Cabal no es la primera “conejeada” por el “presidente fundador” en uso de su poder ilimitado. Tampoco Zuluaga es su verdadera carta para 2022. Es solo una cuota inicial para entrar a una coalición que escoja a un candidato más presentable.
La senadora María Fernanda Cabal es a la vez víctima y causante de lo que está sufriendo. Víctima porque pasada una semana de la proclamación de su contendor Óscar Iván Zuluaga como candidato del Centro Democrático siguen sin hacerse públicas las explicaciones sobre las opacas encuestas que llevaron a esa selección. Lo único que salió a la luz, ayer sábado, fue un comunicado que no aclara las dudas sobre la conformación de las muestras y las encuestas descartadas. Sin embargo, la senadora Cabal también es causante de lo que vive porque ella, junto con otros militantes de ese partido, propició y permitió que esa agrupación sea manejada al arbitrio de una sola persona.
Los estatutos del Centro Democrático son una expresión de absolutismo monárquico –insólita por fuera de los regímenes comunistas– que establecen que no hay nadie por encima del amado líder. La autoridad del expresidente Álvaro Uribe es total y vitalicia de acuerdo con las normas que gobiernan ese partido.
La petición pública de la senadora María Fernanda Cabal es lógica y puesta en razón. En su Twitter escribió: “TODO debe hacerse público, por respeto a los electores: 1)La muestra 2)Los datos recaudados, incluidas las 3000 encuestas desechadas. Esto, hasta hoy, no ha sido entregado ni a la auditoría, ni a la veeduría”.
Su solicitud cayó en el vacío y a ella solo le resta resignarse y acomodarse lo mejor que pueda. No puede ser de otra manera porque en su partido no hay contrapesos posibles. La veeduría es otro tentáculo de Álvaro Uribe. De acuerdo con el artículo 80 de los estatutos del Centro Democrático: “El veedor nacional será elegido por el Presidente Fundador y en su ausencia (nótese, solo en su ausencia) por la Dirección Nacional para un período de dos (2) años”.
Esos mismos estatutos fijan reglas y límites para los miembros del Centro Democrático que hagan parte de los organismos de dirección del partido. Bueno, para casi todos: “Ningún miembro podrá pertenecer a un mismo órgano por más de tres periodos, continua o discontinuamente, con excepción del Presidente Fundador”.
La voluntad del expresidente Álvaro Uribe, según el reglamento que rige a su partido, está por encima de cualquier órgano de dirección. El orden jerárquico de las directivas es: a) Presidente Fundador, b) Convención Nacional, c) Directores Honorarios (que es una especie de título nobiliario que puede conferir el expresidente Uribe), d) Dirección Nacional, e) Mesa Directiva Nacional, f) Director del Partido, g) Comité Político, h) Bancada de Congresistas e i) Comité Nacional de Juventudes.
Como si fuera poco –en la norcoreana estructura del partido de gobierno– Uribe es por derecho propio el jefe de los organismos de dirección nacional: “El Presidente Fundador presidirá la Convención y la Dirección Nacional. En ausencia del Presidente Fundador estas funciones corresponderán al Director Nacional”.
Este régimen absolutista y unipersonal es pagado por los contribuyentes porque el Centro Democrático es beneficiario de la financiación estatal.
Cabal no es la primera “conejeada” por el “presidente fundador”en uso de su poder ilimitado. Tampoco Zuluaga es su verdadera carta para 2022. Es solo una cuota inicial para entrar a una coalición que escoja a un candidato más presentable.
La elección que hoy más le preocupa a Uribe no es la del próximo presidente sino la del próximo fiscal.
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