Nadie puede negar que la política de "paz total" está en crisis. Ya lo han reconocido públicamente varios de los negociadores. El presidente Petro, sin decirlo, también. El despido fulminante del comisionado de paz Danilo Rueda es una decisión suficientemente elocuente. Aun cuando el detonante de este revolcón aparentemente fue el secuestro del padre de Luis Díaz, las negociaciones venían trastabillando de tiempo atrás.
A esto se le suma la decisión de la Corte Constitucional que pone en cintura los desbordados poderes que la Ley 2272 de 2022, conocida como de paz total, le entregó a la Casa de Nariño. El gobierno está en la obligación de ajustar muchos de sus conceptos y decisiones a los mandatos del fallo.
La situación de orden público no ayuda. Las cifras confirman lo que la gente está sintiendo. La “política de paz total” ha llegado acompañada de un deterioro pronunciado de la seguridad a lo largo y ancho del país. El incremento en el secuestro, la extorsión, el reclutamiento de menores, los combates entre las mismas organizaciones delincuenciales son todas manifestaciones que confirman que la anunciada mejoría de las condiciones humanitarias en los territorios nunca ocurrió.
No en vano, las pasadas elecciones territoriales se convirtieron en un clamor generalizado para que gobernadores y alcaldes le den prioridad a la lucha contra el crimen. La gente asocia, con bastante razón, las negociaciones con las organizaciones criminales con una actitud tolerante hacia el delito. El secuestro de Don Luis Manuel Díaz exacerbó esa convicción. La “paz total” carece hoy del mínimo apoyo ciudadano indispensable que se requiere para tener alguna posibilidad de ofrecer resultados.
Ante la complejidad de este panorama no basta con cambiar el timonel del barco. Para evitar el naufragio inminente es indispensable reorientar las negociaciones. No se trata simplemente de lograr que el ELN se comprometa a no secuestrar. A pesar de la importancia de ese asunto desde la perspectiva humanitaria, no es suficiente. Es necesario entender estas negociaciones como un escenario en el que el ELN está aprovechando el diálogo y los acuerdos en función de sus intereses político-militares.
El ELN difícilmente va a romper la tregua. Las ventajas que ha obtenido con el cese al fuego son inmensas. Hay que aprovechar esa reticencia a levantarse de la mesa. Ese grupo guerrillero no está peleando una sola guerra, sino tres. En el Cauca, Chocó, Nariño, Meta, Norte de Santander y en las zonas de minería ilegal los combates no son con las Fuerzas Armadas. Sus enemigos son las Disidencias y el Clan del Golfo.
El cese al fuego ha convertido, paradójicamente, a las Fuerzas Armadas en su mejor aliado en esa guerra. Cuando es posible, el Ejército combate a las fuerzas de “Iván Mordisco” y al Clan, ayudándole al ELN sin proponérselo. Y en la mayoría de las zonas la fuerza del Estado es un espectador neutralizado, con las manos amarradas, por los acuerdos hasta ahora alcanzados. La única forma en que las negociaciones avancen es que el ELN entienda y sienta que ya no puede seguir capitalizando impunemente el cese al fuego para avanzar en la expulsión de sus enemigos ilegales de los territorios que quiere conquistar. Hay que reconocer que el ELN quiere construir un Estado paralelo con capacidad militar, autoridad política y territorio consolidado. La “paz total” le ha dado la ventaja y la legitimidad para aniquilar a sus enemigos.
El componente de participación de la sociedad civil en los territorios en asuntos como la verificación ha sido un fracaso. Una buena parte de las organizaciones incluidas en esa dimensión del cese al fuego son afiliadas, controladas o intimidadas por el ELN. El cese al fuego ha servido para que esa organización consolide su control sobre las comunidades, no para que estas se sacudan de su yugo. Si el estatu quo le sirve a la guerrilla para seguir avanzando en el control social, es imposible que contemplen, ni siquiera remotamente, la eventualidad de una reincorporación al estado de derecho.
Frenar el secuestro es sin duda muy importante. Sin embargo, esa no es la concesión más difícil para el ELN. Ahí no van a trazar la raya. A lo que no pueden renunciar es al dominio de las economías ilegales, que son rentas infinitamente mayores que las que genera el secuestro. No se sorprendan que renuncien al secuestro a cambio de alguna modalidad de permisividad a las otras actividades ilegales. Si se quiere forzar un avance hacia la paz, los negociadores deben exigir que renuncien a las economías ilegales y a instrumentalizar a la población, volviéndolos dependientes de esas actividades. Como se ve, llegó la hora del realismo. Los negociadores no pueden seguir presumiendo la buena voluntad del ELN. El país espera que después de lo de Don Mane y todo lo que ha pasado hayan perdido la inocencia.
Twitter: @gabrielsilvaluj
