Tras seis años de funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los antiguos jefes de las Farc han llegado a la conclusión de que tan solo ellos han asumido la responsabilidad que les cabe por los graves crímenes ocurridos durante el conflicto armado, mientras sigue sin pasar nada con las otras partes de ese conflicto.
En concreto, se refieren a los máximos responsables del Estado -excomandantes de las Fuerzas Armadas, exministros, exgobernadores, exalcaldes, legisladores y hasta expresidentes-, así como a algunos particulares.
Más allá de la crisis de los ex-Farc con la JEP por ese hecho, lo que ha vuelto a quedar sobre la mesa es la discusión sobre un tema que ya expusieron los exguerrilleros durante la negociación del Acuerdo Final de Paz en La Habana: que mientras las cabezas de los otros actores de la violencia no asuman responsabilidades, no habrá posibilidad de cerrar el conflicto.
En su momento, las presiones de los comandantes de las Fuerzas Armadas al entonces presidente Juan Manuel Santos -horas antes de que se firmara el Acuerdo Final de Paz-, y decisiones del Congreso y de la Corte Constitucional, eximieron de la obligación de ir a la JEP a esos otros máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra interna.
Pero antes y ahora, el punto de partida de los ex-Farc es que, bajo esas circunstancias, la verdad para las víctimas será incompleta y que, en consecuencia, también lo serán la justicia y la reparación. Y razón no les falta, pues es apenas lógico que resulta difícil pasar la página si la justicia solo se aplica a una de las partes responsables de la violencia.
El hecho es que este debate vuelve después de siete años de la firma del Acuerdo Final de Paz, y que para zanjarlo habría que replantear el mecanismo que hoy existe para conseguir verdad, justicia y reparación.
En otras palabras, lo que buscan los ex-Farc es revaluar el papel de la JEP y las leyes que la crearon y reglamentaron. Y esto, por supuesto, debe pasar por el Congreso.
Y en medio de la renovada discusión, proponen un acuerdo político nacional para crear un tribunal de cierre definitivo del conflicto, que según su planteamiento, permitiría la paz social.
La idea, según me explica el hoy senador de Comunes y exjefe de las Farc Carlos Antonio Lozada, es que a ese tribunal acudan, además de ellos, los otros máximos responsables de delitos graves “por acción o por omisión”.
Lozada precisa, y no es un detalle menor, que no están planteando una ley de punto final porque entienden muy bien que no es posible a la luz de la Corte Penal Internacional (CPI) y su Estatuto de Roma, firmado por Colombia.
“Ni jurídicamente, ni políticamente, tiene cabida una ley de punto final”, enfatiza el senador.
En cambio, proponen que la sanción restaurativa, que hoy se aplica en la JEP a quienes reconocen su responsabilidad por acción u omisión en delitos graves y aportan verdad, sea aplicada a todos los máximos responsables que no han tenido la obligación de acudir a ese tribunal.
“No estamos hablando de cárcel para nadie, sino de asumir responsabilidades políticas”, precisa Lozada.
En un punto como este, los ex-Farc mencionan concretamente al expresidente Álvaro Uribe y la eventualidad de una orden de captura internacional contra el exmandatario, en la investigación que le sigue un juez argentino por su presunta responsabilidad en los llamados falsos positivos.
Una de las bases de la propuesta de los ex-Farc es el artículo 27 del Estatuto de Roma, según el cual las inmunidades que suelen dar ciertos cargos en distintos países no liberan a esa persona de un juzgamiento en la CPI.
El artículo 27 establece que “las inmunidades y las normas de procedimiento especiales que conlleve el cargo oficial de una persona, con arreglo al derecho interno o al derecho internacional, no obstarán para que la Corte ejerza su competencia sobre ella”.
Por lo que Uribe representa, no solo como presidente de Colombia en una época de exacerbación del conflicto armado, sino como uno de los políticos más populares del país, Lozada está convencido de que “el acuerdo nacional no es posible sin Uribe”.
Confirma que no ha habido contactos con el expresidente para hablar sobre el tema, pero que ya por lo menos está planteado públicamente.
¿Qué tan posible es un acuerdo entre Uribe y los ex-Farc para pasar definitivamente la página del conflicto, como proponen los exjefes guerrilleros? ¿Qué viabilidad tiene un acuerdo político nacional sobre este tema, en medio de la polarización que hay en Colombia?
Esas son las preguntas y los retos, más allá de los cambios jurídicos que tendrían que hacerse.
