En el debate cuya polvareda se ha levantado en estos días, el gobierno Petro argumenta que para las grandes obras públicas se debe sustituir el sistema de concesiones por el de las valorizaciones. ¿Es éste una disyuntiva válida?
Ciertamente no lo es. Poner en marcha un mecanismo de valorizaciones que sustituya las concesiones es algo bastante utópico, que no solo va a tomar un tiempo extremadamente largo para ponerse en marcha sino que generará probablemente malestares superiores a los que hoy se generan con los peajes.
Esto no quiere decir que la valorización no pueda ensayarse como un sistema complementario en la financiación de las obras públicas. Está previsto en la ley y no existe razón para ignorarlo. Lo que resulta fantasioso es presentarlo como algo alternativo a las concesiones, pues la sola puesta en marcha del rodaje de las valorizaciones tomará varios años (actos administrativos decretándolas, resolviendo recursos de quienes se opongan a ellas, actualizando los catastros y decretando las franjas a lado y lado de miles de kilómetros por donde se irrigará la valorización, etc.).
Con toda razón escribió recientemente el Dr. Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, lo siguiente:
“El presidente Petro acaba de sugerir que las vigencias futuras se deben “reformar en su totalidad” para destinarlas a proyectos de agua potable y saneamiento básico, así como para la construcción de PTAR’s. De igual manera, dice que para tal fin, las 4G y los túneles, por su parte, deben quedar en la puerta de atrás. Vale recordar que la ejecución de acueductos y PTAR’s es una tarea que recae sobre los hombros del ministerio de Vivienda, curiosamente una entidad cuyos índices de ejecución presupuestal no han sido los más alentadores. Las cifras son demoledoras: en 2023 esa cartera ejecutó un lánguido 8,6% de su presupuesto de inversión. Pero más preocupante el hecho de que el programa del ya referido Minvivienda, encargado del acceso a servicios de agua potable y manejo de aguas residuales a nivel nacional, haya ejecutado tan solo un 1,2% de su presupuesto en la vigencia 2023. Así, no resulta conveniente pasar por alto el hecho comprobable de que las 4G han venido mostrando frutos constantes en materia de empleo, desarrollo, competitividad y reactivación económica y cuyo presupuesto asignado fue ejecutado en un 100%.
Vale recordar, además, que el Estado no tiene ni la capacidad financiera, ni mucho menos la capacidad de ejecución, como para subvalorar de la noche a la mañana, un mecanismo que, como el de las concesiones, justamente ayuda a suplir esas dos falencias. ¿No resultaría entonces aún más eficiente que una entidad como el Departamento de Prosperidad Social, DPS, invirtiera, por ejemplo, parte de los $10 billones asignados este 2024 en programas de agua potable y saneamiento básico? De cara a este panorama surge también otro interrogante: ¿espera el gobierno licitar 30 billones de pesos en ferrocarriles, si de entrada está advirtiendo que va a irrespetar los contratos? ¡vaya contradicción! Parece que el remedio puede resultar peor que la enfermedad”.
Llama también la atención que, para justificar su propuesta de transformar concesiones por valorizaciones, el presidente Petro recurra a argumentos mendaces e injuriosos, como cuando afirma que las concesiones en Antioquia se han hecho para beneficiar solamente a los habitantes del barrio el Poblado que son los más acomodados, dice el, de la región antioqueña. Valorizando sus tierras en Antioquia y estableciendo “una gobernanza paramilitar” en este barrio de Medellín.
El presidente Petro debería saber que todas, óigase bien: todas las transversales que hoy cruzan de norte a sur la comuna del poblado, fueron construidas por valorización; que el departamento ha sido pionero en todo lo concerniente al desarrollo de la valorización para construir obras públicas en el pasado; y que ahora lo que se discute es si el gobierno central va a honrar o no los compromisos legalmente adquiridos mediante vigencias futuras que amparan el plan vial que, cruzando el departamento, beneficia no solo a los habitantes de un barrio de Medellín llamado el poblado sino a todo el país al conectarse de mejor manera con la costa atlántica y la pacífica.
Esa es la discusión de fondo que ojalá el gobierno central no siga desfigurando ni oscureciéndolo con afirmaciones calenturientas que a nadie le sirve. Y a la que menos convienen es a la verdad de las cosas.
