El fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, está mintiendo burdamente sobre otras cifras importantes de gestión, esta vez sobre la cantidad y el valor de los bienes incautados por la entidad con fines de extinción de dominio a las organizaciones criminales asociadas a la corrupción, el contrabando y el narcotráfico.
Vamos por partes, como el fiscal Barbosa abultando todos los números de resultados para inflar su vanidad. Y su ególatra ilusión de hacer y seguir en campaña política.
Con la facilidad de quien va soltando dígitos exagerados, cada vez más elevados y sin ninguna documentación, estudio, peritazgo o avalúo que los sustente, el fiscal Barbosa, el 12 de octubre de 2022, dijo en un documento oficial que en su administración se habían incautado 21.772 bienes, cuyo valor se estimaba en 25,7 billones de pesos.
Diez meses después, el 17 de agosto de 2023, ante el congreso empresarial de la Andi, expresó en un discurso que esa cifra se trataba de 7.000 millones de dólares, es decir, casi 28 billones de pesos. Dijo esto seguido de una pausa profunda, viendo al horizonte, para ganar los aplausos de una audiencia incauta.
Tres meses pasaron. Solo tres meses. Y en una entrevista con el diario El Tiempo, el 29 de noviembre 2023, Barbosa dijo que la Fiscalía General de la Nación (FGN) le había entregado 29 billones de pesos en bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), de los cuales 21 billones eran incautados al narcotráfico.
Menos de un mes después, el 21 diciembre de 2023, la Fiscalía de Barbosa dijo que la entidad había puesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes evaluados en 30 billones de pesos. El mensaje lo remató la entidad diciendo que era la mayor cuantía en la historia de la Fiscalía. Lo cual sería verdad, si la cifra fuera cierta.
El pasado 2 de enero, la misma entidad estableció en un comunicado publicado en su cuenta de X, antes Twitter, que: “Las acciones definidas en la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para impactar el patrimonio del narcotráfico, la criminalidad organizada y la delincuencia han sido determinantes para identificar y afectar 31.075 propiedades, que habrían sido adquiridas con dineros ilícitos o fueron utilizadas para ejecutar distintas conductas delictivas”.
El posteo de la Fiscalía menciona al fiscal Barbosa como la persona que diseña hasta el más mínimo detalle de las estrategias de la entidad. Como es costumbre en todas las recientes publicaciones del ente investigativo, elogian y mencionan a Francisco Barbosa para alimentarle su pomposa pedantería.
“Gracias al fiscal Barbosa”, “por cuenta del fiscal Barbosa”, “estrategia dispuesta por el fiscal Barbosa”, “idea del fiscal Barbosa”, “como lo ordenó el señor fiscal Barbosa”, “como lo advirtió el fiscal general Barbosa”, “decisión ideada por el doctor Francisco Barbosa” y el mejor “el excelentísimo señor Fiscal General de la Nación, doctor Francisco Barbosa Delgado”.
Pues acá siguieron con esa orden narrativa diciendo: “el resultado es producto de la estrategia de priorización y las acciones investigativas realizadas durante el periodo del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado”. La publicación tiene adjunta una foto con datos de la Dirección Especializada de Extinción de Dominio que van desde el 12 de febrero de 2020, un día antes de la posesión de Barbosa, y hacen corte el 29 de noviembre de 2023.
Según esa comunicación oficial, la Fiscalía reitera que, en esa administración, el valor de los bienes a los que se les han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio es de 30 billones de pesos traducidos en: 31.075 propiedades; 7.962 predios urbanos y rurales ocupados; 927 establecimientos de comercio; 18.317 semovientes; 475 sociedades y 2.859 vehículos, embarcaciones y aeronaves.
El comunicado de la Fiscalía concluyó, además, que todos los bienes incautados fueron entregados a la SAE. Contundente. Pero los éxitos no pararon ahí. O las exageraciones.
El 11 de enero de este año, el fiscal Barbosa, como parte de una gira nacional que tiene sabor a campaña política pagada con recursos de los contribuyentes, se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Allí dio unas declaraciones en las que le informó que la Fiscalía, en su administración, le quitó 33 billones de pesos a la mafia. ¡Ya vamos en 33 billones de pesos!
Para que se hagan una idea, esa cifra es la misma del presupuesto de Bogotá para 2024. O un número mayor a la sumatoria de los recursos de Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y las cinco siguientes ciudades más grandes del país, todas juntas. O lo mismo que la industria del petróleo y gas, la más importante de la economía, le entrega a la nación para su presupuesto nacional. O lo que se estima en los cálculos más alegres que puede haber en el tesoro sumergido del Galeón San José. De pronto deberíamos mandar a Barbosa a buscar eso también.
Pero no nos hagamos tarugos, pos como Barbosa dice una cosa, el fiscal dice la otra. El 13 de enero, dos días después de las declaraciones en Medellín, el funcionario dio una entrevista con El País de Cali, en donde el autodenominado mejor fiscal de la historia, volvió a la famosa cifra de 30 billones de pesos. En dos días se nos refundieron tres billoncitos en bienes incautados a los narcos.
El 29 de enero repitió la misma cifra en una entrevista con El Tiempo, diciendo que la Fiscalía “desmanteló más de 2.000 organizaciones criminales”. Pero dos días después, el pasado 31 de enero, Barbosa sostuvo una reunión de trabajo con el fiscal federal del Distrito Sur de la Florida y en el resumen de esa jornada, dijo que se han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre 31.066 bienes, avaluados en más de 7.000 millones de dólares.
Es decir, volvió a la cifra que decía en agosto de 2023 de casi 28 billones de pesos. De pronto en Estados Unidos, o en inglés, al excelentísimo señor fiscal le da más temor exagerar o decir mentiras. No es claro. Pero lo definitivo es que, desde agosto hasta enero, en tan solo cinco meses, subió cinco billones de pesos la cifra que repetía de bienes incautados. Los mismos que se cayeron de un tajo en una frase que duró menos de 30 segundos.
Por eso dicen que más rápido cae un mentiroso que un cojo. Con el agravante de que la justicia de la Fiscalía cojea en muchos casos, y en otros nunca llega. En esto es importante aclarar que todas estas cifras, sea cual sea la real, no están sustentadas en avalúos, ni valoraciones empresariales realizadas por peritos expertos para cada uno de los tipos de activos. No.
Por eso vamos al principio para entender de dónde salen esos números. Según los datos oficiales provenientes de las cifras del empalme entre el gobierno del expresidente Iván Duque y el de Gustavo Petro, con corte al 31 de agosto de 2022, el inventario de la SAE indicaba que esa entidad administraba 24.441 bienes no sociales, 1.632 sociedades y establecimientos de comercio, y 5.069 medios de transporte, por un valor aproximado de 9,4 billones de pesos.
De acuerdo con esto, la Fiscalía de Francisco Barbosa habría incautado la bicoca de 20,5 billones de pesos entre septiembre de 2022 y noviembre de 2023. Como dijo Diomedes Díaz en una famosa entrevista con Ernesto McCausland: Yo no sé, Ernesto, no lo sé. Pero si lo supiera, te lo juro que sí.
Frente a estas cifras, la SAE, en respuesta a un derecho de petición de esta columna, estableció que ellos no cuentan con los datos reportados por la Fiscalía. “En consecuencia, las cifras reportadas por la Fiscalía General de la Nación no coindicen con aquellas reportadas por la S.A.E SAS, toda vez que, la cantidad de bienes indicada por la FGN contiene, aquellos activos a los que les han impuesto medidas cautelares y no a los recibidos materialmente por esta sociedad en el marco de las diligencias de secuestro”. Por esos las cifras no cuadran como lo muestran los datos oficiales. Tremendo detallito.
Entonces dirijámonos a la Fiscalía. En memorando radicado por esa institución, la delegada para las finanzas criminales, la doctora Luz Angela Bahamón, estableció que la diferencia que se configura entre lo reportado por la FGN y lo administrado por la SAE obedece a las siguientes razones, tomen nota:
“1. Algunos vehículos afectados tienen inscrita medida jurídica, pero no han sido secuestrados o materializados. 2. A una cantidad significativa de semovientes, se les inscribe la medida cautelar ante el ICA pero, al momento de secuestrarlos no se ubican en el lugar donde se reportaron. 3. A la hora de materializar las medidas de afectación, algunas sociedades y establecimientos de comercio no se encuentran en funcionamiento. 4. Resulta imposible materializar las medidas sobre algunos inmuebles urbanos y rurales, dadas las complejas situaciones de orden público en determinadas regionales”.
Increíble que esa sea la explicación. Y esto se empeora cuando se hace una revisión de algunos bienes que sí están materializados. En ese listado se encuentran empresas que han sido incautadas que tienen cuentas por cobrar, o deudas, que son mayores a su valor comercial. Sociedades que son únicamente el cascarón corporativo sin ninguna propiedad, estructura económica o cuenta bancaria.
El inventario tiene construcciones caídas, o vehículos e inmuebles que, al ser revisados, se encuentran en completo estado de destrucción y totalmente inservibles.
Por esto la SAE estableció que hay que resaltar que “el valor comercial de los inmuebles rurales y urbanos, se estiman, exclusivamente, solo a la hora de su comercialización, en razón a los altos costos de este proceso y la vigencia limitada que tienen los avalúos”.
Entonces volvamos a la Fiscalía. Según el director de asuntos jurídicos de la entidad, el señor Carlos Alberto Saboyá, quien respondió un derecho de petición sobre este tema, en el que se le solicitó que el ente acusador entregara una lista de las sentencias emitidas en estos procesos de extinción de dominio, junto con la relación de bienes y sus valores correspondientes, para entender la metodología de cálculo de esa cifra o poder hacer una valoración independiente, la respuesta fue linda.
“Es claro que la suma de dinero referida por el señor Fiscal General de la Nación, hace alusión al impacto a las finanzas criminales a través de la afectación con medidas cautelares dentro de trámites de extinción del derecho de dominio. En ese marco, durante el período comprendido entre 2020 a la fecha, se han proferido decisiones de medidas cautelares en 879 trámites extintivos, cuya valoración del impacto a las finanzas criminales se realiza a través de la estimación económica de los activos que son objeto de medidas cautelares”.
Es decir, no es que tengamos en nuestro poder bienes avaluados por peritos expertos que suman 25, o 28, o 33, o 30 billones de pesos, póngale la cifra que quiera, incautados por la Fiscalía. Sino que Francisco Barbosa está haciendo un cálculo, o una valoración a ojo, sobre el impacto que sus acciones tienen sobre las finanzas criminales.
No existen esos 30 billones de pesos en bienes incautados a la mafia para arrendar, venderse o gastarse, sino que se supone que las organizaciones criminales se están afectando en esos montos. Son dos cosas bien diferentes.
Queda así demostrado que sus anuncios no son más que eso: palabras. Y palabras falaces. Como las que sigue repitiendo en las cifras institucionales de esclarecimientos de delitos, denunciadas en este espacio en la columna titulada Las cifras mentirosas de Barbosa.
Todo esto evidencia sus contradicciones y mentiras en cuanto la Fiscalía que tenemos y la Fiscalía que Barbosa exagera estar manejando. Y como dice el refrán, los que se exageran, se desdibujan. Por eso en las comunicaciones oficiales de la Fiscalía, de ahora en adelante, le deberían poner en sus diferentes trinos: por cuenta de las mentiras y la vanidad del exageradísimo desdibujado señor fiscal general de la nación, doctor Francisco Barbosa Delgado. Eso sería más puntual.
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