Asesinatos de líderes sociales han aumentado 44 por ciento en lo que va del 2022

A pesar de los llamamientos a cese de fuego y los anuncios de grupos armados al margen de la ley de acogerse a la propuesta de la paz total, la lista de líderes sociales asesinados en lo que va de 2022 no para de aumentar.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo sobre los resultados del tercer trimestre de 2022 del Observatorio de Derechos Humanos, van 157 personas a las que les han quitado su vida en represalia a su trabajo de liderazgo en las comunidades.

El año pasado para este mismo mes se reportaron 109 casos similares, es decir, los homicidios aumentaron un 44  por ciento.

Los líderes y lideresas a los que la violencia impacta más son los comunales, con 51 casos; seguidos de los indígenas (32); comunitarios (26); campesinos (14), entre otros. 

“Hago un nuevo llamado a los grupos armados ilegales para que respeten la vida e integridad de los líderes y lideresas y personas defensoras de los derechos humanos, ellos cumplen un papel fundamental para garantizar los derechos de las comunidades y fortalecer la democracia en las regiones”, resaltó Carlos Camargo, defensor del pueblo. 

Los departamentos más afectados por asesinatos a líderes sociales:

• Nariño: 23 casos.
• Cauca: 19 casos.
• Putumayo: 16 casos.
• Antioquia 15 casos.
• Valle del Cauca y Arauca: 10 casos cada uno.
• Bolívar y Norte de Santander: 8 casos cada uno.

Líderes caucanos, en el ojo de la violencia 

En los primeros nueve meses de 2022, el departamento del suroccidente colombiano ya iguala la triste cifra de 19 homicidios contra líderes sociales de 2021. 

El caso más reciente ocurrió en las últimas horas contra la lideresa indígena de 25 años Yermi Chocué, asesinada por hombres armados que la ultimaron mientras ella se dirigía a su vivienda en el municipio de Morales, Cauca. Era una reconocida autoridad y tesorera del Resguardo Indígena de Chimborazo. 

Este jueves 27 la Defensoría también lamentó el asesinato en Buenos Aires, Cauca, del líder comunitario Adelmo Balanta, quien era miembro del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Cauca y Microcuenca Teta Mazamorrero.  

Estos dos últimos episodios dan cuenta de la difícil situación de seguridad y derechos humanos especialmente para las comunidades étnicas en Cauca.

Hace unos meses la Defensoría ya había emitido una alerta temprana por el riesgo a vulneraciones a los derechos humanos en Santander de Quilichao, Buenos Aires y Caldono. 

Según la entidad estatal, esta franja limítrofe presenta especial riesgo por las acciones de confrontación armada entre facciones disidentes de las antiguas Farc adscritas al Comando Coordinador de Occidente (CCO), particularmente por medio de sus columnas móviles Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, ya consolidadas en esta zona, quienes pretenden repeler la dinámica expansiva de la también facción disidente autodenominada Segunda Marquetalia, que presuntamente estaría ingresando a estos territorios en alianza con el ELN.