El informe de la verdad sin punto final

Hace poco más de cuatro años, el 8 de mayo de 2018, el entonces presidente Juan Manuel Santos instaló oficialmente la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este martes, a 40 días de finalizar el mandato de Iván Duque y sin su presencia, fue entregado el informe final de la Comisión de la Verdad. Ante la ausencia del mandatario, quien delegó al ministro del Interior, Daniel Palacio, que tampoco asistió, el padre Francisco de Roux le entregó el documento final al presidente electo, Gustavo Petro. 

Fue una ceremonia sobria que duró poco más de dos horas, en la que De Roux hizo un repaso sobre los peores crímenes ocurridos en más de medio siglo de conflicto armado, y detalló las preguntas que orientaron el trabajo de los comisionados y sus equipos, así como aquellas premisas deontológicas que contienen el ejercicio de escucha de las víctimas, las cuales partieron de la convicción de que ninguna muerte es justificable. 

En su intervención, De Roux recorrió, a pincelazos, nuestra tragedia nacional. Del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pasando por el de Luis Carlos Galán, del exterminio de la UP, a los secuestros de las Farc, de los falsos positivos cometidos por el Ejército a las masacres perpetradas por los paramilitares. Una larga novela de terror cuyo hilo conductor no son los victimarios, sino es la sangre de la gente y el dolor de las comunidades. Las mujeres violentadas como botines de guerra, los niños convertidos en combatientes a la fuerza, las madres inermes ante el cuerpo de sus hijos, de sus esposos, de sus hermanos. 

Un relato doloroso que bien podría haber sido una letanía, de no ser por el tono ceremonioso, pausado y sereno del presidente de la Comisión, quien en medio de los aplausos y hasta reclamos, logró mantener la sindéresis y el libreto. “Traemos un mensaje de esperanza y futuro para nuestra nación vulnerada y rota. Verdades incómodas que desafían nuestra dignidad, un mensaje para todas y todos como seres humanos, más allá de opciones políticas o ideológicas, de las culturas y las creencias religiosas, de las etnias o del género”, arrancó diciendo el padre De Roux.

Y continuó el presidente de la Comisión: “Llamamos a sanar el cuerpo físico y simbólico, pluricultural y pluriétnico que formamos como ciudadanos y ciudadanas de esta nación. Cuerpo que no puede sobrevivir con el corazón infartado en Chocó, los brazos gangrenados en Arauca, las piernas destruidas en Mapiripán, la cabeza cortada en El Salado, la vagina vulnerada en Tierralta, las cuencas de los ojos vacías en el Cauca, el estómago reventado en Tumaco, las vértebras trituradas en Guaviare, los hombros desplazados en el Urabá, el cuello degollado en el Catatumbo, el rostro quemado en Machuca, los pulmones perforados en las montañas de Antioquia y el alma indígena arrasada en el Vaupés”.

A partir de ese momento, el padre De Roux hizo un llamado a la necesidad de asumir como sociedad y nación una responsabilidad en lo que ocurrió ante nuestros ojos. “Llamamos a aceptar responsabilidades éticas y políticas con sinceridad de corazón. Hemos constatado que quienes reconocen responsabilidades lejos de destruir su reputación la engrandecen. y de ser parte del problema, pasan a ser parte de la solución que necesitan las víctimas y ellos mismos”, dijo. 

De Roux informó que escucharon más 30.000 víctimas, y que si se hiciera un minuto de silencio por cada asesinato el país tendría que mantenerse callado por 17 años, pues según documentó la Comisión, entre 1986 y 2016 la guerra dejó 450.666 muertos; 8 millones de desplazados; 50.770 personas fueron secuestradas o los desaparecidos superan los 50.000 casos entre 1985 y 2017. Y estas son solo algunas de las cifras que contiene el informe final, cuyas conclusiones y recomendaciones se conocieron hoy pero son solo uno de los diez capítulos que irán apareciendo semana tras semana hasta el próximo 30 de agosto.

Y con la sabiduría que lo caracteriza, antes que respuesta, De Roux formuló las preguntas que como sociedad nos debemos hacer y que guiaron los pasos de los 11 comisionados, dos de los cuales murieron en desarrollo del mandato: Alfredo Molano Bravo y Ángela Salazar: 

“¿Por qué el país no se detuvo para exigir a las guerrillas y al Estado parar la guerra política desde temprano y negociar una paz integral? ¿Cuál fue el Estado y las instituciones que impidieron y más bien promovieron el conflicto armado? ¿Dónde estaba el Congreso, dónde los partidos políticos? ¿Hasta dónde los que tomaron las armas contra el Estado calcularon la consecuencias brutales y macabras de su decisión? ¿Nunca entendieron que el orden armado que imponían sobre los pueblos y comunidades que decían proteger los destruía, y luego los abandonaba en manos de verdugos paramilitares? ¿Qué hicieron ante esta crisis del espíritu los líderes religiosos? Y, aparte de los pastores y mujeres de fe que incluso pusieron la vida para acompañar y denunciar, ¿qué hicieron otros obispos y sacerdotes, y comunidades religiosas y ministros? ¿Qué hicieron los educadores? ¿Qué dicen los jueces y fiscales que dejaron acumular impunidad? ¿Qué papel jugaron los formadores de opinión y los medios de comunicación? ¿Cómo nos atrevemos a dejar que pasara y a dejar que continúe?”.

Las preguntas que guiaron la escucha de los comisionados de la verdad también sirvieron para proyectar las recomendaciones, las cuales se dividieron por sectores: a la sociedad civil, al Gobierno, al Ejército, a los empresarios, a la iglesia o a los partidos políticos. Se trata de nueve apartados que recogen más de 10 propuestas de las víctimas y las organizaciones defensoras de derechos humanos.  Entre las más importantes están la creación de un Ministerio para la Paz y la Reconciliación; el impulso al proceso de paz con el ELN y el desmantelamiento del paramilitarismo; una reforma a la política de seguridad y defensa, en la que la Policía salga del Ministerio de Defensa y la inteligencia militar pueda tener control y vigilancia.

Las recomendaciones fueron entregadas al presidente electo, Gustavo Petro, quien aseguró que el esfuerzo que se entrega al país no puede ser considerada “como un espacio de venganza como si fuese una extensión de las mismas armas, vueltas palabras, ideas”. Petro aseguró que el informe debe ser entendido como la posibilidad de la reconciliación y la convivencia. “Hay expectativas de la paz. De la posibilidad de una paz grande. La paz integral. La posibilidad de pasar a una era de paz en Colombia. No simplemente a cerrar unos conflictos para que empiecen unos nuevos, sino para que desaparezca el uso de las armas como instrumento de la venganza”, refirió el presidente electo, quien también expresó su compromiso para acoger y desarrollar las recomendaciones presentadas por la Comisión de la Verdad, que hoy entregó su informe final, pero cuyas revelaciones hasta ahora empezarán a conocerse.