Diego Molano dio información falsa sobre operativo en Putumayo: Human Rigths Watch

Al despacho del magistrado Alejandro Linares llegó esta semana una clamorosa solicitud para que la investigación sobre el operativo militar realizado en Alto Remanso, en Putumayo, fuera entregado a la justicia ordinaria. La solicitud fue elevada por Human Rigths Watch y va a acompañada de un informe en la que detalla los hallazgos de su propia investigación sobre lo ocurrido el 22 de marzo de 2022, cuando el Ejército irrumpió en un bazar y mató a 11 personas.  

La ONG estadounidense le informa al magistrado que días después de los hechos inició una investigación con entrevistas a familiares de las personas asesinadas, testigos, fiscales, mandos del Ejército y del gobierno de la época. “Sin embargo, periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre ellas Human Rights Watch, determinaron que los soldados mataron a varios civiles y al parecer violaron el derecho internacional”, sostiene el informe.

Para HRW es claro que ese día “el Ejército utilizó fuerza letal de manera intencional, incluyendo francotiradores, causando la muerte de 11 personas, entre ellas al menos cuatro que no eran miembros de Comandos de la Frontera y estaban desarmadas”, y que además realizaron maniobras para desviar la investigación.

“Los fiscales también deberían investigar los aparentes intentos por encubrir estas muertes y el Gobierno debería poner en marcha la prometida reforma al sector seguridad para evitar abusos similares en el futuro”, afirma la organización defensora de derechos humanos.

De igual manera, HRW le recuerda al magistrado que el entonces ministro de Defensa Diego Molano dijo que las personas que murieron eran “criminales” y “miembros” de Comandos de la Frontera, pero que solo dos de las once personas asesinadas tenían antecedentes penales y que estos que no están relacionados con su supuesta pertenencia a Comandos de la Frontera.

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A juicio de Human Rights Watch no hay duda de que cuatro de los 11 asesinados eran civiles: Juan Pablo Panduro Coquinche, líder indígena; Oscar Oliva Yela, agricultor; Divier Hernández Rojas, líder comunitario; y su esposa, Ana María Sarrias Barrera, que estaba embarazada. 

“Después de las muertes, los oficiales del Ejército tomaron medidas que parecían destinadas a encubrir la operación y obstaculizar la rendición de cuentas”, señala la organización y detalla que los soldados solo notificaron al Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) cinco horas después de lo ocurrido. “Los retrasos implicaron que los cuerpos y otras pruebas no estuvieran protegidas en cadena de custodia durante aproximadamente ocho horas”, refiere el informe que también denuncia que los análisis forenses realizados días después indicaron que algunos de los cuerpos habían sido arrastrados.

Y para rematar, los investigadores forenses tuvieron dificultades para realizar necropsias a todos los cadáveres porque la oficina local del Instituto de Medicina Legal carecía de refrigeradores suficientes para conservar los cuerpos y, que tras tantas horas expuestos a la intemperie, algunos estaban en estado de descomposición.

“Las autoridades proporcionaron información incoherente y, en ocasiones, abiertamente falsa de los hechos, en entrevistas con los medios de comunicación, así como durante reuniones con Human Rights Watch. Por ejemplo, el entonces ministro de Defensa Molano tuiteó que cuatro personas habían sido detenidas durante la operación, pero la Fiscalía confirmó que no se había detenido a nadie”, añade la ONG

Por todos estos elementos, HRW le pide al magistrado Linares que devuelva el caso a la justicia ordinaria, porque “la independencia necesaria para investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas por militares no suele estar garantizada cuando las mismas autoridades militares son las encargadas de investigar a sus miembros y juzgarlos en tribunales militares”.