Basta revisar lo ocurrido en Arauca y Nariño en los primeros 15 días de septiembre, en medio del primer cese bilateral del fuego entre el Gobierno y el ELN, para concluir que los ceses del fuego son virtualmente imposibles en la paz total de hoy.
Que los disparos del ELN en esos dos departamentos en las últimas dos semanas no estuvieran dirigidos a miembros de las Fuerzas Militares sino a defenderse de disidencias de las Farc, no viola el cese bilateral del fuego pactado con el Gobierno, pero evidencia que este no está cumpliendo una meta fundamental: disminuir la violencia.
Los nueve muertos confirmados en Arauca a comienzos de septiembre por enfrentamientos entre esa guerrilla y las disidencias de las Farc autodenominadas Estado Mayor Central muestran, de manera contundente, que el silencio de los fusiles no puede garantizarse hoy ni siquiera con el ELN, el grupo armado con el que más avanzados están los siete diálogos o acercamientos emprendidos con igual número de organizaciones por el gobierno de Gustavo Petro.
Lo más preocupante es que los enfrentamientos han trascendido a los grupos armados y han extendido sus daños a poblaciones civiles.
Apenas el pasado fin de semana, al menos 2.800 familias tuvieron que desplazarse o confinarse en los municipios nariñenses de Samaniego y Santacruz por los enfrentamientos entre esa guerrilla y disidencias de las Farc, según reportes de la Defensoría del Pueblo.
Ya había ocurrido algo parecido el 19 de agosto con habitantes de nueve veredas de Suárez y Morales (Cauca), que quedaron en medio de combates, según denunció entonces la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin).
Es otra prueba de que el esperado impacto del cese bilateral con el ELN -pactado para seis meses- en la reducción de la violencia sigue en el limbo.
Nadie con algo de sensatez pretendería que los resultados de la llamada paz total se vean de un día para otro, pero los más recientes enfrentamientos en Arauca y Nariño nos ponen de cara a una difícil realidad: bajar la violencia está todavía muy lejos del alcance de los actuales diálogos y acercamientos que encabeza la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Y esa realidad aplica para buena parte del país, porque en una extensión importante del territorio colombiano hay presencia de grupos armados que tienen disputas entre sí. Esas disputas son una trampa para cualquier cese bilateral del fuego que pacte el Gobierno.
Solo en las últimas semanas, la Defensoría del Pueblo ha reportado enfrentamientos en el Valle, entre el ELN y el Estado Mayor Central; en el Caquetá, entre el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia; en La Guajira, entre las llamadas autodefensas de la Sierra Nevada y el Clan del Golfo -que se presentan como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-, y en el Chocó, entre el ELN y el Clan del Golfo. Como si fuera poco, el pasado sábado, el Estado Mayor Central mató a cuatro militares en Nariño.
El 31 de diciembre de 2022, el presidente Petro anunció ceses bilaterales del fuego con todos esos grupos por un periodo de seis meses, a partir del primero de enero de este año. Pero esa especie de regalo de Año Nuevo que el presidente le quiso dar al país nunca se concretó.
La paz total, como política de Estado, está resultando mucho más compleja de lo que el mismo Gobierno pensaba en un principio. Esto exige un replanteamiento urgente de la estrategia, para que al menos sea viable el objetivo de disminuir la violencia y, lo más importante, su impacto sobre la población civil.
