Mientras escuchaba fragmentos del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a la que contó detalles de crímenes cometidos por paramilitares en Chocó y Antioquia, en coordinación con miembros del Ejército, me sentí escuchando el mismo relato que me hicieron las víctimas de algunos de esos hechos, mientras los cubría como periodista en el año 1997.
Es decir, 26 años después, el victimario ratificaba lo que yo había oído de sus víctimas. No entiendo entonces por qué algunos se empeñan todavía en poner en duda todo lo que ha dicho el primer exjefe paramilitar aceptado en la JEP.
A menos, claro, que se piense que Mancuso y sus víctimas se pusieron de acuerdo para fraguar un relato de hechos atroces que coinciden en tiempo, lugar y en la identidad de los victimarios.
La justicia debe encargarse de reconfirmar lo que sea necesario, pero lo que resulta insólito es que se pretenda demeritar hechos sobre los cuales coinciden los relatos de quien provocó el daño y de quienes lo padecieron, como lo dos casos que voy a exponer.
En los apartes de las declaraciones de Mancuso liberados por la JEP, él habla de la coordinación de los paramilitares con miembros del Ejército en operaciones que tuvieron lugar en el Darién chocoano. Esto, como lo dijo el exjefe paramilitar, cuando se proyectaba la construcción del canal Atrato-Truandó, como parte de las obras “para unir el Pacífico y el Atlántico”.
Fue lo mismo que me contaron en la Semana Santa de 1997 los campesinos desplazados del Darién chocoano -cerca de 3.000-, que llegaron en marzo de ese año al corregimiento Pavarandó de Mutatá (Urabá antioqueño), luego de un mes de travesía por la selva.
Habían huido desde las riberas de los ríos Salaquí y Truandó, según los testimonios que recogí en ese tiempo -están en un libro que recopila varias crónicas del conflicto armado-, tras salir huyendo de “chorros de candela” que caían del “cielo”.
Los campesinos definían así los bombardeos militares que habían comenzado el 24 de febrero de 1997, para respaldar con fuego aéreo el asedio paramilitar que había comenzado en diciembre de 1996 en 22 veredas. Ellos, contaron en ese entonces, habían oído hablar de que todo era parte del plan de sacar a las Farc de esa zona para echar a andar la construcción del canal Atrato-Truandó.
“A algunos parceleros los mataban y a otros que llegaban hasta Riosucio (la cabecera municipal) para mercar, los amarraban y les quitaban lo que habían comprado. Mercado grande o pequeño, lo que fuera”, me contó en 1997 uno de los campesinos al referirse a la ofensiva paramilitar que antecedió el bombardeo de las Fuerzas Militares.
En ese tiempo, los desplazados del Darién chocoano pedían la salida de los paramilitares de las 22 veredas de las que habían sido desplazados. Además, la titulación de sus tierras antes de que el proyecto del canal tuviera curso.
La Brigada XVII del Ejército, mencionada por Mancuso como una de las sedes militares con las que los paramilitares planeaban y ejecutaban operaciones, era la que tenía jurisdicción sobre la zona. Era comandada en 1997 por el general Rito Alejo de Río.
Por otro lado, Mancuso habló ante la JEP de la relación entre las obras para la represa de Urrá y la violencia paramilitar en la zona de influencia de esta hidroeléctrica que, según dijo, también contó con el apoyo de la Fuerza Pública.
Parte de esa ofensiva fue el destierro de campesinos que habitaban el Nudo de Paramillo en noviembre de 1997. Según el relato de los campesinos que recogí entonces, los paramilitares les habían dicho que “necesitaban desocupado el parque natural”.
“Si el Gobierno necesita que nos vayamos, nos vamos voluntariamente, sin necesidad de que nos maten. Que nos paguen las mejoras, que nosotros nos vamos por las buenas”, me dijo en ese tiempo uno de los desplazados que se refugiaba en Ituango (municipio del norte de Antioquia), al hablar de la represa de Urrá.
Él había salido de la zona del río Sinú, que nace en el Nudo de Paramillo, y que es la principal fuente de abastecimiento de la hidroeléctrica.
La JEP aceptó a Mancuso en esa justicia sobre la base de que entregó detalles nuevos sobre sus contactos con “altos mandos militares y policiales y agentes del Estado no integrantes de Fuerza Pública”, para la ejecución de operaciones conjuntas.
Pero, además, la justicia para la paz corroboró, como bien lo indicó la Sala encargada del tema, que los hechos de los que habla el exjefe paramilitar son conocidos o están siendo investigados por otras jurisdicciones. El tribunal señaló que trianguló la información que Mancuso dio en la JEP con las pruebas y soportes que entregó luego, y con fuentes judiciales que consultó.
Novedoso es, sin duda, que Mancuso haya mencionado a 300 personas -un expresidente, exgobernadores, excongresistas, políticos y exfuncionarios públicos- que hasta ahora han gozado de impunidad y a quienes la JEP pedirá investigar mediante compulsa de copias a la Fiscalía, a la Corte Suprema y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Quizás una de las declaraciones más graves de Mancuso es que, como lo contaban hace casi 30 años las víctimas, las operaciones planeadas y ejecutadas de manera conjuntas entre paramilitares y Fuerza Pública, al amparo del poder político, iban más allá de la naturaleza del conflicto armado y obedecían a proyectos económicos de carácter "geoestratégico".
En ese entonces, las víctimas fueron ignoradas y hasta satanizadas por la mayoría de las instituciones estatales, por los gobiernos de la época y por gran parte del país.
Ahora, después de contrastar lo dicho por Mancuso durante 36 horas, la JEP concluye que él tuvo el poder para “mover los hilos” de estructuras militares, empresariales, políticas, en incidir en agentes del Estado de alto rango.
La revista CAMBIO publicó también el pasado fin de semana que, en sus versiones ante la JEP, el exjefe paramilitar relacionó al expresidente Álvaro Uribe con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y con la planeación de la masacre de El Aro.
Uribe ha rechazado en su cuenta de X las declaraciones del exparamilitar. “Mancuso miente”, escribió en esa red, en la que ha sostenido, además, que “lo único que importa al propósito político de la JEP es dar impunidad a Mancuso”.
Y ayer lunes, el expresidente publicó un comunicado en el que anuncia que pedirá ser escuchado en la Comisión de Acusaciones del Congreso y en la Fiscalía sobre los señalamientos que le hace el exjefe paramilitar.
El hecho es que, independientemente de lo que ocurra hacia adelante con las investigaciones, la JEP está haciendo su trabajo.
