Mientras el país atraviesa por retos económicos que obligan a subir las tasas de interés y a todos los colombianos les toca amarrarse el cinturón debido a la alta inflación, los funcionarios públicos y judiciales siguen gastando de lo lindo en onerosos viajes que resultan ser, algunas veces, innecesarios. Es un caso generalizado en el gobierno. Pero también en las Altas Cortes.
Un listado obtenido por esta columna muestra que, solamente en 2022, en la rama judicial se gastaron más de 11.000 millones de pesos en viáticos de viajes, hoteles, y tiquetes aéreos, únicamente para cursos de formación judicial. Digámoslo otra vez con todas sus letras: once mil millones de pesos.
Importantes cursos en temas como ejecución de penas, en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, programas de formación en restitución de tierras, capacitaciones para la consolidación del Consejo Superior de Judicatura, entre otros. Y, por supuesto, cómo no, ningún mejor lugar para tomar esos entrenamientos de forma juiciosa y concentrada que el hermoso mar de los siete colores de la isla de San Andrés. O la brisa abrazadora de la ciudad histórica de Cartagena. O los atardeceres coloridos de las bellas playas de Santa Marta. O la arquitectura colonial de la histórica Villa de Leyva.
Por ejemplo, solo en seis viajes al archipiélago de San Andrés se gastaron más de mil millones de pesos. Todos los viajes para realizar “cursos de actualización presencial y virtual para los servidores judiciales”. Siempre de jueves a viernes y algunas veces retomando una sesión el lunes, como quien dice para quedarse el fin de semana. Hospedándose en lujosos hoteles como el Aqcuamare, el Sol Caribe o el Samawi, donde, en cada uno de esos, la noche cuesta en promedio entre 500.000 y 700.000 pesos. Todo pagado por sus impuestos señor lector.
Otros quinientos millones de pesos en seis viajes a Cartagena con el fin de realizar cursos sobre la justicia restaurativa. ¿Qué comen que adivinan? También de jueves a viernes y con algunas sesiones en lunes durmiendo en sofisticados hoteles de cadena de la bella ciudad, como el hotel Caribe, el Radisson, Almirante y el Hyatt. Los funcionarios de la rama judicial siempre se hospedan en cómodos lugares para poder hacer sus importantes cursos.
Y así sigue el modus operandi de gasto derrochón y sabrosón en otras ciudades turísticas del país. Para contar otro elemento que llama la atención de esta tabla, está el V Conversatorio Internacional y IX Conversatorio Nacional de Calidad Integral y Transformación Digital del Sigcma realizado entre el jueves 17 y viernes 18 de noviembre de 2022 en Santa Marta.
Según la magistrada Martha Lucía Olano, del Consejo Superior de la Judicatura, que realizó un video de invitación al evento para todos los funcionarios participaran virtualmente de este importante encuentro, se analizaron “las políticas de calidad en la justicia que son parte de los compromisos en procura de una justicia en gestión y respetuosa del medio ambiente”.
Tan complicado de entender como costoso. Para esta reunión en Santa Marta se alquilaron tres hoteles completos: el Irotama, el Mercure y el Santorini Resort. Todo por la bicoca de $1.996.202.963, de los cuales $896.370.163 fueron en tiquetes aéreos, otros $363.000 en transporte terrestre y un saldito de 1.099.469.800 en hoteles para hospedar a 576 personas, entre ellas a la magistrada Martha Lucía Olano. Y eso que era un evento virtual.
Pero no crean que la viajadera de los funcionarios judiciales y el derroche a costa del dinerito del contribuyente es únicamente un tema de turismo nacional. El 1 de marzo de 2023, la magistrada de la sala de casación civil de la Corte Suprema, Hilda González Neira, recibió una invitación para el XIX Encuentro de Magistradas de los Más Altos Órganos de Justicia de Iberoamérica que se desarrolló en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la semana pasada del miércoles 19 al viernes 21 de abril.
Aunque la invitación era expresa y clara en establecer que el evento también se iba a desarrollar de manera virtual, por medio de la plataforma de videollamadas Zoom, la magistrada le arrancó de la mano la invitación y, fuera de eso, se llevó consigo a Buenos Aires a su colega, la magistrada auxiliar, María Ximena Miranda Quiroga.
En el decreto 048 del 14 de abril, la magistrada González Neira, jefa de la auxiliar Miranda Quiroga, concede comisión de servicios para que la acompañe a Argentina y pide que le den viáticos, hospedaje y tiquetes aéreos. Según un documento obtenido por esta columna, el presupuesto para esto salió, en un 65 por ciento, de la presidencia y salas de casación civil laboral y penal, y en un 35 por ciento, de las salas especiales de instrucción y primera instancia de la sala penal.
Hicieron combo, porque al viaje también terminó asistiendo la magistrada del Consejo de Estado, Ana María Charry Gaitán. Por supuesto, todo pagadito por sus impuestos querido lector. Y no poquito.
Basado en los lineamientos que establece el decreto 460 de 2022, se tasaron los viáticos, únicamente los viáticos, y únicamente de la doctora Miranda Quiroga, en casi 1.500 dólares, o a la tasa de cambio representativa en $6.272.820 pesos. Esto para un viaje de tres diitas al que se podía asistir virtualmente. Multipliquen eso por tres y a eso súmenle tiquetes y hoteles de las tres magistradas. Una ganga que debió costar unos 10.000 dolaritos que nos hubiéramos podido fácilmente ahorrar si hubieran asistido por Zoom.
Y ese no es un dato menor. Es jurídico. La austeridad es un mandato legal y ético y para eso es importante tener en cuenta el decreto 444 de 2023, que tiene por objeto establecer el Plan de Austeridad del Gasto que rige para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia fiscal del 2023, como el Consejo de la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia.
Según el artículo sexto de ese decreto, se debe dar prelación a los encuentros virtuales sobre los presenciales. “Las entidades deberán promover y dar prelación a los encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico de los servidores públicos, de manera que estos sean mínimos y plenamente justificados, indicando el rol que se cumplirá y la relación directa con las funciones”. Así de claro y así de sencillo.
Y si nuestros funcionarios de la rama judicial no siguen lo que establecen los decretos que tienen peso de ley, ¿cómo se puede confiar en que puedan administrar justicia de una manera apropiada? Lo que sí es seguro y positivo es que las magistradas Hilda González Neira, María Ximena Miranda Quiroga y Ana María Charry Gaitán, pudieron disfrutar la semana pasada a sus anchas de esa hermosa ciudad, y espero que mientras lean esta columna suene la voz melancólica de Carlos Gardel, acompañada por ese lloriqueo de violín en una armadura de clave en si menor, en la que reza “Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido”. Desde esta columna mucha pena, y nunca olvido.
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