La política de paz total se encuentra en un momento de definiciones claves,cuando se acerca la primera mitad del gobierno Petro. Desde el primer día de su mandato el Presidente se embarcó en una inédita y audaz estrategia de conversar con todos los grupos generadores de violencia en el país y con generosidad abrió rápidamente varias mesas simultáneas de negociación,con el claro propósito de aliviar el drama humanitario de miles de colombianos en los territorios y disminuir la intensidad del conflicto en distintas zonas en las que la seguridad se deterioró durante los 4 años del gobierno Duque. No podemos olvidar que en ese tiempo el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC crecieron geométricamente y,según las propias cifras oficiales,en algunos casos duplicaron el número de sus integrantes y los municipios en donde hacían presencia. Esa mano tendida del primer gobierno de izquierda en Colombia no ha tenido una respuesta positiva por parte de los grupos ilegales.
La voluntad de paz del presidente Petro no admite dudas pero desde el comienzo tuvo dos grandes limitaciones. En primer lugar,la ausencia de una estrategia de seguridad integral que permitiera recuperar el terreno perdido frente a los violentos y, por otra parte,la falta de un compromiso firme con la implementación del acuerdo de paz del 2016. Esas dos falencias han generado frustraciones comprensibles en los habitantes de las zonas más afectadas por el conflicto en donde se ha recrudecido la violencia. La gente no ve que las fuerzas militares actúen con contundencia contra los criminales y tampoco llega la inversión a la que se comprometió el estado en los 170 municipios en los que se construyeron los planes de desarrollo con enfoque territorial,con una amplia participación de las comunidades.No se comprendió que en esos municipios,en donde se debió concentrar la implementación de los acuerdos,es en donde actúan los elenos o las disidencias. Las transformaciones territoriales que ahora se plantean tienen su punto de partida precisamente en los PEDETS. Desafortunadamente,desde el inicio del gobierno se cometió la equivocación de eliminar la Consejería del Posconflicto y a pesar de los anuncios de hace un año,no se ha rectificado el rumbo de la implementación que aún carece de un timonel con liderazgo político que coordine a las entidades del gobierno y los entes territoriales.
Con el orden público alterado y el evidente deterioro de la seguridad urbana y rural,el gobierno deberá tomar decisiones para la segunda mitad de su periodo. Los ceses bilaterales del fuego han sido parte esencial de su estrategia pero no sirven para llegar a acuerdos definitivos de paz que se ven muy lejanos.Las últimas declaraciones de elenos, disidencias de Iván Mordisco y la Segunda Marquetalia son desalentadoras. El ELN no se cansa de repetir que ellos no aceptarán que se discuta su desmovilización y desarme,no contemplados en la agenda pactada. Para ellos,esta negociación es totalmente diferente al proceso con las FARC.Por su parte,las disidencias han insistido en el mismo camino y advierten que no hablarán de sometimiento a la justicia,que el sistema de justicia transicional de la JEP no les sirve y que ellos no se desarmarán.
Con ese panorama y las violaciones permanentes al cese al fuego por parte de los distintos grupos, el gobierno parece reaccionar con mensajes fuertes como el levantamiento del cese bilateral con las disidencias en el suroccidente y lanza una ofensiva importante que produce resultados contra esas estructuras armadas.La verdad es que si no se golpea militarmente a los violentos,que el propio jefe de estado calificó de “traqueteos disfrazados de revolucionarios”,no existen incentivos para que avancen con seriedad en una mesa de negociaciones.El cese bilateral en esas condiciones es muy cómodo para ellos porque les garantiza continuar en sus actividades criminales y mantener sus rentas ilícitas,sin que el estado actúe en su contra. Es momento que el gobierno exija seriedad en las mesas,intensifique las acciones militares y defina con qué grupos se persiste en una salida negociada y a cuáles definitivamente debe confrontar con el poder estatal. En las últimas semanas se ha endurecido el tono de los discursos presidenciales frente a estos grupos y decisiones como las adoptadas contra las disidencias de Iván Mordisco demuestran que Petro analiza distintas opciones y evalúa ajustes y rectificaciones a su política de paz total. Ojalá las haga y se recupere la iniciativa del estado. Esa postura tendría sin duda al respaldo de los colombianos que hasta el momento sienten que la paz total no produce los frutos esperados.
