Por delimitación del páramo de Santurbán, evaluarán posible desacato de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad

Una sentencia de la Corte Constitucional, la T-361 de 2017, le ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que emitiera una nueva resolución para delimitar el páramo en las Jurisdicciones Santurbán-Berlín. 

Además, la orden de la Corte le solicita a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría que vigilen, apoyen y acompañen el cumplimiento del fallo. 

Sin embargo, la Procuraduría y la Defensoría le solicitaron al Tribunal Administrativo de Santander, verificar y valorar la configuración de un eventual desacato por parte de la ministra de Ambiente por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena delimitar el páramo. 

De acuerdo con el Ministerio Público, hasta marzo de 2024, no se había adelantado “ningún tipo de actividad o actuación para dar cumplimiento a la Orden Quinta de la Sentencia de T-361 de 2017 proferida por la Corte”. 

Pese a que desde la Procuraduría se adelantaron una serie de requerimientos, aún no conocen las razones por las cuales “de manera injustificada, la cartera ministerial suspendió el proceso de delimitación del ecosistema estratégico ni tampoco las aclaraciones sobre el incumplimiento del cronograma acordado con el tribunal de Santander”. 

Esto no sería todo, porque las dos entidades alertan la falta de información a los participantes del procedimiento de delimitación del páramo. 

Además, mencionan un retraso en el cronograma de ejecución y esto ha generado diversos conflictos sociales y presuntas situaciones de incumplimiento de lo estipulado. 

La decisión de la Corte en 2017 señaló que el Ministerio de Ambiente “vulneró el derecho a la participación ambiental de los peticionarios y de toda la comunidad de la zona de influencia del páramo de Santurbán, al expedir la resolución 2090 de 2014”. A partir de esto es que le ordenó a la cartera establecer la delimitación, que, como lo señala el Ministerio Público, no se ha cumplido. 

Esta delimitación es un problema de vieja data, en el que hay una constante pelea entre los habitantes, las autoridades ambientales y los interesados en las mineras de la zona. 

El problema radica en que las mineras han querido extender las líneas en las que se permite hacer extracciones, pero los ambientalistas se oponen a que la delimitación se expanda a favor de las empresas, porque más de 2 millones de personas se verían afectadas.