Los antiguos jefes de las Farc, encabezados por Rodrigo Londoño (Timochenko), han sido noticia por estos días por criticar a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y sostener que ese sistema de justicia está alterando el Acuerdo Final de Paz que la exguerrilla firmó con el presidente Juan Manuel Santos, el 24 de noviembre de 2016.
Las quejas, expuestas en una carta pública dirigida al presidente Gustavo Petro, y en la que aprovecharon para pedirle una cita y hablarle sobre sus preocupaciones frente a la marcha del acuerdo de paz, no deberían verse aisladas de la visita que una comisión del Consejo de Seguridad de la ONU hizo al país para verificar en terreno los avances de la reincorporación de los exguerrilleros a la vida política, económica y social.
Y mucho menos, deberían verse desconectadas de las críticas que le ha hecho a la JEP ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York el canciller de Colombia, Álvaro Leyva (hoy suspendido). Primero, el 12 de octubre del año pasado, y después, el reciente 11 de enero, durante la presentación de los informes trimestrales a ese organismo multilateral, de parte de su Misión de Verificación en Colombia, sobre los avances y dificultades de la implementación del acuerdo de paz con las Farc.
Leyva ha hablado de “descarrilamiento” de la JEP. Primero, al sugerir que esa jurisdicción le cerraba la puerta a la verdad plena sobre lo ocurrido durante el conflicto armado al no aceptar el sometimiento de exjefes paramilitares. Y luego, en enero, en referencia a ese sistema de justicia, dijo que “tampoco se pueden soslayar las normas relativas al derecho a la amnistía ni a la renuncia a la acción penal cuando fuere del caso”.
Y precisamente en su carta a Petro, los exjefes de las Farc sostienen que la JEP les ha creado “inseguridad jurídica” a los firmantes de la paz. Mencionan, por ejemplo, que esta jurisdicción está vinculando cada vez más exguerrilleros de escala media y baja a indagaciones de casos muy específicos del conflicto, cuando la idea del Acuerdo Final de Paz era poner el esfuerzo en casos de violencia emblemáticos y en los máximos responsables.
También exponen que la JEP negó 3.804 solicitudes de amnistía de un total de 4.485 que hicieron, y que solo concedió 688.
Pero más allá de la letra del Acuerdo Final de Paz, que sí es explícita en el tema de la seguridad jurídica para los exguerrilleros, lo que parece estar detrás de toda esta controversia es un viejo empeño de Leyva: que, en lo que se refiere a la paz, prevalezca lo político sobre lo jurídico. Por obvias razones, lo jurídico es la guía de la JEP. Y con toda razón, ese tribunal ratifica su autonomía.
Hay que recordar el activo papel que tuvo el hoy suspendido canciller colombiano en la elaboración del acuerdo sobre justicia con las Farc. Y que en esa tarea, aunque parezca hoy extraño, estuvo muy cerca de él, como asesor jurídico, el hoy fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, que luego se hizo el de la vista gorda.
La teoría que entonces esgrimían los dos era la del “margen nacional de apreciación”, que para efectos del acuerdo con las Farc, significaba que, para conseguir la paz, un derecho superior que el Estado está obligado a garantizar, un país puede diseñar jurisdicciones especiales, como lo fue la JEP, siempre y cuando no viole normas del derecho internacional sobre los derechos humanos.
En otras palabras, que pueden crearse sistemas de justicia que respondan fundamentalmente a las necesidades de paz de una nación.
En esa misma línea, Leyva ha sugerido en sus críticas a la JEP “revisar” la tarea que ha hecho esa jurisdicción, como modelo de justicia en el mundo, para “perfeccionarla”.
La discusión sobre la prevalencia de lo político sobre lo jurídico es válida en aras de la paz, pero quizás el mejor camino no sean las críticas a la JEP, sino un debate abierto sobre el tema.
No deja de ser llamativo que la JEP, que ha recibido críticas de la derecha que no respaldó el acuerdo de paz con las Farc, tenga hoy también críticas de los ex-Farc, para quienes se pensó esa jurisdicción.
