Las cuentas políticas para el trámite de la reforma a la salud en el Congreso

Con el anuncio del trámite de la reforma a la salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en calidad de ley ordinaria, se dio el primer encuentro cara a cara en el Capitolio entre la ministra de Salud, Carolina Corcho, y los congresistas. Serán en total cuatro debates en el Senado y la Cámara y los 152 artículos radicados no la tienen fácil. En general, los congresistas que se oponen repiten que no aprobarán un proyecto que elimine las EPS y que devuelva al Estado la administración total de los recursos del sector.

En los pasillos del Congreso se especula que de las tres reformas sociales que el Gobierno de Petro piensa tramitar este año –laboral, pensional y salud–, la de salud terminaría siendo la sacrificada para ser presentada después o algunos de sus planteamientos podrían ser aprobados por decreto. Un congresista que habló con CAMBIO –y solicitó no ser identificado– manifestó que "aspectos como darles una pensión de 500.000 pesos a ancianos de escasos recursos y hablar de horas extras sumará varios votos en las próximas elecciones regionales".

Aunque el Pacto Histórico tiene mayorías en la Cámara –por eso insistió tanto en tramitarla como ley ordinaria, para empezar por ahí–, y en total solo en la coalición de lista cerrada se contabilizan cerca de 50 votos, los escuderos del Gobierno en el Senado y la Cámara se han ido moderando más que el propio presidente Petro y la ministra Corcho. El presidente del Senado, Roy Barreras, vehementemente ha atacado los planteamientos de la reforma acusando a la jefe de cartera de ideologizada y arrogante, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, manifestó que la única forma de que pase el proyecto es con cambios y que le parece una buena idea un sistema mixto, en el que privados sigan intermediando y el Estado se encargue de una parte de la población, como lo propone en su reforma.

¿Cómo están las cuentas?

Andrés Forero, representante del Centro Democrático, partido que cuenta con 29 votos en el Congreso, afirmó que el diagnóstico del sistema de salud no está bien hecho, en la medida que, según él, la demora en la asignación de citas se debe a la escasez de especialistas, no a las EPS, y que con la eliminación de estas el problema no se va a resolver.

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“No estamos con el grueso de la reforma, debería tener una transformación radical para poder apoyarla. Rechazamos el estatismo en el sistema de salud y nos preocupa mucho la ampliación de la Adres, donde se habla de la creación de 6.000 a 30.000 cargos adicionales, para sustituir la labor de las EPS”, dijo el representante Forero .

Su colega de partido, el representante Óscar Darío Pérez, criticó el hecho de que el Ministerio de Hacienda aún no haya sido claro con el impacto fiscal de la reforma. Adicionalmente, aclaró que, si bien se deben resolver los problemas de salud, especialmente los relacionados con zonas rurales, “no se tiene que afectar ni poner en riesgo lo que sí funciona. Si algo tiene la salud en Colombia es calidad y eso no lo podemos negociar”.

Por su parte, Cambio Radical, que suma 19 votos en la Cámara y 11 en el Senado, ya definió que no apoyará el proyecto. De hecho, su líder natural, Germán Vargas Lleras, considera que la reforma es producto del desprecio por el disenso y la institucionalidad. Vargas Lleras planteó que las propuestas de prevención y la formalización del personal de salud se podrían hacer por decreto sin necesidad de una ley.

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El representante de Cambio Radical Modesto Aguilera, dijo que la línea roja de su partido es la eliminación de las EPS: “No podemos volver al modelo del Seguro Social. Yo creo que, si se hace una buena auditoría, los privados pueden seguir intermediando”.

A liberales y conservadores, cuyos apoyos –si se dieran en bloque– sumarían 86 votos, los ha mantenido contentos el Gobierno de Petro con la entrega de ministerios y entidades. Por ejemplo, el Liberal tiene los ministerios de Justicia y Vivienda, así como el Fondo Nacional del Ahorro y la compañía de Seguros Fiduprevisora. Por su parte, los conservadores se quedaron con el Ministerio de Transporte y con varias entidades adscritas al sector. La pregunta es si esa repartija burocrática será suficiente, máxime cuando los conservadores cambiaron hace poco de presidente.

El representante conservador Wadith Manzur cuestionó la transformación de la Adres y aseguró que “hay muchas cosas a las que se le pueden encontrar puntos medios para mejorar el sistema; tal y como está, no va a salir la reforma. Es imposible que se apruebe así”.

El partido Alianza Verde, que tiene 24 votos en ambas cámaras, está dividido. Mientras hay senadores como Inti Asprilla que apoyarán lo propuesto, hay otros como Olga Lucía Velásquez y Angélica Lozano que solo darán su voto al proyecto con modificaciones. Más todavía cuando el presidente mantiene una controversia con la construcción subterránea del Metro de Bogotá, ciudad que dirige la también miembro de dicho partido Claudia López.

La representante Olga Lucía Velásquez aseguró que está de acuerdo con que se debe hacer una reforma y con lo planteado en promoción y prevención, pero considera que es necesario tener claridad sobre la financiación del modelo propuesto.

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“Se proyecta poner en zonas dispersas equipos de atención primaria en salud y no se sabe si se va a establecer subsidio a la oferta y a la demanda. La Ley 100 está basada en el subsidio a la demanda, es decir, prestación del servicio. Por otra parte, en la reforma no se ve reflejada la salud mental y eso debe agregarse”, agregó la representante Velásquez.

En la misma división del Partido Verde está el Partido de la U, que contabiliza cerca de 25 votos. Pese a que desde el inicio se declaró partido de Gobierno, su presidenta, Dilian Francisca Toro, ya se despachó contra la reforma.

Finalmente, el senador Alexander López aseguró que lo que se necesita es una reforma estructural, no cambios pequeños. “Hoy no importa quién preste los servicios, sino que el sistema corrija fallas que están produciendo graves hechos de corrupción". La senadora Aida Avella, por su parte, recalcó que las EPS llevan 30 años reformándose y siguen peor. “Esperemos que demos la discusión en el Congreso, porque esto se trata de argumentos".