo.
Los colombianos votaron por su actual presidente con la ilusión de que en sus regiones las oportunidades llegarían para quienes de verdad las necesitan. Sin embargo, ad portas de las elecciones locales, y después de transcurridos meses del actual Gobierno, todo parece indicar que las viejas y enquistadas prácticas de delegación entre la nueva “élite” nacional y los clanes regionales, que son nuestro verdadero cáncer, permanecerán, traicionando a los muchos que realmente creyeron en que algo iba a cambiar.
Para que Colombia de verdad se desarrolle y genere oportunidades para toda la población se requiere que el Estado construya vías, puestos de salud, hospitales, colegios y un sinnúmero de obras y programas sociales en todo el territorio nacional. Lo anterior solo puede ser posible si se permite una distribución equitativa y justa del presupuesto nacional, manejado desde Bogotá, y una redistribución desde las regiones que generan altos ingresos, como Antioquia y el Valle del Cauca, a otras que no tanto, como La Guajira y Chocó. No obstante, esto está atravesado por el sistema de representación política y los mecanismos, muchos ilegales, que han inventado los clanes regionales para quedarse con el poder y enriquecerse a costa de todas y todos.
Tradicionalmente, en Colombia ha existido un tipo de pacto implícito entre los clanes políticos locales y las élites que tienen o pueden tener asiento en la Casa de Nariño. Los clanes ponen los votos de sus regiones, por medio de las maquinarias clientelistas que existen hace décadas, para las elecciones nacionales y el ejecutivo avala, entrega cuotas burocráticas y delega el manejo y la vigilancia de los recursos que envía a las regiones. Es un verdadero gana-gana para los políticos y una tragedia para la sociedad colombiana, pues dichos recursos (nacionales y regionales) suelen terminar desperdiciados en hechos de corrupción.
Algunos dirán que es un asunto de gobernabilidad, lo cierto es que es el peor de nuestros males y explica en buena parte por qué las diferencias entre regiones siguen siendo tan abismales.
Desde las elecciones de 2019, el panorama parecía estar cambiando. Lo anterior alcanzó a entusiasmar a muchos colombianos pues varios alternativos llegaron a las alcaldías de las ciudades capitales, incluyendo las tres principales del país, pero además los clanes políticos tradicionales perdieron también Villavicencio, Cúcuta y Cartagena. También, en 2022 las elecciones del Congreso las ganaron mayoritariamente el Pacto Histórico y los Verdes, y la presidencia, por primera vez, se la llevó la izquierda.
Sin embargo, hoy se están dando cuenta de que la tal “renovación” en realidad fue una trampa encubierta en unas supuestas coaliciones. Rápidamente los clanes políticos al avizorar su posible declive se adaptaron al ilusorio “cambio”. Un ejemplo es el caso del gobernador actual de Córdoba, Orlando Benítez, que fue el candidato en 2019 de Gustavo Petro, y que en 2022 apoyó, junto al muy cuestionado clan Calle, a su prima Leonor María Palencia para aspirar a la curul de víctimas de este territorio. A pesar de las denuncias por posible compra de votos y por tener alianzas con todos los partidos tradicionales, incluyendo parapolíticos, Palencia se quedó con la curul gracias a la ayuda de un gobernador puesto por la Colombia Humana del presidente Petro.
Hay que recordar que el clan Calle, dueño y señor del sur de Córdoba, no solo ha mandado durante varios años en una de las regiones más violentas, pobres y con mayores vínculos probados entre grupos ilegales y la clase política del país, sino que además está fuertemente cuestionado por escándalos de corrupción. En últimas, esta y otras regiones de Colombia no avanzan en el desarrollo, a pesar de todos los recursos invertidos allí, justamente por esta captura de poder.
Esta tendencia se vio mucho más clara durante las elecciones a la presidencia, en las que Petro, afanado por ganar, aceptó en su campaña a muchos personajes cuestionados como Mario Fernández Alcocer, Julián Bedoya, Carlos Trujillo y hasta se mencionó el apoyo del condenado por parapolítica Ramiro Suárez Corzo. Además, las cuotas burocráticas, una vez ganaron, tampoco se hicieron esperar. Por ejemplo, Gabriel Calle, hermano del representante Andrés Calle, fue nombrado en el Ministerio del Interior, mientras Guillermo Reyes, cercano a los clanes del Cesar, fue designado ministro de Transporte.
Ahora, el escenario para las elecciones locales parece ponerse aún más oscuro. El Pacto Histórico no tiene muchos candidatos propios fuertes para estas elecciones y todo parece indicar que se alista a hacer alianza con los mismos clanes que han manejado las regiones por años, especialmente en la costa Caribe.
En Córdoba, el Pacto se debate aún las candidaturas, aunque es posible que uno de los ungidos sea justamente el funcionario de Petro y miembro del clan Calle, Gabriel Calle. Que podría también ser apoyado por el clan Besaile, que estuvo en la coalición que eligió, con el apoyo de Petro, al actual gobernador Orlando Benítez. Cabe recordar que hace unos meses el país descubrió la relación cercana que tiene Nicolás Petro con el hijo de Musa Besaile.
En Antioquia, parece que no será distinto, pues el candidato del presidente Petro a la gobernación es el exsenador liberal Julián Bedoya, cuestionado por haber obtenido su título de abogado de forma fraudulenta y por constreñimiento al elector, apoyado además también por el aliado del Gobierno nacional, el senador del Partido Conservador Carlos Trujillo, denunciado por presuntamente haber incurrido en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, peculado y falsedad ideológica en documento público.
Atlántico es otra de esas regiones en las que el Pacto Histórico ha hecho mucho ruido en contra del cuestionado clan Char, pero por debajo de la mesa todo parece ser diferente. Los Char tienen una estrategia ante el Pacto Histórico que consistiría en llevar a cabo un pacto de no agresión en el que el clan apoye a un candidato “alternativo” a la Gobernación del Atlántico que sea cercano a ellos, es decir, que genere confianza en ambos sectores políticos para que el Pacto Histórico les permita quedarse nuevamente con la Alcaldía de Barranquilla. Según la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), “este pacto no significa que ambos sectores no presenten candidatos para cada cargo, sino que representa el compromiso de no presentar candidatos que representen una verdadera competencia electoral”.
Mejor dicho, el ambiente electoral actual no es más que una traición a todos los colombianos que votaron por el presidente Petro y por el Pacto Histórico para que en Colombia la renovación y el cambio llegaran de verdad a sus regiones. Lo que parece no entender muy bien el presidente Petro es que estas alianzas terminarán por afectar su proyecto político, pues si algo no perdona el voto de opinión es la deslealtad.
Más vale que el actual Gobierno entienda, sobre todo ahora que peligrosamente está negociando sus reformas intransigentes de manera personal y por fuera de los partidos políticos con congresistas codiciosos e insaciables, que como bien lo expuso Charles Darwin: “No es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios”. Y si algo ha demostrado la política tradicional colombiana es su espectacular y camaleónica capacidad de resiliencia con el propósito de que solo ellos se beneficien de nuestro eterno estancamiento.
