Gustavo Petro es un presidente al que se le debe cuestionar por muchas cosas. A un año de gobierno, su agenda de cambio anda embolatada y sus desplantes por cuenta de su impuntualidad a la hora de cumplir, se le están convirtiendo en un lastre y en una costumbre que debería revisar. No llegar a las citas y dejar plantada a la gente, revela un desdén por los demás, más propio de los déspotas que de un gobernante progresista que quiere convertir a Colombia en una potencia de la vida.
Sin embargo, también hay que reconocer que Petro, a pesar de lo difícil que resulta leerlo, está demostrando ser más respetuoso de la división de poderes que muchos de sus antecesores. Eso lo demostró en la manera cómo recibió la noticia de la captura de su hijo Nicolás. En un trino corto y conciso, Petro dijo que a pesar del dolor que sentía como padre, no iba a intervenir ni a presionar decisiones, porque su deber era garantizar que la Fiscalía pudiera proceder de acuerdo a la ley.
Aunque esta reacción aparentemente es normal y lógica, resulta insólita dentro del ejercicio del poder que caracteriza a la presidencia en Colombia. Que un presidente anuncie que va a respetar el Estado de derecho cuando el investigado es un hijo suyo, es algo que hace rato no pasaba en estos reinos. Recordemos lo que pasó durante el uribato cuando el entonces senador Mario Uribe, su primo querido, fue capturado por sus relaciones con los paras. Se desató una guerra contra las cortes, y Uribe se vino lanza en ristre contra el magistrado auxiliar que hizo la investigación que llevó a su captura. Fue chuzado desde el DAS y blanco de un montaje para desprestigiarlo. Sin pruebas, lo señalaron de manipular testigos para que dijeran que Álvaro Uribe, cuando era gobernador, había participado en un asesinato de un paramilitar. El nombre de ese magistrado auxiliar, que fue víctima de semejante atropello, es Iván Velásquez, el actual ministro de Defensa. Pasó lo mismo cuando el periodista Daniel Coronell publicó en su columna en Semana una investigación sobre cómo los hijos del entonces presidente Uribe habían comprado una tierra en Mosquera en 2006, que dos años después fue declarada zona franca, hecho que aumentó considerablemente el precio del predio. De inmediato, el Gobierno enfiló sus baterías contra el periodista, a quien se le montó una oprobiosa campaña de desprestigio que terminó empujándolo al exilio. Y no hay que olvidar lo que pasó en 2016, cuando la Fiscalía de Montealegre capturó a Santiago Uribe Vélez. Uribe, que ya era senador, salió a decir que su detención era un acto de retaliación. Acusó al entonces presidente Santos de ser el instigador de lo que catalogó como una persecución contra él y su familia, y de paso, se refirió al fiscal Montealegre como un “político rabioso con capacidad de meter gente a la cárcel”. Ese fue el mismo Uribe que se fue contra la CSJ, luego de ser capturado de manera preventiva por la Sala Penal dentro del proceso por manipulación de testigos. Poco le faltó para acusar a los magistrados de la sala de instrucción de estar al servicio de la culebra de las Farc.
Petro, además, ha salido a acatar la decisión de la Fiscalía a sabiendas de que le sobran argumentos para demostrar que el fiscal se ha sobreactuado.
No era necesario capturar a Nicolás Petro ni a su exesposa, porque ni siquiera habían sido imputados. Estas capturas preventivas se hacen solo cuando hay evidencias de que el investigado se puede fugar o puede alterar las pruebas. Sin tener evidencias de que algunas de estas causales se estuvieran cumpliendo, la Fiscalía capturó a Nicolás Petro. La rapidez preventiva con que actuó la Fiscalía en este caso, contrasta con la lentitud en otros procesos. Ahí está el caso de Javier Torres, el empresario barranquillero investigado por el escándalo de Odebrecht, a quien la Fiscalía citó de manera infructuosa cuatro veces a audiencia de imputación hasta que terminó archivado. Para no hablar de Alex Char, quien tiene más de 30 investigaciones en la Fiscalía y ni siquiera ha sido llamado a interrogatorio.
Sorprende también la indulgencia que ha tenido el fiscal Barbosa con Diego Cadena, el abogánster de Uribe. Dos veces fue llamado a audiencia de imputación y solo a la tercera se le pudo formular la acusación. Sin embargo, la Fiscalía de Barbosa nunca lo capturó de manera preventiva, ni lo llevó al búnker de la Fiscalía, como lo hizo con Nicolás Petro. Esperó a imputarlo y luego le concedió la casa por cárcel.
La Fiscalía tiene que investigar a fondo cómo fue que el hijo del presidente Petro se enriqueció pidiéndole dinero a personajes cuestionados para financiar la campaña de su papá, plata que al parecer terminó en sus bolsillos. Pero lo debe hacer sin sobreactuarse. Si se extralimita en su poder, Barbosa puede pasar a la historia como el fiscal que torció la justicia para perjudicar a Petro y que de paso se cargó el Estado de derecho.
La petrofobia vaticinó hace unos meses que Petro iba a acabar con el Estado de derecho. Hoy debe de estar de luto porque Petro nos está resultando demócrata.
