Recursos públicos e internacionales y riesgos asociados en zonas de conflictividad

Llegando al final del año, el frenesí de diciembre se recarga con diferentes noticias. La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en una gran demostración de habilidad política, nomina a Colombia para ser sede de la COP 16 de Biodiversidad el siguiente año, y es aceptado por los países parte. Tremendo éxito, sin precedentes, que tiene diferentes implicaciones, además de lo que corresponde a la visibilidad nacional en el contexto de las discusiones sobre los mecanismos financieros, las metas de reducción de emisiones, o la transición energética. 

Un país como Colombia, recupera liderazgo en el escenario internacional, que ha estado opacado en años recientes por posturas moderadas que han estado bajo la influencia de sectores políticos y económicos que aún les cuesta trabajo asumir las implicaciones para un país tropical como el nuestro, la acelerada pérdida de biodiversidad y su sinergia negativa con los eventos climáticos extremos en territorios que, en general, tienen conflictos de uso del suelo, rural y urbano. 

Esto, pone de relieve, la crisis mundial por los escasos recursos de financiación provenientes de los países considerados grandes emisores de gases efecto invernadero que, a su vez, tienen la llave de los grandes préstamos para países en proceso de industrialización, que destinan gran parte de su propios recursos al pago de la deuda. Hasta allí, la historia es consistente. 

Sin embargo, cuando se viene al escenario doméstico, nos encontramos con algunos retos que deben ser resueltos en el corto plazo. El primero de ellos, es la capacidad de ejecución del sector ambiental, que históricamente, también ha estado rezagado; sin embargo, este año han empezado a entrar los recursos destinados en el Plan Nacional de Desarrollo, a través del llamado Fondo para la Vida. Y con ello, nos encontramos, que la mayoría de instituciones del SINA, han tenido una baja capacidad de ejecución históricamente, y que no se ha llevado a cabo un proceso de fortalecimiento administrativo que les permita adecuarse a las nuevas condiciones de implementación. 

La estrategia de los convenios interadministrativos con otras entidades del Estado, ha permitido no solo avanzar sino consolidar corresponsabilidad, lo cual es un buen norte para asumir las enormes tareas que hay en el Plan de Desarrollo, y que requiere el concurso de todo el Estado, y no solo de entidades ambientales. Por otra parte, se ha impulsado de manera significativa, los procesos de contratos, convenios, y asociación, con diferentes organizaciones sociales de segundo y tercer nivel, lo cual apunta al empoderamiento social, su fortalecimiento administrativo, la eficiencia del gasto, y el incremento del impacto local. 

Todo lo anterior, loable y necesario. Sin embargo, es necesario, ser absolutamente rigurosos, en el acompañamiento y fortalecimiento de estas organizaciones, para que su capacidad de administración, ejecución, e impacto, sean los deseados. Ejemplos en los países de la región los hay. Uno de ellos, las plataformas sociales de la Amazonia brasileña, que durante años, han ido aumentando su capacidad, con un apoyo de largo plazo por parte de la cooperación internacional. También, podemos señalar el proceso que impulsa el Fondo Noruego de Derechos Humanos, que apoya organizaciones en todo el país, que paulatinamente van ganando en condiciones de manejo y representatividad de las comunidades que dieron origen a su creación. La Alianza por el Clima y el Uso del Suelo, hace lo propio en Perú, Colombia. Y otros países del continente, tanto con comunidades indígenas como campesinas. 

En medio de estas iniciativas, también es importante señalar, que hay una enorme disputa por la representatividad de las organizaciones locales, en virtud de la expectativa que hay por la llegada de recursos, ya sean estos públicos o internacionales. La disputa se da, entre los liderazgos sociales existentes, pero también con los grupos armados que ven allí un potencial para fortalecer sus bases sociales, así como de organizaciones funcionales a sus propósitos, y seguramente, a que algo de esos recursos vayan directo a su control. 

Funcionarios con muchas ganas, inocencia, y a veces irresponsabilidad, les han dado alas a esas intenciones de las nuevas “organizaciones” , abrogarse la representatividad de grandes territorios. En las Mesas de Dialogo se tendrá que decantar, pues no es posible pasar por encima de la legitimidad de las juntas y asociaciones locales, así como la historia y honra de quienes hoy están cumpliendo con los acuerdos de paz, para “consolidar” procesos que son frágiles, y en otros casos, humo. Esto, es responsabilidad de cada Gobierno, que no puede, por facilidad para sus interlocuciones políticas en territorios en disputa, fortalecer a quienes le interesa, e invisibilizar a quienes no le representan ningún interés político, a pesar de su legitima representatividad. 

Al cerrar esta columna, se vienen a mi cabeza los momentos intensos que hemos vivido en el quinto ciclo de diálogos con el ELN en México. Agradezco al país anfitrión, a los garantes y de apoyo, a los observadores.  La intensidad del ciclo, probablemente, nunca se conozca; pero lo que estoy seguro, es que hay un grupo de colombianos y ciudadanos del mundo, que están entregando su vida por sacar este proceso adelante, de manera ejemplar, en medio de ejemplar discreción. Para los procesos de dialogo en curso, con el ELN y EMC, deseo lo mejor para el año que viene, y que ojalá este final de año permita consolidar las confianzas necesarias para concretar en los territorios las acciones que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y sus ecosistemas.