Los límites que la Corte Constitucional acaba de trazarle a la llamada Paz Total del Gobierno Nacional, permitirán saber, por fin, cuál será el verdadero alcance de ese ambicioso proyecto del presidente Gustavo Petro.
Porque una cosa es lo que produce la convocatoria a diálogos a grupos armados de distinta índole sin poner líneas rojas, como venía ocurriendo con el comisionado de Paz Danilo Rueda, y otra muy distinta es lo que resulta de hacer un llamado a la paz cuando se dejan claros los límites que no se pueden cruzar.
En el primer caso, como de hecho pasó, todos los grupos ilegales se apuntaron al diálogo con la aspiración de negociar bajo sus propias condiciones. En cambio, en el segundo caso, es decir con los límites que ha puesto la Corte, las organizaciones armadas saben a qué atenerse y se ven obligadas a definir desde el comienzo si están dispuestas a respetarlos.
Por ejemplo, el hecho de que la Corte Constitucional haya dicho que no es el Gobierno sino el Congreso el que, mediante una ley, establece los términos del sometimiento a la justicia de grupos con naturaleza netamente criminal, como el ‘Clan del Golfo’, evita que estos pongan contra la pared a los negociadores oficiales con requisitos que solo favorecen a las organizaciones ilegales.
Precisamente, con la pretensión de recibir tratamiento de grupo político -característica que nunca ha tenido-, y en una evidente presión al Gobierno, el ‘Clan del Golfo’ rechazó en abril pasado los beneficios que le habían ofrecido para que se sometiera a la justicia y desmantelara sus redes criminales y de narcotráfico. Con el fallo de la Corte será difícil siquiera, hacia adelante, que sus integrantes obtengan el privilegio de conservar el 6 por ciento de sus fortunas, como lo había considerado inicialmente el Gobierno.
También, al establecer que la suspensión de órdenes de captura a voceros de grupos ilegales que están en diálogos solo es posible si estos “han dado muestras objetivas de desmantelamiento y de transitar a un Estado de derecho”, la Corte exige que antes de aspirar a cualquier beneficio, las organizaciones armadas demuestren, con hechos, su voluntad de paz.
Los jueces podrán negar el levantamiento de órdenes de captura, si no hay pruebas de esa voluntad.
Finalmente, al manifestar que “la búsqueda de la pacificación del país no excluye la obligación del Estado de proteger la vida y la seguridad de todas las personas”, el alto tribunal deja claro que mientras no haya acuerdo de paz, habrá persecución al grupo armado que dialoga.
Estos tres necesarios límites que le puso la Corte Constitucional a la Paz Total del Gobierno funcionan también como necesarias líneas rojas para los grupos armados ilegales, sin las cuales nunca debió haber comenzado ninguno de los acercamientos. De hecho, a esa carencia de límites podría atribuirse la ausencia de avances con todos ellos.
El fallo de la Corte le pone orden a la hasta ahora muy desordenada Paz Total del gobierno Petro, pero también debería depurarla. Con límites claros a los grupos armados sabremos cuáles quieren finalizar conflicto y abandonar la delincuencia, y a cuáles habrá que darles tratamiento exclusivamente militar.
Todo lo que venía ocurriendo en la Paz Total se parecía más al caótico proceso de paz del Caguán con las Farc, en el cual el gobierno de Andrés Pastrana no tuvo agenda y fue al vaivén de los 100 puntos establecidos por el entonces grupo guerrillero. Esa fue una de las fallas estructurales de esos fracasados diálogos.
En cambio, el proceso de paz que sí puso fin a las Farc, el del gobierno de Juan Manuel Santos, trazó desde el comienzo las líneas rojas y tuvo agenda concreta.
Por último, el fallo de la Corte Constitucional es un contundente mensaje al Eln para que ponga fin a su ambigüedad sobre el secuestro, pues el alto tribunal establece beneficios para las organizaciones armadas que dan pasos ciertos, no solo hacia el fin de la ilegalidad, sino también en el respeto a los civiles, que nunca deben ser involucrados en las hostilidades.
