Luis Carlos Sarmiento y su hijo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, dueños del Grupo Aval, socio colombiano de Odebrecht en la construcción de la Ruta del Sol 2, esa megacarretera que nunca se construyó, están de fiesta, o al menos eso es lo que ellos creen.
La razón para tanto jolgorio es que la Fiscalía colombiana acaba de encubrir su versión según la cual, los directivos del Grupo Aval nunca supieron de las coimas que se pagaron en sus narices y que, si hubo actos corruptos, estos fueron cometidos solo por un exempleado, el maléfico José Elías Melo, entonces presidente de Corficolombiana, una de sus más significativas empresas.
En la rueda de prensa en la que la Fiscalía anunció el supuesto fin de la investigación, “exoneró” a los directivos del Grupo Aval de toda responsabilidad en el esquema de pago de coimas que se habría urdido desde la Ruta del Sol 2, epicentro de un escándalo desde donde se giraron más de 33 millones dólares entre sobornos y pagos irregulares durante varios años.
Sorprende que la Fiscalía haya perdido el pudor y haya decidido llegar a esta conclusión, pese a que hay muchas evidencias de que varios directivos del Grupo Aval no solo sabían del pago de millonarias coimas sino que las acordaron con algunos directivos de su socio Odebrecht. La primera es el acuerdo que Corficolombiana acaba de firmar con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el que confiesa haber participado en el esquema de pago de coimas y acepta que hubo, además, un soborno de 3.4 millones de dólares a un alto funcionario de la rama ejecutiva del Gobierno Santos. El Grupo Aval cree que puede negar aquí el delito que aceptó allá ante el DOJ porque cuenta con el “aval” de la Fiscalía. Pero el Grupo Aval ya no puede tapar el sol con las manos: la única razón para que no haya ningún investigado ni imputado del Grupo Aval no es porque no se encontraron méritos para encauzarlos sino porque la Fiscalía de Barbosa decidió protegerlos, encubrirlos.
Para profundizar
La segunda evidencia de que el Grupo Aval y sus dueños sí sabían es lo que dijo en la entrevista que dio Melo a CAMBIO, cuando habló de cómo Luis Carlos Sarmiento y su hijo Sarmiento Gutiérrez estuvieron muy involucrados en la licitación de Ruta del Sol 2, desde el mismo momento de su estructuración. Durante esta etapa preliminar también se produjeron actos corruptos que afectaron la competencia y que ameritaron que la SIC, en 2017, ordenara terminar el contrato y en 2018 les formulara pliego de cargos. En esa investigación de la SIC, se concluye que la coima de 6.5 millones de dólares que se le prometió al entonces viceministro de Transporte y director encargado del INCO en 2009 y que le fue pagada en 2010, se acordó entre Odebrecht y Corficolombiana y que José Elías Melo, como presidente que era de esa corporación financiera, actuó siguiendo los mandatos que le impartía la junta directiva del Grupo Aval, presidida por Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Aunque la coima fue pagada por Odebrecht con dineros no registrados provenientes de Brasil, se acordó con Corficolombiana que el costo del soborno se repartiera entre Odebrecht y Aval de acuerdo con el porcentaje de acciones que tenía cada compañía en el negocio de la carretera y que no había que avisarle al tercer accionista porque solo tenía el 4.9%.
La investigación de la SIC encontró que ambos establecieron la forma como Corficolombiana debía pagarle a Odebrecht su parte de la coima, operación que se hizo sin levantar ninguna suspicacia a través de giros ficticios a España. Creer que Melo movió por su propia cuenta el pago de una coima, sin que nadie se diera cuenta en una empresa que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es un cuentazo que no se lo cree nadie.
Otra prueba de que en Colombia nunca se investigó, salvo lo que hizo la SIC, fue la gestión de Corficolombiana en relación con el concepto jurídico secreto que se le entregó al viceministro Gabriel García Morales, pocos días antes de la adjudicación del contrato y que nunca fue registrado, porque se le entregó para que quedara oculto, en la penumbra. García Morales le habría pedido ese concepto a Luis Antonio Bueno Junior, jefe de Odebrecht en Colombia, el 14 de diciembre del 2009, en una reunión clandestina, una de las tantas que tuvieron para acordar el pago de la coima y fijar las condiciones en las que García se comprometió a “no permitir ningún tipo de flexibilización de la mesa evaluadora a la hora de evaluar las ofertas”.
García contó que pocos días antes de que adjudicara la licitación, le exigió a Bueno Junior de Odebrecht un concepto de un abogado reconocido para que avalara su decisión de excluir a OHL de la lista de proponentes con el objeto de que quedara solo el consorcio liderado por Odebrecht y el Grupo Aval, como único oferente, lo que finalmente sucedió. Bueno Junior le comunicó la preocupación del viceministro García a Melo y este último fue el encargado de escoger el nombre de Hugo Palacios Mejía quien según García prestaba sus servicios a Corficolombiana, para que rindiera el concepto que finalmente llevaron.
García hizo esta revelación en su aceptación de cargos en 2017 y en su acuerdo de colaboración con la SIC, y dijo que la hacía con el propósito de demostrar que las conversaciones que de manera extraoficial había sostenido con Bueno Junior “eran del conocimiento de los socios del consorcio”, es decir, también de Corficolombiana.
En una declaración que hizo Bueno Junior en el juicio contra José Elías Melo contó que este concepto de Hugo Palacios Mejía había sido pagado por Corficolombiana. El pliego de cargos de la SIC, consideró estos testimonios como prueba de que otros en el Grupo Aval (y no solo Melo) sabían de las coimas. Sin embargo, la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez nunca abrió investigación contra otros altos directivos del Grupo Aval y todas sus energías se concentraron en demostrar que Melo era el único corrupto en esta historia, lo cual, se reitera, es contraevidente.
Otra prueba de que el Grupo Aval no fue una víctima de su socio corrupto es el protagonismo que tuvo en la etapa de la estructuración del proyecto la Corporación Financiera Internacional (FIC) del Grupo Mundial, la banca de inversión que había sido contratada por el gobierno para ayudar a la estructuración financiera del proyecto.
Se presentó un conflicto de intereses porque uno de los vicepresidentes de Corficolombiana era el esposo de la persona encargada de estructurar el proyecto dentro de la FIC, hecho que les habría permitido a Odebrecht y Aval, afinar la propuesta de acuerdo con las pautas dadas por la estructuradora financiera del proyecto. En estas operaciones habría jugado un papel muy activo Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo Aval, como lo demuestran varios correos electrónicos que sirvieron de sustento para que la SIC le abriera un pliego de cargos al propio Sarmiento Gutiérrez como presidente del Grupo Aval.
Y finalmente, otra de las pruebas que la Fiscalía desechó fue el acuerdo de transacción que yo revelé en su momento entre Odebrecht y el Grupo Aval, en el que ambas partes se comprometen a desistir de pleitos y acuerdan solucionar los vacíos contables dejados por los famosos contratos irregulares que habían sido denunciados por Jorge Enrique Pizano, controller del concesionario.
Odebrecht se comprometía a pagarle 33.000 millones de pesos a su socio colombiano, pago que nunca se hizo. Hoy sabemos que ese acuerdo era de papel, pero la Fiscalía de Martínez Neira (quien llegó a esa entidad con la doble carga de haber sido abogado del Grupo Aval y de haber formado parte de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014,) no lo investigó ni le pareció extraño que esos dineros no se hubiesen pagado. Tampoco que este contrato pudiera ser una manera para maquillar los sobornos.
Pero tal vez la prueba más ácida de que Sarmiento tenía que saber del esquema de pago de sobornos fue la confesión que hizo Otto Bula en 2017 ante la fiscal 80, Amparo Cerón, quien para sorpresa de muchos acaba de ser ternada por el presidente Petro para aspirar a la Fiscalía General de la Nación. Bula le confesó a la Cerón que esos contratos de papel que Jorge Enrique Pizano había descubierto y que el Grupo Aval aseguraba eran unos simples pagos irregulares, en realidad eran sobornos. Esa confesión de Bula terminó engavetada en una USB que sigue refundida.
Puede que el Grupo Aval sienta que la sacó barata y que logró solucionar sus problemas con la justicia de los Estados Unidos a cambio de una multa de 80 millones de dólares que para Sarmiento es plata de bolsillo. Se les olvida que para evitar exponerlos, la Fiscalía en Colombia cometió muchas injusticias que han destrozado la vida de muchos colombianos. La fFscalía puede haber decretado el cierre de la investigación pero todavía nos debe la verdad.
