El hasta ahora escaso impacto de los diálogos que emprendió el Gobierno Nacional con grupos armados ilegales de distinto tipo sobre la tranquilidad y la paz de las comunidades que los padecen de manera directa, es el resultado de haber conducido la política de Paz Total más con el deseo, que con la cabeza.
Como lo demuestran el aumento de los secuestros -un 69% entre enero y septiembre de este año con relación al mismo período de 2022, según el Ministerio de Defensa-, o la persistencia de los confinamientos forzados, no bastaba que la inspiración de ese ambicioso proyecto de pacificación fuera el noble objetivo de disminuir el sufrimiento de los civiles en territorios donde ejercen control esas estructuras ilegales.
En el caso del Eln, el gobierno de Gustavo Petro parece haber asumido, de manera ingenua, que por ser él un presidente de izquierda, la facción más intransigente de esa guerrilla iba a abandonar repentinamente posiciones como la de mantener las armas como garantes del cumplimiento de eventuales acuerdos de paz.
O que el ala dura del grupo armado iba a cambiar de opinión sobre la vieja pretensión del Eln de ser financiado por el Estado a cambio de dejar el secuestro, sin que se haya llegado al cierre del conflicto, lo que debería traducirse en el fin del uso de las armas.
Ninguna de esas pretensiones de la organización guerrillera ha cambiado hasta ahora. Y en nada ha cedido tampoco la arrogancia que ha caracterizado a ‘Antonio ‘García’ en los intentos de paz con el Eln desde 1998, cuando él comenzó incluso a desautorizar los acuerdos que lograban los delegados de ese grupo armado para los diálogos.
En ese entonces desconoció, por ejemplo, lo acordado por Francisco Galán y Felipe Torres con el Gobierno y representantes de la sociedad civil sobre la preparación de una Convención Nacional.
Algo que el Gobierno se han resistido a ver, es que todo podría empeorar con el Eln siendo ‘Antonio García’, como lo es hoy, el máximo jede de esa guerrilla.
El pasado viernes, por ejemplo, el jefe insurgente dijo en su cuenta de X que el Eln “no aceptará imposiciones ni chantajes. Que no se hagan ilusiones”. Y aseguró que no existe ningún acuerdo sobre el tema del secuestro.
El legítimo deseo del presidente Petro de llevar al Eln a la paz, se ha impuesto sobre las medidas que tendría que tomar ante realidades contundentes, como que ese grupo guerrillero no está unido en lo que estaría dispuesto a hacer para lograr el fin del conflicto.
Vale la pena recordar lo que ocurrió con las Farc. Antes de comenzar una negociación formal con el gobierno de Juan Manuel Santos, esa exguerrilla asumió el compromiso de no secuestrar. No solo eso, avanzó luego en la negociación con la decisión de dejar definitivamente las armas. Nada de eso ha ocurrido con el Eln.
Y en el caso de las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Iván Mordisco’, el punto de partida del Gobierno fue un reconocimiento político que terminó por revivir a un grupo armado dedicado al narcotráfico, y que ya había asumido que sería combatido por el Estado como lo que era.
Situaciones parecidas se dieron con los reductos paramilitares de la Sierra Nevada -conocidos como ‘los Pachenca’- y con el Clan del Golfo, que terminó siendo incluso llamado por el Gobierno como “Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)”, aunque en una lógica decisión no les dio reconocimiento como organización política.
En todo caso, el gobierno de Petro comenzó los diálogos con los distintos grupos armados ofreciendo beneficios que solo podían ser el fruto de pruebas ciertas de esas organizaciones sobre su voluntad para poner fin al conflicto, al narcotráfico y a toda actividad ilegal.
A estas alturas de la crisis en la Paz Total, el Presidente debería tomarse una pausa para identificar claramente a qué tipo de grupos armados se está enfrentando, a qué tipo de intenciones.
Y, a partir de esto, hacer los replanteamientos que requiere esa Paz Total, para que esta política tenga respaldo ciudadano y provoque el efecto esperado: la disminución de la violencia sobre las comunidades.
