Mientras que el Gobierno está polarizando políticamente al país y trata de imponer sus reformas, deja de lado la más importante que requiere Colombia.
Desde que inició su gobierno, el presidente Gustavo Petro ha emprendido un ambicioso programa de reformas que abarca desde el ámbito laboral hasta el educativo, pasando por la salud y la pensional y ahora una segunda reforma tributaria, la primera la presentó la semana en la que se posesionó como presidente y fue aprobada con facilidad por el Congreso. Sin embargo, estas iniciativas, aunque bien intencionadas, desvían la atención de una problemática esencial que afecta directamente la fibra social del país: la seguridad ciudadana.
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“El Gobierno nacional no puede permanecer indiferente ante la creciente inseguridad que afecta a los ciudadanos”.
La percepción de inseguridad en las ciudades colombianas, especialmente en Bogotá, ha escalado a niveles alarmantes. Noticias de hurtos y homicidios inundan los medios de comunicación diariamente, exacerbando un clima de temor que incluso ha motivado advertencias de embajadas a sus conciudadanos. Frente a este escenario, las acciones del Gobierno nacional son estériles, centrando sus esfuerzos en reformas que palidecen ante la urgencia de garantizar la seguridad física de sus habitantes.
Argumentar que se pueden implementar reformas laborales, de salud o pensionales sin asegurar primero la integridad física y patrimonial de los ciudadanos es pasar por alto el fundamento de cualquier política pública: la seguridad como pilar básico de la sociedad.
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“¿De qué sirve mejorar las condiciones laborales si los trabajadores son despojados de sus salarios por la delincuencia?”.
¿De qué sirve mejorar las condiciones laborales si los trabajadores son despojados de sus salarios por la delincuencia? ¿Cómo garantizar una atención médica adecuada si los pacientes corren riesgos al salir de los centros de salud? ¿Qué sentido tiene reformar el sistema pensional si los jubilados viven bajo la amenaza constante de ser víctimas de hurtos y extorsiones? ¿Para qué recibir una educación de calidad, si el estudiante está expuesto a que lo maten?
La situación carcelaria y judicial del país refleja un sistema en crisis, con establecimientos carcelarios que datan incluso de la época colonial, operando en condiciones de hacinamiento y corrupción. El garantismo judicial, aunque loable en su búsqueda de justicia perfecta, se enfrenta a la realidad de un sistema que parece más inclinado hacia la impunidad de quien delinque, que hacia la efectividad en la prevención y sanción del delito.
La solución no radica únicamente en aumentar el número de policías en las calles, sino en una reforma integral de la política criminal que aborde tanto las condiciones carcelarias como el sistema judicial, garantizando así una justicia eficaz y disuasoria para los delincuentes, que hoy se burlan de la justicia pues sienten que es ineficaz e ineficiente.
La escasa ejecución de iniciativas clave como el Conpes 3871, enfocado en la mejora de infraestructura carcelaria y el aumento de cupos, aprobado durante la administración Duque, evidencia una notable ineficiencia estatal. Este plan ha logrado avanzar apenas un 20 por ciento de su meta, pese a que ya debería haberse completado en su totalidad. Existe una política sucesora, el Conpes 4082, que busca reformular y dar continuidad a los esfuerzos del anterior, pero también se encuentra rezagada, alcanzando apenas un 13 por ciento de ejecución frente a una expectativa actual del 26 por ciento. Ambos Conpes resaltan la importancia de la inversión en construcción y ampliación de infraestructura carcelaria a nivel nacional como un eje estratégico del Estado. La demora en la implementación de estas políticas carcelarias subraya con urgencia la necesidad de reorientar tanto esfuerzos como recursos para enfrentar esta crítica situación.
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“Es imperativo que priorice la seguridad como la base sobre la cual se construyen todas las demás políticas de desarrollo y bienestar social”.
La seguridad en las ciudades, lamentablemente, no es hoy una política en la agenda gubernamental. No forma parte de la llamada paz total y en cambio sí es la base sobre la cual se erigen todas las demás políticas de un Estado. Gustavo Petro debe reconsiderar sus prioridades, enfocándose en fortalecer el sistema de seguridad y justicia del país. Solo así podremos aspirar a una sociedad donde las reformas laborales, de salud, educativas y pensionales puedan tener un impacto real y positivo en la vida de todos los colombianos.
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