La operación de encubrimiento que se viene desarrollando en la Fiscalía para proteger a los funcionarios de la entidad acusados de hacer parte de estructuras de narcotráfico, que además son cercanos y protegidos por la hoy vicefiscal Martha Janeth Mancera, incluye la muerte de uno de los funcionarios que investigó estos vínculos hace cuatro años.
Me explico.
A mediados del año 2018 se inició una investigación que involucraba a tres narcotraficantes reconocidos en el Valle: Eduard Fernando Giraldo, alias Boliqueso; Carlos José Robayo, alias Guacamayo y Jair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino. Para ese momento, la vicefiscal Martha Mancera ya había ascendido de la dirección de Fiscalías en el Valle y se había convertido en la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la entidad.
Durante esa investigación, el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali, empezó a encontrar vínculos de agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali, con esas estructuras de tráfico de estupefacientes, compraventa ilegal de armas y otras actividades criminales. Su nombre era Alcibíades Libreros Varela, conocido internamente por sus colegas como el “fiscal antimafia” por su implacable mano ante los narcos.
Mientras Libreros empezó a avanzar en la investigación que demostraba esas relaciones que no le convenían a miembros de la entidad en el Valle del Cauca, y menos a las estructuras de narcotráfico controladas por esas personas, fue víctima de un lamentable hurto que acabó con su vida.
A la 1:13 p.m. del 29 de diciembre de 2019, a plena luz del día, el fiscal especializado de crimen organizado recibió un disparo en la cabeza. El tiro fue justo en el momento en que se encontraba en su vehículo, esperando el cambio de un semáforo. Acababa de salir de una cafetería donde lo estaban vigilando.
Las imágenes provenientes de cámaras de seguridad muestran a un hombre que corre hacia la ventana del pasajero, le dispara al fiscal Libreros de 58 años, y huye de la escena en el asiento trasero de una motocicleta, en la calle 5 con carrera 66, en el barrio El Limonar, en el sur de Cali.
En la mañana siguiente, miembros de la Policía hallaron el arma con la que se habría cometido el homicidio y procedieron a realizar las pruebas de dactiloscopia necesarias para dar con el responsable del crimen. Todos estaban seguros de que el asesinato del fiscal antimafia estaba relacionado con el avance de las investigaciones que tenía a su cargo.
Incluso, la hermana del fiscal, Carmenza Libreros, denunció que a su hermano le habían quitado el esquema de protección hacía un año, a pesar de que ejercía una labor de alto riesgo. Según ella, Libreros estaba pidiendo desde hace varios meses que le volvieran a asignar un esquema de seguridad por causa de las investigaciones que estaba haciendo en Cali, Buenaventura y otras ciudades del Valle del Cauca.
Para la investigación del asesinato de Libreros fue encargado el fiscal 47 seccional en Cali, Jorge Iván Ríos García, quien estaba de descanso en Pereira, y según fuentes consultadas, fue visitado por Mancera para tener directrices del manejo del caso. Pues bien, en dos semanas, Ríos resolvió el misterio, demostrando que ese crimen tan elaborado, se trató de un simple hurto por una cadena de oro que tenía puesta el fiscal antimafia.
Por esa investigación tan rápida, el 18 de febrero de 2020, menos de mes y medio después del asesinato, se logró una sentencia donde fueron condenados Edison Fajardo Angulo, supuesto cabecilla de una banda de asaltantes de joyas; y Álvaro Preciado Quiñones, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibiendo 27 años de cárcel cada uno.
Pero dos detalles llaman la atención. El primero es que, según su familia, el fiscal antimafia nunca tuvo un objeto de valor, como una cadena de oro. Lo que tenía puesto era un escapulario de acero. Y el segundo, es que la Procuraduría expresó fuertes dudas con respecto a la investigación y a la forma en la que se esclareció el asesinato del fiscal Libreros.
Vamos a eso. La procuradora judicial II, doctora Martha Inés Restrepo Saavedra, dejó claro en las audiencias dichas inconsistencias y su desacuerdo con que se determinara que el caso había sido resuelto, en tan corto tiempo, sin establecer realmente que los motivos para asesinar al fiscal Libreros fueran otros más oscuros.
El Ministerio Público realizó un análisis juicioso sobre los elementos presentados en ese caso y expresó inconsistencias de la investigación de la Fiscalía, que concluyó que se trataba de un hurto cometido por ladrones inexpertos. A la Procuraduría esto le parecía un asesinato realizado por sicarios muy versados.
Según esa entidad, para los que han trabajado en investigaciones de bandas criminales especializadas en el hurto de joyas y elementos de valor, es claro que los criminales poco se equivocan sobre quién lleva objetos costosos, como relojes originales o cadenas de oro, para ser hurtados. No era el caso del fiscal antimafia.
Como se observó en los videos que presentó la Fiscalía para las audiencias de capturas e imputaciones, los asesinos estaban haciendo un cuidadoso seguimiento a la víctima. Por eso se sentaron junto a él en la cafetería, para posteriormente asesinarlo en su vehículo. Es decir, tuvieron todo el tiempo y posibilidad de establecer si el fiscal Libreros llevaba consigo algún elemento de valor, como una cadena de oro, o un escapulario de acero, como asegura su familia.
Para algunos fiscales conocedores de esa investigación que hablaron off the record con esta columna, y que corroboraron lo establecido por la Procuraduría, la modalidad que usaron los ladrones no era una característica de atracadores, sino de sicarios.
En especial con los antecedentes del caso, pues el fiscal había solicitado protección, estaba investigando organizaciones criminales de alto valor y, lastimosamente, indicios de vínculos de servidores de la Fiscalía con esas estructuras de drogas.
Por eso volvamos a quien hizo la rápida y eficaz investigación. El señor Jorge Iván Ríos García es, nada más ni nada menos, que una de las personas que terminó acusada como un narcofiscal un año después. En marzo de 2021 fue sentenciado por recibir un soborno de 190 millones de pesos de un capo del Cartel del Norte del Valle. Cuando el Ríos suena, coimas lleva.
Así como se oye. El fiscal que realizó la investigación del asesinato del fiscal que estaba investigando los vínculos de la Fiscalía con los narcotraficantes, que concluyó rápidamente que fue un hurto y no un asesinato, fue posteriormente investigado y encontrado culpable de ser vínculo de la Fiscalía con los narcos. La ironía se evidencia sola.
Como lo publicó el periodista Daniel Coronell el 7 de febrero de 2021, el narco del Cartel del Norte del Valle, alias Mueble Fino, tenía en el bolsillo a tres fiscales de Cali, con el objetivo de proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios acusados eran Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 seccional en Cali.
Todos amigos cercanos y excompañeros de Martha Mancera y, todos, terminaron presos, para después quedar en libertad. Vamos por partes como la vicefiscal protegiendo a sus amigotes con problemitas judiciales.
El 24 de febrero de 2022, la Corte Suprema de Justicia dejó en libertad por vencimiento de términos al fiscal Jorge Iván Ríos. ¿La razón? El Alto Tribunal duró más de160 días resolviendo un recurso de apelación con el que la defensa del procesado buscaba tumbar las pruebas en su contra.
Para ese momento habían transcurrido 245 días desde que fue radicado el escrito de acusación y no había iniciado el juicio formal en contra del fiscal Ríos, por cuenta de los retrasos de la Corte Suprema de Justicia. Negligencia suprema.
Poco tiempo después, el 18 de abril de 2022, la jueza 20 de Conocimiento de Cali dejó en la libertad a los fiscales especializados Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, también acusados de ser parte de la red judicial al servicio de los narcos y las bandas criminales.
La jueza, en la audiencia, afirmó que la Fiscalía no le envió la totalidad del expediente, pese a que estuvo durante diez meses en ese despacho judicial y en varias ocasiones se le hicieron requerimientos al ente acusador para que entregara los soportes y así poder hacer la respectiva revisión. Qué coincidencia, la misma entidad manejada por la amigota de los imputados.
A pesar de que sí existen las pruebas, porque se mostraron en la audiencia de imputación, la Fiscalía de manera inexplicable le envió a la jueza informes de policía judicial sin firmas ni huellas. También enviaron transcripciones de interrogatorios en formato Word sin rotulado de la Fiscalía y sin los respectivos videos o audios que deben acompañar esas versiones. Incluso, las declaraciones de los testigos principales de este caso las enviaron sin soporte. Eso sin hablar de la docena de evidencias que se perdieron en el traslado del expediente de Cali a Bogotá. Como diciendo: señora jueza, es que el perro se comió mi expediente.
Pero el pasado 3 de diciembre, la Revista Raya reveló varias de las pruebas que se le perdieron a la Fiscalía en ese proceso contra los llamados narcofiscales, que incluyen, incluso, comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juradas, develando un entramado de corrupción y crimen en el que los narcos quedaron libres y los fiscales llenos de dinero.
Por ejemplo, el propio narcofiscal Aguirre dejó por escrito que la decisión de poner en libertad a una persona capturada, con plena prueba, transportando insumos para la producción de cocaína, fue tomada en consenso con Mancera, en ese entonces fiscal coordinadora de la Unidad Especializada y hoy vicefiscal. Grave.
En especial porque la fiscal Ana Victoria Nieto sigue siendo fiscal en Cali y el señor Iván Aguirre disfruta de una sana jubilación. Pese a que ambos están siendo investigados por soborno en actuación penal, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por omisión.
Y así, de los mismos productores de cerrando rápidamente la investigación del crimen del fiscal antimafia Libreros, diciendo que fue un hurto y no un asesinato, viene, el pasado 5 de diciembre, el archivo a las malas de la denuncia en contra de la vicefiscal Mancera, acusada de haber beneficiado a los narcofiscales que eran señalados de tener nexos con las mafias del Norte del Valle.
La Fiscalía señaló que luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y recopilar testimonios, no encontró material de prueba o elementos serios, por lo que resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva por parte de la vicefiscal Martha Janeth Mancera. Imposible, como cuando la Fiscalía dijo que al fiscal Libreros lo mataron por robarle una cadena de oro, que nunca tuvo.
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