Un informe policial obtenido por esta columna demuestra que el expresidente Álvaro Uribe Vélez mintió al establecer que en su gobierno “no hay un solo pago por matar personas inocentes”. Por el contrario, la documentación y la evidencia demuestran que existió una estructura sistemática, en donde se hacían pagos a los militares, civiles e incluso a paramilitares por las supuestas bajas en combate, que en realidad eran ejecuciones extrajudiciales.
Me explico.
El presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el comandante del Ejército Nacional de Colombia, Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, pidieron excusas en nombre del Estado por los falsos positivos de Bogotá y Soacha. Un suceso histórico.
Recordemos que la Jurisdicción Especial para la Paz, mediante su Auto 033 de 2021, dio a conocer que, en Colombia, entre 2002 y 2008, durante los gobiernos del expresidente Uribe, 6,402 civiles colombianos fueron víctimas de este crimen. Para tener una perspectiva, ese número es el doble de las muertes que produjo el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, contra los Torres Gemelas y el Pentágono. O visto de otra manera, cerca de 1.000 asesinatos al año, durante siete años. Una cifra demasiado escalofriante.
Como respuesta a ese suceso, el expresidente Uribe estableció que durante sus administraciones se priorizaron las desmovilizaciones y que siempre se “exigió el cumplimiento de los derechos humanos (…) El presidente Gustavo Petro dice que nuestro gobierno pagaba por matar a personas inocentes. No es cierto. No hay un solo pago por matar personas inocentes, nuestra política siempre prefirió la desmovilización y en efecto hubo 53.000 desmovilizados”.
Falso. Pero para explicarlo vamos por partes como dijo el señor cargando la motosierra.
Existe amplia evidencia que comprueba que en los gobiernos de Uribe se priorizaron las muertes en combate sobre las desmovilizaciones. Para demostrar esto, solo hay que revisar las tablas oficiales en las que se ranqueaban a las divisiones por muertos en combate o citar la política del entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, quien dijo en documentos oficiales: “las bajas no es lo más importante, es lo único”. (Ver Anexo A)
No fue sino hasta la directiva 300 de 2007, óigase bien, en 2007, cuando se dispuso, a partir de esa fecha, ya cuando habían ocurrido miles de lamentables falsos positivos, que se privilegiaba como medición de los resultados operacionales las desmovilizaciones colectivas e individuales, sobre las capturas. Antes de eso eran las bajas lo único que importaba. Eso, por una parte.
Por la otra, la directiva 029 de 2005, que estuvo en vigor hasta 2008, otorgaba pagos por información a “personas indeterminadas”, sin limitar explícitamente a civiles. Esa directiva, que tiene 15 páginas, estableció pagos por balas decomisadas, armas incautadas y guerrilleros abatidos. Era una política institucional que establecía el estímulo por la muerte de guerrilleros.
No hay que olvidar el video que publicó el periodista Julián Martínez, sacado del informativo de la Presidencia de la República en 2008, que muestra cómo los militares pagaban con sobres con dinero en efectivo recompensas a personas encapuchadas.
Fuera de eso, el decreto 1400 de 2006 también otorgaba beneficios a los propios militares. Además de dinero, la evidencia muestra que se concedían otros premios como permisos y condecoraciones a las unidades que demostraban los muertos en combate. (Ver Anexo B)
Recordemos que, en 2008, el gobierno de Uribe tenía una red de informantes conformada por 2.109.696 personas y ese año se pagaron 29.500 millones de pesos en recompensas por bajas que algunas terminaron siendo falsos positivos. Mientras que, en 2007, desembolsaron 18.529 millones de pesos. Un gobierno que destinó casi 50.000 millones en dos años para ayudar a asesinar a sus propios ciudadanos.
Estos son hechos, aunque el expresidente Uribe intente ignorarlo o reescribir la historia y borrar la evidencia con el alto tono de su voz y la contundencia con la que dice sus falaces palabras.
Por consiguiente, enfoquémonos en esta columna en el informe, hasta ahora desconocido, de Policía Judicial No. 9-502652 de la Dirección Especializada Contra las Violaciones a los Derechos Humanos en poder de la Fiscalía General de la Nación.
El documento está fechado el 8 de febrero de 2022, y responde a la orden de investigación O.T. 22014 del 12 de agosto de 2021. En esa se solicita adelantar todas las labores investigativas y de inteligencia, para esclarecer el asesinato de dos individuos llamados Wilson Javier Ibarra Correa y Walser Mosquera Castro.
Los homicidios ocurrieron el 10 de noviembre de 2005, a manos del Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral del Ejército Nacional, en la vereda San Miguel del municipio de La Unión en el departamento de Antioquia.
La investigación y el reporte demuestran que estas dos ejecuciones extrajudiciales fueron apoyadas, nada más ni nada menos, que por integrantes del bloque paramilitar José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio al mando de Ramón María Isaza Arango, alias el Viejo. (Ver Anexo C)
Como un dato relevante hay que establecer que este asesinato, apoyado por Ramón Isaza, ocurrió 16 meses después de la invitación y gestión que hizo el gobierno de Uribe para que tres representantes de las AUC, Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza intervinieran en el Congreso de la República el 28 de julio de 2004 para agilizar la aprobación de la ley de justicia y paz. Después de estar sentado en el Congreso, alias el Viejo siguió aprobando operaciones para matar civiles en conspiración con el Ejército. No era un buen tipo mi Viejo.
Pero volvamos al informe policial. Este trae copia del acta 139 del 27 de noviembre de 2005 en la cual se hace referencia a un pago por suministro de información acerca de los supuestos terroristas del frente Carlos Alirio Buitrago del ELN. Es importante aclarar que los señores Wilson Javier Ibarra Correa y Walser Mosquera Castro eran civiles y fueron presentados como guerrilleros del ELN dados de baja en combate. Por este caso, las madres de las víctimas demandaron a la nación ya que sus hijos murieron a manos del Estado que los debía proteger.
El informe policial establece que a la persona que suministró la información respecto a la ubicación de los mal llamados terroristas de la Cuadrilla Carlos Alirio Buitrago del ELN, le hicieron un pago por recompensa con dineros de la nación por la suma de 750.000 pesos. (Ver Anexo D)
Aunque la cifra no es alarmante, el receptor sí. Posteriormente se pudo determinar que el reclamante era un miembro del bloque paramilitar José Luis Zuluaga de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio. Como en la novela El hombre que fue jueves de Gilbert K. Chesterton, donde resultó que todos los terroristas eran agentes infiltrados, por lo cual los terroristas no existían. Solo que aquí el acusador era el criminal y el supuesto criminal era inocente. ¿Nos sorprende? No, nos sorprende.
Por eso terminó siendo una situación en que el Grupo de Caballería Mecanizado No. 4 Juan del Corral y de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional en la ciudad de Medellín pagó por la supuesta información de dos ejecuciones extrajudiciales que hicieron en asocio con grupos paramilitares del Magdalena Medio y que fueron presentados como miembros del ELN. Los buenos se volvieron malos, y los supuestos malos eran inocentes.
Para colmo de males, y pese a las dudas que se generaron por esta operación, al día siguiente de estos sucesos, el expresidente Uribe ratificó a toda la cúpula militar. En esta época el ministro de Defensa era el señor Camilo Ospina, a quien Uribe quería convertir en fiscal general, entidad que posteriormente debía investigar o, mejor, enterrar las investigaciones, de las masacres de los falsos positivos. El ratón cuidando el queso.
Todo esto demuestra que el gobierno de Uribe, sí pago por falsos positivos a militares, civiles e incluso paramilitares. Y no solo eso, sino que después se ha ocupado por crear una estrategia para encubrir estos hechos, con tácticas que van desde controlar la Fiscalía, pasando por negar la evidencia, hasta intentar desmotar la JEP, entidad que ha ido sacando la cruda historia de este lamentable capítulo de Colombia. Esa es la verdad, aunque el expresidente intente reescribirla.
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