Entrando de lleno en el proceso de diseño de la participación, en el marco de los diálogos de paz con el ELN, ha sido supremamente interesante escuchar la percepción de la gente sobre la condición ambiental de sus territorios. En general, la mayoría señala que a pesar de haber vivido décadas en la abundancia de recursos naturales, hoy perciben que hay agotamiento de estos recursos, y que, adicionalmente, las formas de uso actual del territorio inciden en su condición actual de deterioro. Por último, perciben el calentamiento global, como un hecho palpable y creciente, y que los pone en decisiones urgentes.
El caso más llamativo, en la costa Caribe donde desde la entrada de los ríos Magdalena y Cauca en su planicie, está marcada por esa enorme avalancha de sedimentos y contaminación de metales pesados que traen sus aguas. La Mojana cuya inundabilidad -que tiene una condición geológica depresional-, ahora se ve adicionalmente afectada por decisiones como intentar “encauzar” un río con diques, y poner a disposición de la agricultura tradicional miles de hectáreas. Llegan, además, centenares de toneladas de sedimentos de la deforestación, y de las prácticas de minería aurífera en grandes áreas de la cuenca, donde títulos legales se mezclan con toda suerte de poblaciones y grupos armados que también reclaman su pedazo de acceso a la “prosperidad”.
En las inmediaciones de la Serranía de San Lucas, la depredación de los ecosistemas únicos, no representados en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, avanza rampante. La deforestación nacional ubica en esta zona su segundo núcleo más activo, con el agravante de que los bosques remanentes están más fragmentados, degradados con actividades como la extracción minera, en pleno auge, mientras la producción cocalera enfrenta nuevas condiciones de mercado, compradores, rutas, y, por supuesto, disputas armadas. En otras zonas, la ampliación de cultivos de palma, donde confluyen desde proyectos de gran escala e inversión, hasta los promovidos con el Programa de Paz del Magdalena Medio para pequeños campesinos, se enfrenta al reto de articular sus esfuerzos hacía la incorporación de elementos de ordenamiento territorial y zonificación ambiental, que impidan un crecimiento que impacte las conectividades ecológicas entre parches boscosos, áreas de ciénagas, y zonas de protección hacía el Perijá y Antioquia. Ahora, la conectividad ecológica, no solo la amenazan la coca, los búfalos y el oro, sino las minas antipersonal, que le ponen otro ingrediente brutal a la escena: grandes zonas minadas, trazan corredores de guerra entre Antioquia, San Lucas y Cesar.
El incremento en las zonas de expansión ganadera y bufalina, especialmente en zonas de ciénagas, bosques deforestados y partes inundables de las planicies aluviales del Cauca-Magdalena, impone también un reto en el seguimiento detallado de la actividad en función de su zonificación, y trazabilidad para mercados selectivos. Para dimensionar lo que ocurre, a excepción de los municipios del arco amazónico (San Vicente, Macarena o Cartagena), lo que sucede en Cimitarra o Ayapel, donde su hato ganadero sobrepasa las 260.000 cabezas, nos señala que aquí también hay un elemento a revisar en la estrategia de análisis y trazabilidad de la movilidad bovina en el país, cruzada con las zonas de deforestación y degradación. La concentración de tierras, por ejemplo, en sur de Bolívar, donde el índice de Gini es de 0,68, y una informalidad de 75 por ciento en la formalización, señalan los retos para hacer compatibles el ordenamiento de la propiedad y el ordenamiento ambiental. La desactualización catastral en municipios como Norosi, Santa Rosa, Cantagallo o San Pablo, todas superiores al 65 por ciento, nos dan una idea del reto general.
Desde hace más de media década, el país, a través de Parques Nacionales y comunidades locales, ha intentado desarrollar una estrategia de formalización de un Área de protección y Manejo con todos los actores territoriales. Ciertamente, cuando tenía aun presencia la guerrilla de las Farc, se lograron llegar a acuerdos con campesinos, instituciones, empresas, y grupos armados, para desarrollar una propuesta conjunta de “línea amarilla”, donde se desarrollaría el área núcleo de conservación, y la configuración de zonas de producción sostenible, restauración, producción, en un conjunto de zonas para un Distrito de Manejo Integrado. Después del Acuerdo de Paz, los consensos locales se desbarataron, y poco a poco la idea fue siendo minada, los líderes locales amenazados, algunos desterrados y asesinados (como don Teófilo Acuña), y las instituciones desalojadas, así como la prohibición de hablar de “conservación”. Hoy, hasta el pin para hacer llamadas, o el foco del celular para la selfi están controlados o prohibidos. Hostilidades ambientales puras y duras.
La confluencia de decenas de organizaciones, ya sea alrededor de la defensa de la tierra, los bosques, la actividad minera, las aguas, o muchas más, tienen ante sí un escenario que requiere de concertación, acción climática inteligente, participación de todos los actores, y visión de largo plazo. La convergencia de actores, donde las AGC tienen una importante presencia, así como el ELN, y diferentes organizaciones sociales y políticas, excombatientes, sector privado, entre otros, podría ser una apuesta de acuerdos sociales e institucionales que le den salida a las expectativas económicas y políticas existentes sobre una zona que es decisiva en la sostenibilidad futura del país. Los planes de producción, restauración y conservación serán un eje que se repita una y otra vez en todo el territorio nacional. En la práctica, los acuerdos y la búsqueda de futuro para todos debe ser la constante. De lo contrario, apague y vámonos.
