Mucho dieron de qué hablar las declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, en su intervención en Buenaventura al cierre de una visita en la que se trataron, entre otros temas y con sobradas razones, la realidad y la posición de las comunidades afro del Pacífico sur frente a la resolución 0119 de 2024 de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), mediante la cual se despenaliza la captura incidental de quince especies de tiburones y rayas marinas, que ahora podrán ser consideradas como recursos pesqueros susceptibles de ser aprovechados. Más específicamente la ministra se refería al decreto que precede al de este año, el 281 de 2021, en el cual los tiburones, las rayas marinas y las quimeras fueron considerados recursos hidrobiológicos no pesqueros.
El tema es de suma importancia porque nos permite abordar un asunto que sigue pendiente en nuestro país y es el equilibrio entre el cuidado ambiental y la calidad de vida de las familias que habitan y son parte integral de los ecosistemas que necesitamos proteger. Un asunto asociado a las megaobras de infraestructura, al aprovechamiento de los recursos minerales, pesqueros, vegetales, entre muchos otros; al turismo, a los modos de combatir el narcotráfico, y a todas las apuestas de estabilización territorial y desarrollo que se proyectan desde el orden nacional y regional para estos territorios megadiversos, como el Chocó Biogeográfico. La ministra Mojica, sin embargo, decidió encaminar su discurso, según ella misma explicó en una entrevista televisiva posterior, a criticar el mecanismo mediante el cual se definió el decreto 281 de 2021. “Una muestra clara de lo que es el racismo” dijo, para referirse a la toma de decisiones desde “el país central, blanco y privilegiado de las ciudades”, sin consultar a las comunidades. Dijo que se trataba de “un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi (…) de los yupicitos, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones, dando no solo la espalda sino, dando una muestra clara de lo que es el racismo”.
Durante la intervención, la ministra y al menos tres mujeres detrás de ella portaban turbantes con diseños idénticos. Como si se tratara de un uniforme para el evento. Uno que al parecer cambia según el lugar, al parecer como un lineamiento de la cartera, porque revisando la cuenta de Instagram del ministerio vi a la ministra con sombrero llanero en Yopal, en San Basilio de Palenque con una boina con telas étnicas y a la viceministra con trazos wayuu en su rostro mientras estaba en La Guajira. Están dando una muestra clara de que no saben que esta es una práctica racista, en la que se reducen las manifestaciones culturales de las comunidades racializadas a un mero disfraz, que portan en busca de popularidad en sus eventos, pero que se quitan una vez llegan a Bogotá, lógicamente, porque no hace parte de su cultura. Allá, “en el país central, blanco y privilegiado de las ciudades”, las vemos con lo que aparentemente corresponde a su vida cotidiana: pelo rubio, suelto y cepillado.
En Buenaventura la ministra dio, además, una muestra clara de instrumentalización de nuestros discursos y nuestros reclamos, poniéndolos al servicio de una discusión politiquera que no nos interesa. Puedo asegurar que, para la gente afro del Pacífico, es irrelevante si las decisiones las toman gomelos o yupis, términos que además no usamos; lo que nos importa, como bien dijo la ministra, es nuestra vida real; no para entrar en una discusión absurda y binaria de dos mundos enfrentados, sino para avanzar en la búsqueda de la plena garantía de nuestros derechos.
Los centros blancos de las ciudades, yupis o sin privilegios, de derechas o de izquierdas, han sido iguales de racistas y excluyentes con las comunidades del Chocó Biogeográfico, de eso también tenemos muchas muestras claras. Bien hace la ministra en plantearse la necesidad de una gestión pública libre de racismos, y para eso tendría que empezar por respetar las manifestaciones culturales, estéticas y las luchas de nuestros pueblos.
