Después de múltiples protestas y exigencias ciudadanas, en 2009 comenzó la pavimentación de las dos carreteras que comunican al Chocó con el resto del país, la vía Medellín-Quibdó y la vía Ánimas-Pereira. Estas obras han tenido múltiples retrasos e incumplimientos de los contratistas, entre quienes se encuentras la familia Solarte, vinculada al escándalo de corrupción de Odebrecht. El Gobierno de Álvaro Uribe Otorgó contratos por 138.957 millones en 2009, luego el gobierno de Juan Manuel Santos entregó 511.912 millones en 2012, 73.197 millones en 2015, 80.735 millones en 2016 y 720.000 millones destinados en 2017 a la culminación de las obras que todavía no terminan.
Este texto de La cola de rata publicado hace más de dos años sigue vigente, la única diferencia es que, durante este tiempo, se han sumado más muertos a la trágica cuenta que llevamos en las ya conocidas como carreteras de la muerte.
Se estima que lo que le resta a la vía Medellín-Quibdó son unos 12 kilómetros distribuidos en riesgosos tramos a lo largo del trayecto, y que estaría lista en un año, producto de un nuevo proceso que está en licitación. En cuanto a la vía Ánimas-Pereira sí se concluyeron las obras en el Chocó, pero resta un tramo entre Santa Cecilia y Pueblo Rico, que es territorio de Risaralda y está en construcción.
Todas las contrataciones asociadas a ambas carreteras en estos catorce años han estado a cargo del gobierno nacional, de modo que la evidente corrupción, tal como lo dice un entrevistado en la nota de La cola de rata, ha venido del nivel central. A pesar de esto, muchos siguen repitiendo sin conocimiento y a raíz del estereotipo establecido, que no tenemos carreteras óptimas porque la corrupción de los políticos chocoanos lo impide. Lo que jamás salen a contradecir los responsables de la ejecución, porque les ha servido perfectamente para encubrir los malos manejos y la ineficiencia alrededor de unas obras que solo son noticia nacional cuando hay un nuevo accidente con víctimas mortales.
Para los chocoanos, sin embargo, estas carreteras son noticia semana tras semana, porque además de los problemas de infraestructura y los aspectos climáticos que provocan derrumbes y obligan a cierres frecuentes, el bloqueo de las carreteras se ha convertido en la vía de hecho que usan regularmente comunidades afro e indígenas, para exigir el respeto de derechos tan básicos como el pago del salario de los docentes del Sistema de Educación Indígena o servicios médicos en municipios como Tadó o Atrato.
No podríamos dejar de sumarle a esto los paros armados que establecen los distintos grupos que operan en el departamento.
Esta suma de factores nos expone a una constante incomunicación, que deriva en desabastecimiento de víveres, combustibles e insumos hospitalarios, entre muchos otros. Lo que impacta directamente el costo de vida y ha profundizado un problema de racismo especialmente hacia las comunidades embera que habitan la vía a Medellín.
Hemos escuchado comentarios despreciables, incluso de parte de reconocidos comerciantes de Quibdó, incapaces de reconocer que, si bien es cierta la afección regular de las operaciones y la vida cotidiana, las comunidades recurren al cierre porque no tienen otra herramienta de presión y sufren los incumplimientos constantes de los acuerdos establecidos.
Las muertes resultantes por el mal estado de las vías, las de los pacientes que no son atendidos y las de los indígenas, asociadas a la precarización de sus condiciones vitales como las de desnutrición y paludismo, son muertes producidas por el racismo estructural. Un estado que no se ha ocupado de garantizar los derechos a una extensa fracción de su territorio, exclusivamente por estar habitada por pueblos originarios y afrocolombianos a quienes no les confieren importancia.
Las afirmaciones hacia los indígenas que protestan, y las que nos señalan de corruptos por obras en las que no tenemos participación, son una forma de racismo interpersonal y cotidiano en la que se culpa a personas racializadas desconociendo su condición de víctimas.
Ojalá dentro de un año celebremos la conclusión de las pavimentaciones, y ojalá las nuevas administraciones se anticipen a conversar con las comunidades afros e indígenas, para evitar que en nombre de justos reclamos, sigan bloqueando nuestras dos únicas carreteras nacionales.
