Los papeles de Fajardo

No hay ninguna prueba de que Sergio Fajardo se haya quedado con dineros públicos de la construcción de Hidroituango como parecen estar empeñados en repetirlo algunos usuarios en las redes sociales. En cambio, existen indicios serios sobre su actuación negligente cuando era gobernador de Antioquia con relación al megaproyecto. Hay señales imborrables de que delegó y no controló. Y algo más grave, los investigadores tienen documentos que prueban que subalternos suyos le advirtieron sobre el desastre en el que podía convertirse la mayor obra de infraestructura del país. Él no hizo nada para evitarlo.

Todo esto mancha el prestigio de Sergio Fajardo como administrador y afecta gravemente la viabilidad de su candidatura presidencial. La pregunta es ¿quién se beneficia con el eventual naufragio de esa aspiración de centro?

Vamos por partes. Desde la imputación de cargos de la Contraloría General contra Sergio Fajardo y otras 18 personas por presunta responsabilidad fiscal en el gigantesco detrimento patrimonial de Hidroituango surgió una campaña sincronizada en redes sociales para pintar a Fajardo como el arquetipo de la corrupción.

En honor a la verdad, el auto nunca sugiere que Sergio Fajardo se haya beneficiado económica o políticamente de esta situación.  Cualquier análisis justo tiene que dejar eso claro. Es posible que Fajardo haya metido las patas pero no las manos.

El documento de la Contraloría muestra, en cambio, que como gobernador de Antioquia y miembro de la junta directiva de Hidroituango, Fajardo fue negligente porque delegó en el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia, Idea, Iván Pérez Salazar, su participación en la junta pero no controló lo que hizo o dejó de hacer su delegado.

El delegado del gobernador -de acuerdo con los investigadores de la Contraloría- no recomendó multar a los contratistas incumplidos a pesar de los retrasos de la obra. Pasó por alto las advertencias de los expertos sobre los riesgos que representaba prescindir de las compuertas o construir un tercer túnel, pese a que esos conceptos aparecían en documentos que estaban a disposición de la junta. Y además no previó las consecuencias financieras de la demora de la entrada en operación de la hidroeléctrica y sus sobrecostos.

No hay una sola comunicación escrita que compruebe que el gobernador Fajardo ejercía control sobre su delegado Pérez.

Fajardo, en su defensa, argumenta que la Constitución le permite a los mandatarios delegar funciones y que la norma establece textualmente: “La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario”. La Contraloría cita jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, según la cual la responsabilidad no desaparece con la delegación.

Más allá de esa discusión hay pruebas de que el gobernador Sergio Fajardo estaba advertido de irregularidades en la obra. Clara Luz Mejía Vélez, su secretaria de gobierno, suministró copia de un informe entregado a Fajardo el 7 de junio de 2013 que contiene estas frases textuales: “El proyecto en su ejecución está atrasado. El contratista de túneles de desviación es un desastre”.

Ese mismo informe advertía a Fajardo sobre el incumplimiento de las normas de cuidado ambiental: “Estamos ad portas de una sanción ambiental por unas actuaciones que hizo epm (Empresas Públicas de Medellín) sin que estuvieran en la licencia y luego las informaron. Epm dice que ellos lo podían hacer porque generaba menor impacto ambiental pero la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales) está molesta (creo que con razón) porque epm se los saltó”.

El tema no era solamente financiero también había personas afectadas como se lo dijo al gobernador Fajardo su subalterna: “Están muy preocupados con la cantidad de mineros que han regresado a explotar el río y temen que pueda ser peor con algunos de los que regresan. Están evaluando enviar solicitud a entes de control incluida defensoría y gobierno nacional en general para que apoyen en el desalojo de estas personas bajo la premisa del riesgo que corren con las obras y que esta es un área declarada como de operación pública”.

¿Qué hizo el gobernador Sergio Fajardo frente a estas clarísimas advertencias? En los documentos públicos no hay evidencia de actuación alguna. Desde luego esta probable negligencia va a tener consecuencias políticas sobre su aspiración.

Gustavo Petro sigue celebrando el mal momento de Fajardo como si fuera un triunfo suyo. Quizás no se haya percatado aún de que el beneficiario de la eventual desaparición de esa opción de centro no es él, es Uribe.