Uno de los aspectos más urgentes y sensibles en la agenda de paz y ambiente es el desarrollo de una infraestructura vial para las zonas rurales ubicadas en zonas de sensibilidad ambiental, en particular, zonas forestales.
El desarrollo más importante de vías que ha tenido la región amazónica en Colombia, ha sido el resultado del impulso que dieron las antiguas Farc a este proceso en el que había un proyecto de colonización de gran escala, y que permitió impulsar la construcción de cientos de kilómetros de vías en diferentes regiones y departamentos.
Las Farc tuvieron una propuesta de desarrollo regional que incluyó ese desarrollo vial, su mantenimiento y mejoramiento, incluyendo puentes y otras estructuras que implicaron maquinaria, inversiones, ingenieros y capacidad económica. El trabajo articulado a las Juntas de Veredales y Asociaciones permitió, además, una satisfacción social mucho mayor a la que se proveía por parte de los gobiernos departamentales y municipales, generalmente aislados en sus intereses particulares y transacciones políticas.
Muchas de estas vías se construyeron sobre la lógica de la consolidación de los frentes de colonización, que, por supuesto, no contemplaban los llamados determinantes ambientales del ordenamiento, lo cual significa no tener en cuenta las restricciones del suelo definidas en la zonificación del territorio. La satisfacción social y la ubicación de la infraestructura vial muchas veces fue inversamente proporcional a esa zonificación, lo cual se fue configurando como una costumbre social, cultural y política. Años más tarde, algunos avezados políticos empezaron a invertir recursos públicos en vías que se encontraban en zonas con restricción ambiental, ya fuera parcial o total, con diferentes ánimos al respecto. Algunos, en el tradicional negocio de vías-votos; otros en el negocio de “invierto en campaña-contrato a la vuelta” y otros, con uno más sofisticado: compro tierras primero a precio de huevo, o simplemente las deforesto y las apropio, luego, meto carretera, valorizo, y le pongo vacas para entrar esas tierras en el pujante mercado ilegal e informal que se da en esas tierras olvidadas por los “colombianos de bien”.
Los datos son alarmantes en las zonas de mayor deforestación en los últimos años, es decir, la frontera agropecuaria entre Caquetá, Meta y Guaviare ha recibido más de 1,2 millones de vacas nuevas, que se han instalado sobre más de medio millón de hectáreas deforestadas en los últimos cinco años. Sobre esta zona se han ampliado más de 3000 kilómetros de trochas, carreteras, accesos, que han permitido conectar estas nuevas zonas con el mercado de tierras y ganado. La valorización también se ha dado exponencialmente, y, por supuesto que inversionistas del Huila, Meta, Arauca, Santander, entre otros grupos identificables, se han consolidado en nuevos núcleos de colonización/deforestación, donde los pequeños campesinos y colonos se ven cercados en muchos casos, sobre todo en aquellas regiones donde los señores de la plata compran veredas enteras. En los códigos de la nueva guerra, esto se permitió, seguramente, con arreglo a la financiación de la misma. La plata es la que vale. El moño sobre el pastel son los recursos de eso que llaman el “Ocad Paz”, que devela un entramado aún más sofisticado de inversiones, actores y mecanismos, que tristemente las famosas “investigaciones exhaustivas” no han logrado ni siquiera despeinar.
Con los esfuerzos de los últimos gobiernos empieza a darse un seguimiento más cercano al tema de la inversión pública en las vías terciarias. Eso es de destacar y aquí hay un cambio enorme pero quedan un par de temas por resolver; lo primero es la necesidad de abordar el desarrollo técnico y legal para los diseños, trazados y construcción de vías en áreas forestales, que se deben generar para poder consolidar el modelo de “Núcleos de Desarrollo Forestal” que ha impulsado el Gobierno, y que trae, además, el cambio más significativo en medio siglo en Colombia, que es la adecuación legal para el “Desarrollo Forestal Sostenible” en las zonas de reserva forestal del país. Si vamos a conservar los bosques de la reserva forestal, a través de su uso sostenible, debemos diseñar y desarrollar los lineamientos de infraestructura verde para estas áreas críticas en la consolidación de la paz social y ambiental de Colombia.
El segundo tema pendiente es la inclusión de este en la agenda de conversaciones con el Estado Mayor Central de las Farc. En las zonas de su control territorial se aprecia un crecimiento importante de vías rurales sobre zonas con restricciones diversas, ya sean resguardos, reserva forestal o parques, así como la apertura de otras que estaban bajo el bosque desde la época de las antiguas Farc. La dinámica en la expansión vial, implica, como sucedió hace dos décadas, una visión de colonización y desarrollo agropecuario, que no puede amenazar la estabilidad ambiental de estas regiones ni poner en riesgo la seguridad climática del país. La inclusión potencial de esta discusión en la agenda puede ser una oportunidad para abordar todas las aristas de este fenómeno, integrando a quienes desde el sector gubernamental han propiciado y consolidado este avance sobre la frontera agropecuaria y la violación de la normatividad ambiental con recursos públicos. Siempre habrá quien hablando en nombre de “las comunidades”, quiera usar los recursos públicos para consolidar este enorme negocio de la apropiación de tierras deforestadas, que aún sigue latente y sin resolverse en la acción judicial. Y por el otro lado, el cambio de modelo de desarrollo económico al forestal, requiere ser capaces de hacer vías con criterios de sostenibilidad para impulsar el modelo y hacerlo efectivo. Buen reto para este 2024.
