Nadie puede ocultar el hecho de que la relación del presidente Petro con los poderes públicos es hoy muy diferente a la que se observó meses atrás. Aunque siempre ha mantenido una actitud desmesurada e ideática en sus discursos, en el primer año el tono gubernamental fue de acatamiento y su actitud de respeto hacia las instituciones. Era como si estuviese tanteando el terreno, midiendo el alcance del poder presidencial, evaluando las consecuencias. Es como hacen los boxeadores al principio de una pelea, se cruzan unos golpes inanes, se miden las distancias y una vez que el contendor está calibrado empieza la verdadera pelea.
En el segundo año, pasado el momento de las fintas, ya se van a la mandíbula. No solo es el grave ataque provocado desde la Casa de Nariño contra el Palacio de Justicia para forzar el nombramiento del fiscal general. Hay muchas cosas más. El Gobierno sigue avanzando en negociaciones con organizaciones criminales sin contar con las herramientas de una ley de sometimiento, como lo ordenó la Corte Constitucional. A ello hay que sumarle el intento de desacato del suspendido canciller Leyva y su negativa a acogerse a los procedimientos del régimen administrativo de los empleados públicos.
Además, el Gobierno ha perdido la vergüenza a legislar por decreto. Esto se vio diáfanamente con el intento en curso de poner a discreción del presidente, por vía de un decreto, la facultad de hacer y deshacer su voluntad con las vigencias futuras y el presupuesto aprobado por el Congreso. El presidente Petro le ha perdido el respeto al legislativo en gran medida porque se ha dado cuenta de lo fácil que es ponerlos a comer de la mano con prebendas y nombramientos.
La disposición de traspasar las barreras legales y constitucionales queda demostrada por el hecho de que varias funcionarias y funcionarios responsables de la integridad jurídica de las entidades han preferido renunciar antes que correr el riesgo de acatar las órdenes ilegales de la Casa de Nariño.
Alexander López, quien perdió su curul por decisión del Consejo de Estado, es un político, activista, sindicalista y agitador profesional que nunca se ha movido en los escenarios técnicos. Su nombramiento como director del Departamento de Planeación Nacional es una demostración de que las consideraciones técnicas, procedimentales y legales no serán precisamente las que regirán las directrices del gasto público en lo que resta del Gobierno Petro.
Las razones que han llevado a Petro a tomar ese camino de escalar la confrontación con los poderes públicos y las instituciones de control son múltiples. Algunos dicen que es el desespero de no haber logrado prácticamente nada de lo que se propuso. Ante esa realidad prefiere acudir a la arbitrariedad administrativa para tratar de avanzar sus iniciativas, así sea corriéndole la cerca a las normas. Otros señalan que efectivamente Petro nunca ha creído en la democracia y que las instituciones para él no son más que una entelequia fabricada por la oligarquía para impedir el cambio. Por eso ahora no tiene ningún reato de agredir una infraestructura institucional que considera ilegítima.
Aunque de una manera u otra esos argumentos tienen espacio en la explicación, sugeriría una respuesta que no riñe con los puntos anteriores. Al presidente ya no le interesa gobernar, lo que le interesa es ganar las elecciones de 2026. Petro ya renunció a lograr transformar a Colombia en los dos años que le quedan. Ya no le importa que el Gobierno funcione como una estructura de definición y ejecución de políticas públicas. Necesita un Gobierno que funcione para mantener a su partido en el poder.
Aquello que le interesa es que el Gobierno, ministros y funcionarios estén alineados con un solo objetivo: “Ganar las elecciones de 2026 y hacer irreversible la transformación democrática de Colombia…”. Petro ya renunció a que su herencia sea el cambio, ahora solo le interesa la victoria. Y hará lo que sea para lograrlo.
Twitter: @gabrielsilvaluj
