La concesión del muelle 13 del puerto de Buenaventura se está convirtiendo en un nuevo caso pasaportes para el gobierno de Gustavo Petro. En los primeros días de enero, la periodista de CAMBIO Paola Herrera advirtió que el Ministerio de Transporte había revertido, el 28 de diciembre, una decisión tomada cinco días antes: ya no otorgaría la prórroga para que la Sociedad Grupo Portuario, cuyo principal accionista es Ventura Group, siguiera operando por 20 años la Unidad Operativa Muelle 13. No sería esta la primera vez que el gobierno se contradice a sí mismo. El 23 de diciembre, después de meses de negociación, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, ya había autorizado la prórroga del “Contrato de Concesión Portuario No 002 de 2005”. El documento, de 61 páginas, fue firmado por Carolina Barbanti, vicepresidenta de gestión contractual de la ANI. (Ver adjunto).
A pesar de este documento, que implica un vínculo contractual entre la nación y un inversionista privado, el ministro de transporte William Camargo, después de una orden furiosa del presidente Petro, ordenó a la ANI buscar una fórmula para desdecirse y quitarle la prórroga a la Sociedad Grupo Portuario. Y, como en el caso de los pasaportes cuando el suspendido canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación a pesar de que la empresa Thomas Greg & Sons había obtenido el mayor puntaje posible, la doctora Barbanti decidió anular una prórroga debidamente aprobada con un acto falsamente motivado: alegando un inexistente peligro ambiental. Pero vamos por partes.
La semana pasada Caracol Radio reveló un documento de 21 páginas del procurador primero delegado para la Vigilancia Preventiva, Marcio Melgosa, que advierte los peligros disciplinarios que podrían enfrentar, por esa decisión, altos funcionarios del ministerio de transporte y de la ANI. El procurador Melgosa, en un trabajo juicisioso, encontró que la justificación para reversar la resolución que prorrogó la concesión del muelle 13 es falsa. Expliquemos. Según el ministro Camargo, todo se debe a una “posible generación de importantes afectaciones ambientales negativas al territorio de Buenaventura”. El problema para el ministro Camargo y para los funcionarios de la ANI, es que cuando la procuraduría pidió que le entregaran una copia de los soportes técnicos que demostraran ese daño ambiental, la ANI contestó: “tales soportes no existen”.
No solo esto. La procuraduría también pidió una copia del daño ambiental a la Superintendencia General de Puertos. De nuevo, la respuesta recibida por parte de la ANI fue que “no contaba con tal documento”. Para terminar de cerrar este círculo de “chambonadas”, en la decisión del 28 de diciembre que reversa la prórroga entregada el 23 del mismo mes, la ANI dice que “es necesario antes de emitir aprobación, verificar el estado del instrumento ambiental y la necesidad de Licencia Ambiental, lo cual debe ser consultado a la Autoridad Nacional de Licencias ambientales, ANLA”. Fue tal la sorpresa de los funcionarios de la ANLA, que la entidad debió publicar, el 18 de enero, un comunicado explicando que ellos no tienen competencia para pronunciarse sobre la operación del muelle 13 de Buenaventura
El comunicado pretendía desvirtuar informaciones de “medios de comunicación”, pero la verdad es que fue el propio ministerio de transporte quien alegó daños ambientales e involucró a la ANLA.
Quien sí tiene competencia sobre las licencias ambientales es el EPA, el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura, la máxima autoridad ambiental del puerto. En un documento de 28 páginas del 10 de febrero de 2023, la EPA aprobó el plan de manejo ambiental (ver adjuntos) del muelle 13. En el informe de la procuraduría lo resumen así: “La sociedad portuaria cuenta actualmente con un Plan de Manejo Ambiental actualizado al año 2023, aceptado por la autoridad ambiental competente, EPA”. La falsa motivación, precisamente, tiene que ver con estos elementos. El ministerio de transporte, involucrando en esta actividad irregular a la doctora Barbanti de la ANI, se inventó un daño ambiental para desdecirse sin ningún argumento legal.
El pasado 21 de marzo, en su visita a San Antonio de Palmito, Sucre, el presidente Petro le dijo al auditorio que se enteró en esos días que “allá en la ANI firmaron dizque el contrato de prórroga del… del pedazo del puerto de Buenaventura, con tantos muertos que ha habido allá, oiga. Una señorita llega y firma y bruuuu… prorrogamos la concesión, oiga, señores, no se puede ser así. No se puede ser así con el pueblo. Porque el dueño del puerto de Buenaventura es el pueblo de buenaventura y los primeros que deberían estar allí son los pescadores de buenaventura”.
La señorita a la que despectivamente se refiere el presidente Petro es Carolina Barbanti, una curtida funcionaria de la ANI, que fungió como su presidenta durante varios meses y que es, justamente, quien firmó primero la prórroga del contrato, y luego el documento que mágicamente lo echaba para atrás.
Si, como dice Petro, “señores, no se puede ser así”, ¿por qué no se ha ido la doctora Barbanti de su cargo? ¿Permitirá ella que se cometa una irregularidad de tal magnitud y que, además, se le maltrate de esa manera solo para cumplirle un capricho personal (el dueño de Ventura Group, Álvaro Rodríguez, es el principal accionista de Alternativa, revista crítica con el gobierno) al presidente?
