Como vamos adentrándonos en los detalles del fenómeno de El Niño, a la par con los diálogos de paz, las necesidades de reactivación económica y de seguridad para las poblaciones, vemos tambien el reto tan complejo que hay al frente.
De una parte, los territorios del Pacífico, la disputa entre las AGC, EMC y ELN está al máximo de tensión, y ya pareciera elevarse a una categoría mas preocupante con la reciente alianza entre la Segunda Marquetalia y el ELN, en Nariño, con el fin de enfrentar la expansión del EMC. Estos territorios, que coinciden con una de las zonas más biodiversas del planeta, donde abundan los territorios de Autoridades Públicas Indígenas y Comunidades Negras están siendo azotados por una conflictividad armada cada vez mayor. En el Caribe, las AGC se expanden vertiginosamente, así como el caso de EMC en la región amazónica, caucana, del Catatumbo y Magdalena. Bosques, resguardos, parques nacionales, comunidades negras, reservas forestales concentran el mayor porcentaje de grupos armados ilegales del país. Por tanto, es allí donde debemos concentrar el actuar de manera integral en una política de paz ambiental.
Estos conflictos golpean no solo la biodiversidad, sino a las organizaciones sociales. Cada grupo se disputa los liderazgos, las decisiones, y las estructuras, sin tregua, es decir, o sometiéndolas o amenazándolas.
No es un asunto exclusivo de control sobre las economías ilícitas, (también las lícitas), sino sobre el control poblacional, entendido como la sujeción a unos lineamientos, instrucciones, decisiones, además de aspectos como el relacionamiento con los gobiernos locales o nacionales, o la cooperación internacional, o el sector privado. En ese orden de ideas, en las agendas de diálogo, se ha señalado como crítico, el aspecto de las garantías a la población civil en el marco de los mecanismos de participación y disminución de las hostilidades.
Sin embargo, las hostilidades ambientales sean estas entendidas dentro del marco legal o no, siguen allí afectando de manera importante estos territorios, ya sea por efectos de los modelos de uso del suelo, o la confrontación armada entre grupos. Desde los procesos de deforestación, minería, carreteras no planificadas, invasión de áreas protegidas, minado de territorios, instalación de cultivos ilegales, o de ganado en zonas con restricción legal, entre muchas otras acciones, siguen deteriorando los ecosistemas de las zonas referidas anteriormente. Por tanto, no basta con llamar la atención sobre la “legalidad” de la actividad, sino sobre las alternativas a los usos, asentamientos, modelos de desarrollo local y derechos territoriales de quienes viven en esos territorios, de manera que podamos darle vuelta a este círculo vicioso de degradación ambiental y ausencia de alternativas de desarrollo regional accequibles para poblaciones que por su vulnerabilidad, son víctimas muchas veces en esta dinámica de ilegalidad.
Frente a cada dinámica de ilegalidad hay una serie de alternativas que se pueden explorar de manera conjunta. Los usos de bosques como forma de conservación; la zonificación y reconversión ganadera en silvopastoreo; la restauración de áreas degradadas y aplicación de criterios de minería sostenible de pequeña escala; los modelos de transformación de cultivos ilícitos en procesos de reconversión a sistemas agroforestales con niveles de transformación y encadenamiento; el desarrollo de infraestructura vial verde para los planes viales terciarios, entre muchas de las ofertas que se deben dar de manera simultánea. Todo lo anterior, además, basado en los derechos sobre la tierra que permitan una consolidación de las economías campesinas, indígenas y negras, como una oferta clara de bienes y servicios alimentarios y ecosistémicos para el país y el mercado internacional.
Todo lo anterior requiere una interlocución poderosa con las organizaciones sociales del territorio, que van a estar al frente de la recuperación de sus territorios afectados por las diferentes conflictividades socioambientales. Esto es imposible, si no se respetan sus autonomías, formas de organización, liderazgos, representatividad, ritmos, prioridades, y orientación política. No será posible un país en paz, ni territorios saludables ambientalmente, si no podemos llegar a respetar la autonomía de la organización local, y además, empoderarla y fortalecerla. De no hacerlo, se pone en riesgo la democracia local, y la salud ambiental del país.
El Estado en su conjunto, pero especialmente el Gobierno, debe poner todo su esfuerzo en proteger esas organizaciones y su autonomía, en medio de las conversaciones de paz, y evitar el facilismo de darle protagonismos o representatividades “infladas” desde los diálogos, pasando por encima de aquellos que han buscado su propio camino a pesar de las dificultades de la guerra. La gente está a la espera de esta señal del Gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil organizada.
