Las amenazas en la Fiscalía a quien se oponga a los nombramientos a dedo

“El que le sirve al señor fiscal para sus propósitos es digno de ser premiado, pero los que somos de alguna manera la piedra en el zapato no tenemos derecho a nada”. Así se lo dijo a CAMBIO un miembro de la junta directiva de Astraes, organización sindical de la Fiscalía General de la Nación.

El comentario de la trabajadora –que solicitó proteger su identidad debido a una serie de denuncias y hostigamientos que ya están en conocimiento de las autoridades– se desprende del contraste –según ella– entre la suerte que corren un grupo de trabajadores frente a otros en la misma entidad.

De acuerdo con la trabajadora, mientras a los funcionarios que pasean los perros del fiscal Barbosa los ascienden, tal y como reveló en su columna de CAMBIO Yohir Akerman, a ellos, que llevan años pidiendo un concurso para proveer 17.000 cargos en la entidad, los excluyen y los intimidan para que dejen todo así.

Esta misma funcionaria afirma haber recibido llamadas desde números privados en las que le dicen: “Te van a enterrar con tu concurso”. Incluso, en días recientes fue seguida en Medellín, ciudad donde vive y trabaja, por un hombre en bicicleta que, al pasar a su lado le llamó por su nombre y le dijo: “Te vas a ir con el mérito a la tumba”.

La hostilidad no se remite solo a la calle. Dentro de la entidad, sus propios compañeros distribuyen mensajes en chats señalándola de urdir un complot para llenar la Fiscalía de guerrilleros. 

“Esa xxxxxx del sindicato Atraes, infiltrada de Petro, fue quien demandó para el concurso y así tomarse 17 mil puestos, sacar a todos y meter a la Fiscalía 17 mil guerrilleros. Porque la negociación debió ser que todos los que estamos quedemos automáticamente en carrera. Pero ella dice que ninguno sirve par nada y por ello buscará con un juez petrista tomarse esta institución”.

El texto difundido en chats de la Fiscalía fue escrito por un investigador del CTI.

La trabajadora ha tenido que seguir haciendo sus labores desde su casa porque se siente intimidada por la agresividad de sus compañeros, quienes por cierto, andan casi todos armados.

El eje de la discordia es la nómina de empleados de la Fiscalía. El ente investigador cuenta con cerca de 22.000 servidores, de los cuales 17.000 son ocupados por funcionarios con nombramientos provisionales.

Al no ser contratados por medio de un concurso, el nombramiento de estos funcionarios en muchos casos se realiza a discreción del fiscal de turno, quien cuenta con una jugosa nómina burocrática que, como se ha visto en casos anteriores, termina en manos de políticos e incluso de magistrados que nombran al fiscal.

En septiembre de 2017, el diario El Tiempo reveló el caso documentado de 20 funcionarios de la Fiscalía que terminaron siendo cuotas burocráticas de los exmagistrados Leonidas Bustos y Gustavo Malo, procesados también por el caso conocido como "el cartel de la toga".

Esa discrecionalidad en los nombramientos, según miembros de la junta directiva de Astraes, terminaría incidiendo en la independencia que requieren los trabajadores de la Fiscalía, quienes en algunos casos terminan tomando decisiones por órdenes del fiscal general y otros altos mandos, por encima de su autonomía profesional.

Hace seis años, por medio del decreto 020 de enero de 2014, se determinó que la Fiscalía debía hacer concursos públicos de méritos para proveer los cargos de carrera que estaban en vacancia.

Pasaron los años y la Fiscalía no acató de manera estricta lo dispuesto en el decreto. Eso motivó que trabajadores de Astraes interpusieran una acción de cumplimiento.

El 4 de marzo de 2020, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determinó que la Comisión de la Carrera Especial de la Fiscalía había incumplido lo establecido en el decreto de 2014. En el fallo, le dio a la entidad seis meses para obtener las partidas presupuestales de los respectivos concursos para proveer los cargos de carrera vacantes en la entidad.

Pero se terminó el plazo y la Fiscalía no cumplió. Por eso, el pasado 25 de agosto los magistrados de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declararon en desacato a cinco funcionarios de la Comisión de Carrera Especial de la Fiscalía, los sancionaron con multas y les ordenaron cumplir el fallo de 2020.

El cascabel al gato

Al fiscal general de la nación lo juzga la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, órgano tristemente célebre por no haber proferido un fallo condenatorio en su historia.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza trabaja en un proyecto de acto legislativo para que el fiscal general no sea juzgado por congresistas sino por magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La representante ha hecho seguimiento al caso de los cargos de planta que no han sido ocupados por medio de un concurso de méritos y al respecto agregó: “No solamente el fiscal se gasta los recursos de la institución en cuidar a sus perros, sino que encontramos que ha embolatado el concurso para más de 17.000 cargos de planta que se requieren urgente y hoy se encuentran en provisionalidad, afectando a quienes llevan años trabajando en la Fiscalía buscando ocupar un mejor cargo. ¡Claro! Esta jugada es perfecta para Barbosa porque no solo se malgasta los recursos de la institución, sino que, con la excusa de que no hay plata para los nuevos cargos de planta, nombra en los puestos provisionales a sus amigos y allegados a dedo que nunca van a investigar a fondo a los políticos cercanos al fiscal".