Funcionarios actuales de la Procuraduría General de la Nación y de la Contraloría General de la República hicieron parte en 2007 y 2008, del presunto cartel de la toga de Boyacá. Se trata de la estructura criminal que el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Pedro José Suárez Vacca, lideró cuando fue juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad en Tunja.
Así lo demuestran las fechas en las que estos funcionarios trabajaron con el entonces togado, que coinciden con las de la investigación por aceptar un soborno de un narco a cambio de una prisión domiciliaria. Y relatos adicionales obtenidos por esta columna de varias personas que confirman estos hechos delictivos. Todos, elementos que deben ser incluidos en la indagación formal que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia realiza contra el congresista de Boyacá.
Vamos por partes, como los miembros del Pacto Histórico, en especial su líder el presidente Gustavo Petro, ignoran la evidencia documental y testimonial que existe en contra de su representante a la Cámara por los delitos de prevaricato por acción y concierto para delinquir.
Según el auto de la Sala con el radicado número 00672, con el que, el 3 de agosto 2023, se ordenó la apertura de instrucción o investigación formal en contra del representante Suárez Vacca, este aparece no solo como investigado por estos delitos, sino como el presunto cabecilla de un entramado delincuencial.
Como lo comprobamos en la columna publicada el pasado 15 de abril titulada “El cartel de la toga de Boyacá”, el entonces juez Suárez Vacca era jefe de una organización dedicada a la venta de prisiones domiciliarias, en sustitución de la pena intramural, conformada por funcionarios de su juzgado, de otros tribunales, de la oficina de reparto e incluso miembros del Inpec.
Gracias a uno de los relatos publicados en este espacio se pudo determinar que hacían parte de esta estructura en el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas, las doctoras Lina María Mora y Sandra Jiménez como judicante y escribiente, respectivamente.
Según el relato de la fuente confidencial conseguido en exclusiva para esta columna: “Pedro le decía a Lina: necesito que me proyecte esa domiciliaria así. Y Lina ahí se daba cuenta de que había negocio, pero el negocio siempre era directamente con Pedro. Y Sandra Jiménez, era la otra muy allegada a Pedro José, y ellas también eran las encargadas de conseguir, llamémoslo así, porque eso no se puede denominar, pero en el argot popular se les dice: ‘clientes’. Pedro se encargaba de la plata”.
Dentro de esa red criminal figura también una exfuncionaria del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de nombre Lesly Rocío Cruz Chacón. “El andamiaje de corrupción era muy grande. Uno no ha querido salpicar gente porque por medio de Suárez Vacca existían otros jueces, de la misma categoría de él, que también vendían justicia. Entonces no solo era lo que él hacía como titular de su despacho, sino que facilitaba cosas. El fortín de él era el Centro de Servicios de Ejecución de Penas que tenía su andamiaje ahí con la negra Rocío”, explicó el testigo.
Pues bien, como enunciamos antes, ahora hay que añadir dos presuntos involucrados en ese cartel de la toga. Se trata del señor Camilo Ernesto Jiménez Bernal, hoy procurador provincial de Tunja y su esposa, la señora Betsy Johana Barrera Coronado, hoy funcionaria de la Contraloría General de la República en el fondo de bienestar social de la gerencia de esa oficina en el departamento de Boyacá.
Vamos a la línea de tiempo del caso antes de entrar en las relaciones de amor y amistad de esta historia. Recordemos que los hechos específicos que investiga la Corte Suprema datan de enero de 2008, cuando le correspondió al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, controlar una pena impuesta de 17 años de prisión en contra de un narco llamado Lelio Nevardo Ávila Santana. Esto por los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro, que le impuso el Juzgado Séptimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 20 de octubre de 2005.
El entonces juez Suárez Vacca, a cambio de un soborno de 35 millones de pesos, le dio al condenado narco la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, beneficio que sustentó en la condición de padre cabeza de familia, un hecho completamente irregular para los delitos de tráfico de estupefacientes y secuestro.
En particular porque este señor utilizó su estadía de casa por cárcel para seguir delinquiendo, ya que el 3 de mayo de 2018, cayó nuevamente señalado como el enlace de la mafia albanesa en Colombia. El mismo que el entonces juez Suárez Vacca le había dado casa por cárcel en 2008. Olla por cárcel.
Vamos a las fechas exactas del proceso. Según los documentos públicos, el 22 de noviembre de 2007, el caso fue asignado por el sistema al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, pero posteriormente gracias a la manipulación ilegal del sistema de reparto, como lo hemos probado, fue reasignado al Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja. Ese mismo día el juzgado emitió auto avocando conocimiento con el NI8521.
Estas versiones fueron corroboradas por otro testigo dentro del caso, de nombre John Carlos Mancipe Puerto. Para este testigo, Suárez Vacca “manipulaba la oficina de reparto allá en Tunja. Mejor dicho, para mí, a mi criterio y a mi entender, era como el jefe del cartel de la toga en Boyacá”.
Recapitulemos que según el auto de la Corte Suprema “el entonces juez de ejecución de penas, Pedro José Suárez Vacca, tenía un correo humano, escolta y mandadero para comunicarse con Lelio Nevardo Ávila Santana, que era el señor John Carlos Mancipe Puerto, encargado de realizar gestiones como recoger dineros que se le pagaban en contraprestación por los beneficios punitivos otorgados”.
Esta columna publicó en exclusiva la entrevista con este testigo, que por cierto ha seguido sufriendo amenazas de muerte por su colaboración. Incluso ha sido amedrentado en su residencia por testificar y entregar evidencia. Por eso esta columna vuelve a solicitar formalmente a las autoridades y la Corte Suprema que se garantice la seguridad del señor John Carlos Mancipe y también la de su familia.
Sigamos con el expediente que establece la línea de tiempo de lo que pasó en el juzgado. El 11 de diciembre de 2007, se envió la solicitud de prisión domiciliaria para el condenado Lelio Nevardo Ávila Santana, y una semana después, el 19 de diciembre del mismo año se ordenó practicar inspección judicial al lugar de la residencia del narco.
Para ese momento, en la etapa previa a la concesión de la prisión domiciliaria del capo, el señor Camilo Ernesto Jiménez Bernal, hoy procurador provincial de Tunja, era el asistente jurídico del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas. Hay que recordar la frase popular, la ruana no hace al arriero ni la toga al justiciero.
Las funciones de un asistente jurídico en esos despachos judiciales, según el artículo quinto del acuerdo número 605, del 21 de octubre de 1999, por medio del cual se establecen las plantas de personal de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, están bien claras. Estos funcionarios deben asistir al titular del despacho, entre otros, en lo relacionado con el concepto jurídico sobre la ejecución de las sentencias condenatorias.
Es decir, el señor Jiménez Bernal asesoró al juez Suárez Vacca en todo el proceso de acreditar la calidad de padre cabeza de familia del narcotraficante, pues este era el asistente jurídico del juez para ese 19 de diciembre de 2007, cuando se emitió la providencia en la cual se dispuso a realizar visita a la residencia del narco Ávila Santana.
Sigamos. El señor Camilo Ernesto Jiménez renunció a su cargo el 21 de enero de 2008, no porque le incomodara la compraventa que tenía el juez Suárez Vacca en el despacho. Esto se demuestra en que el señor Jiménez Bernal le heredó el cargo a su propia esposa la señora Betsy Johana Barrera Coronado, hoy funcionaria de la Contraloría General de la República, quien empezó el 22 de enero de 2008 a ejercer como asistente jurídico del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja.
Tan solo un día después, el 23 de enero de 2008, ese juzgado liderado por el togado Suárez Vacca autorizó la sustitución de la prisión intramural por la de prisión domiciliaria al narco Ávila Santana.
El hecho fue acreditado por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas en una supuesta inspección judicial, que practicaron miembros del tribunal en la residencia de los padres del narco y secuestrador. El acta respectiva fue elaborada en el despacho del juzgado, es decir que nunca hubo tal inspección por parte de los funcionarios judiciales o asistentes jurídicos. Cómplices.
Pues nada de esto es coincidencia. Nada. Primero porque se demostró que el señor Suárez Vacca era amigo cercano del narco Ávila Santana. Eso lo prueba la carta manuscrita intercambiada entre el entonces juez y el condenado narco o beneficiado con el mecanismo alternativo a la pena intramural, a través del correo humano y escolta John Carlos Mancipe Puerto.
Fuera de esto, existen fotografías que demuestran que el representante Suárez Vacca es también amigo íntimo del señor Camilo Ernesto Jiménez Bernal, procurador provincial de Tunja, y de su esposa, la señora Betsy Johana Barrera Coronado, funcionaria de la Contraloría en Boyacá.
Los Jiménez Barrera, quienes fueron los asistentes jurídicos del Juzgado Quinto de Ejecución de Penas en las dos fechas clave del beneficio ilegal para el narco, tenían que saber de todo lo que estaba haciendo el entonces juez en ese presunto cartel de la toga en Boyacá, donde, de acuerdo con las fuentes, hicieron de las condenas un tema de precio y no de justicia, y existía una compraventa de domiciliarias como si se tratara de buñuelos o empanadas.
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