Un privilegio que les ha costado 19.000 millones a los bogotanos

No cabe duda de que incluso en Bogotá, donde no es tan palpable la violencia de grupos criminales, puede haber riesgos altos de seguridad para dirigentes y líderes políticos. 

Lo que sí es muy discutible es que el mero hecho de asumir el cargo de concejal de Bogotá convierta a un ciudadano, de la noche a la mañana, en persona con riesgo extraordinario de seguridad. 

Y es eso, precisamente, lo que ha venido ocurriendo con los concejales de la capital del país desde 2014. Esto, por obra y gracia de un convenio que ese año firmó la Secretaría de Hacienda con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para evaluar los riesgos de seguridad de cada uno de los concejales y asignar esquemas de protección, si fuera el caso.  

Desde entonces, invariablemente, todos los concejales de Bogotá que se someten al estudio salen con riesgo extraordinario en los análisis que hace un comité encabezado por la UNP, lo que ha implicado dotarlos de camionetas blindadas.

Lo más curioso es que en 2013, año en el que no existía el convenio, para la UNP solo tres concejales de la ciudad requerían esquema de protección. 

¿Qué cambió en términos de seguridad en Bogotá desde 2014 como para que, según la UNP, desde ese año todos los concejales de la capital colombiana necesiten camioneta blindada? 

Nada cambió. Incluso, en la ciudad los homicidios han caído desde entonces. En 2014 se registraron 1.350 y en 2022 hubo 1.009. Es decir, 25 por ciento menos.  

 Pero el convenio ha sido renovado de manera sucesiva y la UNP contrata con privados la provisión de los vehículos blindados. ¿Hay una necesidad real de proteger a todos los concejales, o hay un negocio de por medio?

Solo por las camionetas blindadas para los concejales del período 2020-2023, los bogotanos han pagado 19.000 millones de pesos. Con esa plata, según me dijo el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, podrían costearse 500 becas del programa Jóvenes a la U, o un mes del ingreso mínimo garantizado de 100.000 familias pobres de Bogotá. 

Únicamente cuatro concejales no han tenido camionetas blindadas en este período. Y es así porque no se hicieron el estudio de riesgo -Diego Laserna y Martín Rivera- o porque renunciamos al esquema de protección, como los casos de María Fernanda Rojas y yo.

Es decir, el 91 por ciento de los concejales de Bogotá se movilizan hoy en camionetas blindadas, mientras sus pares de regiones con situaciones de seguridad notoriamente más complejas no las tienen. 

Sé, por conversaciones con el actual director de la UNP, Augusto Rodríguez, que a él también le resultan llamativos los resultados que desde 2014 arrojan los estudios de riesgo sobre los concejales de Bogotá. Ha dicho que revisará el tema.

En todo caso, lo que está de por medio es también una decisión política que los tres últimos alcaldes de la capital –Gustavo Petro, Enrique Peñalosa y Claudia López-- no quisieron tomar: suprimir el convenio con la UNP, para que, como ocurre con el resto de los concejales del país, los esquemas de protección sean el resultado de estudios que no tienen por adelantado un presupuesto asignado. 

El candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, me aseguró que él sí está “dispuesto a revisar el contrato con la UNP”, si llega a ser alcalde de la capital.

Y es lo que debería ocurrir, pues así como no hay duda de que puede haber concejales de Bogotá con riesgos altos de seguridad, resulta muy sospecho que para la UNP todos tengan riesgo extraordinario desde 2014, cuando la Secretaría de Hacienda parece haber pensado más en el confort de los concejales que en la austeridad con los recursos de los bogotanos.

Ese confort también ha implicado destinar a decenas de policías en motocicletas como escoltas de concejales, a pesar de que hacen falta para proteger a los ciudadanos.  

El general Jorge Luis Vargas, candidato de Cambio Radical a la Alcaldía de Bogotá, me dijo que está de acuerdo con que los policías no deberían estar escoltando concejales. “Mejor los policías en las calles”, anotó. 

Está claro que hay que revisar ese sistema de privilegios.