A 2023 lo recordaré como un año donde lo ambiental se convirtió en un tema obligado para construir una opción viable de Estado para los colombianos del futuro. Atenuada la deforestación, en medio de la puja con el EMC, aumentan las destrucciones de dragas en zonas de las AGC, y hay más poblaciones confinadas en zonas minadas en áreas del ELN. Los grandes ríos, medio cloacas gracias a la incapacidad de un sistema unificado de PTAR entre municipios, llegan a zonas costeras donde aún hay mucho plástico por recoger y el consumo de pescados contaminados por mercurio, sigue sin registrarse, a pesar del aumento en los registros regionales, ya sea en Leticia, el Magdalena o el Cauca. Las imágenes de campesinas con vacas muertas por intoxicación en áreas de atentados contra oleoductos, me resuenan en una discusión donde hay rabo de paja por todos lados. Crece el hato ganadero, con expectativa de crecimiento en el mercado internacional, pero no el desarrollo de una ganadería zonificada y sostenible. Aun así, seguimos siendo uno de los países mas biodiversos del mundo y uno de los siete países donde están los bosques continuos mas intactos del planeta; mas del 35 por ciento del territorio, protegido por resguardos indígenas, territorios de comunidades negras y áreas protegidas.
En múltiples recorridos y encuentros con pobladores de diferentes partes del país pude palpar la ansiedad y la necesidad de la gente de tener mayor cercanía con las instituciones, donde se reconozcan sus derechos, donde sean reconocidos como ciudadanos, con identidad propia y diferenciada. Es, probablemente, uno de los puntos críticos en los territorios donde hoy se cocina la guerra o la paz del futuro; esto tiene una explicación y es la cada vez mayor capacidad de los grupos armados ilegales para hacer presencia territorial, ejercer “justicia” a su manera, cobrar “tributos”, decidir sobre obras públicas como carreteras, apoyar los sistemas productivos (sean legales o no) de las comunidades, en fin, todo lo que significa hacer Estado en las regiones. Ahí es donde está el pulso el día de hoy.
La llegada de nuevos alcaldes y gobernadores representa una oportunidad para hacer un esfuerzo adicional de recuperación de la legitimidad y eficacia en la relación con las poblaciones rurales y urbanas vulnerables. Una oportunidad para hacer sinergias con el Gobierno nacional y la cooperación internacional, sobre todo en los temas básicos de desarrollo económico y derechos territoriales; juegan allí un papel estructural las corporaciones autónomas regionales, cada vez más asediadas por la cultura depredadora de la politiquería corrupta, según lo visto en las recientes elecciones de directores. Ese tejido institucional y social, de no funcionar como cuerpo orgánico, será engullido por esta máquina de cooptación, que ya marca extensos territorios del país con la bandera propia.
De nada servirá avanzar en mesas de diálogo con grupos armados si no hay transformaciones territoriales efectivas. Esto va mucho mas allá de anunciar partidas presupuestales (generalmente drenadas por los corsarios de la política), o de hacer pomposas contrataciones, incluyendo las de asociaciones locales infladas a punta de ganas. Se necesita entrar vereda por vereda, en cada junta, en cada corregimiento, asociaciones de juntas, resguardos, territorios colectivos, lo que representa un cambio de diseño institucional, pues debe privilegiar el contacto social permanente, directo, donde los acuerdos sean vinculantes, donde el apoyo administrativo sea ayuda y no talanquera, donde los abogados administrativos sean apoyo y no cerrojo, en fin, poner el Estado en función de la construcción local.
Para la institucionalidad ambiental, el reto viene en varias vías. Una de ellas es recuperar la capacidad de ejecución presupuestal en la magnitud requerida, para retos de gran calado, como lo es la política contra la deforestación, que requiere acciones de incentivo de manejo forestal sostenible, restauración, inventarios, acompañamiento técnico, financiero, de transformación y encadenamiento, entre muchos otros frentes. La formulación de proyectos con partipación local y su ejecución liderada por agencias del Sina pueden ser un escenario ideal para involucrar gobiernos locales, instituciones nacionales, que lleguen all territorio, entren en contacto con la gente y se derive una relación de mutua confianza, en la que derechos y deberes ciudadanos surgen de una manera legítima.
La degradación ambiental en Colombia afecta grandes ecosistemas, como lo vimos en varias columnas a lo largo del año. Pero, contrario a muchos países en el mundo, hay una fuerza social que marca una diferencia enorme, y son las comunidades locales cuyas iniciativas, decisión, formas de gobierno local siguen creciendo a pesar de los embates de la violencia, ensañada contra líderes socioambientales. Reconocerlos como forma de gobierno local no es señal de debilidad, sino de consolidación de un Estado social de derecho. Esa porción territorial del país donde indígenas, negros y campesinos vulnerables son una minoría poblacional, y donde recursos naturales estratégicos están en disputa, donde las economías ilegales reinan, donde grupos armados reemplazan con más efectividad al Estado, deben ser el objetivo de todos nuestros esfuerzos, para construir un país donde quepamos todos, con identidad diversa como nuestro país. La paz ambiental la construimos entre todos.
