Dos peticiones desde el Amazonas para el próximo presidente del país

“Nosotros somos la última línea de protección y de prevención para que no se destruya el Amazonas, y necesitamos que los gobernantes que están y que vendrán terminen de entenderlo y empiecen a trabajar con nosotros”, asegura Fausto Borraez, uno de los principales líderes del resguardo de Tarapacá, en la zona norte del Departamento del Amazonas.

Junto con él, los representantes de 50 pueblos indígenas llegaron hasta Bogotá para exigir ser escuchados por el Gobierno Nacional y los organismos internacionales de control. Ellos, que conforman los Gobiernos Indígenas de la Amazonía Oriental colombiana, viajaron con dos objetivos: el primero, lograr acuerdos que permitan que ellos, en representación de sus comunidades, puedan conservar la gobernabilidad sobre sus territorios y así continuar protegiéndolos. El segundo, que quien sea el próximo presidente de Colombia se comprometa a establecer cinco puntos clave para la conservación del territorio.

¿Qué es la municipalización y por qué no cabe en el Amazonas?

Desde febrero de este año el Gobierno de Iván Duque empezó a acelerar la implementación del proyecto de municipalización en varios territorios del Amazonas colombiano. A través de la implementación del Artículo 151, de la Ley 2200 de 2022, argumenta que la creación de municipios buscará modernizar los territorios amazónicos y los descentralizará. Este proceso ha sido ampliamente respaldado por la Gobernación y la Asamblea Departamental del Amazonas.

El actual gobernador de Amazonas es Jesús Galdino Cedeño, electo en 2019 con el apoyo de Yénica Acosta, hija del exgobernador Félix Acosta, quien fue condenado en 2009 por corrupción en las contrataciones durante su mandato. Yénica Acosta ha sido dos veces electa como representante a la Cámara por este departamento y tuvo el aval del Centro Democrático en las dos ocasiones.

Tanto Acosta como Galdino han recibido, también, el apoyo de las congresistas Paloma Valencia y Paola Holguín. Galdino tiene un proceso de investigación desde diciembre de 2020 por parte de la Procuraduría, que lo acusa de negligencia en la protección del bosque amazónico, por permitir la tala masiva de árboles. Pese a intentar contactarlos en múltiples ocasiones, ni la representante Acosta, ni el gobernador Gandino accedieron a hablar con este medio.

Las comunidades consideran que la municipalización del territorio amazónico es una amenaza directa a su soberanía y a su cohesión como comunidad, además de que podría acelerar los proyectos extractivistas en el departamento. Tampoco entienden de dónde viene el interés por acelerar el proceso, que propone la creación de estos municipios en un plazo de seis meses. Además, saben que sus territorios no cumplen los mínimos establecidos en cantidad de pobladores, ni mucho menos generan los ingresos que la figura requiere.

“A nosotros nos han hecho campaña con esto desde hace más de 15 años, porque aseguran que es la única forma de traer a nuestro territorio los recursos para suplir las necesidades que tenemos. Y hay personas que sí se creen ese cuento. Pero nosotros lo consideramos una falta de respeto a nuestras formas propias de gobierno y, sobre todo, una imposición”, considera Fausto Borraez. Para ellos, la manera en la que se ha vendido el proyecto de la municipalización no es un ejercicio distinto a la infantilización de sus pueblos, pretendiendo venderles esta como la única forma de gobernabilidad y trabajo con el Estado.

¿Qué es la municipalización? En términos muy básicos, es un proceso de ordenamiento territorial dirigido por el gobierno de Colombia. Es la forma en la que, desde el gobierno central, pueden distribuir recursos, llevar funciones administrativas y fiscales, además de garantizar que los pobladores de esta región cuenten con lo necesario para tener una vida digna. Lo han presentado como la palanca ideal para el desarrollo.

Sin embargo, lo que argumentan los líderes de las comunidades indígenas del Amazonas es que ya existe un modelo de gobierno que garantiza que el Estado pueda suplir todas estas necesidades, mientras conservan sus propios estándares de gobernabilidad: las Entidades Étnicas Territoriales, que quedaron establecidas en la Constitución del 91 para reconocer el ejercicio de gobernabilidad propia de los pueblos indígenas.

Tras 14 años de lucha, las comunidades indígenas lograron la expedición del Decreto 632 de abril de 2018, que exigió poner en práctica las normas necesarias para el “funcionamiento de los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés”, lo cual generaría las condiciones para suplir las necesidades de los pueblos amazónicos y así trabajar mano a mano con el Estado.

“Pero en la práctica, el Congreso no ha querido implementarlo. Nos llama la atención que mientras nosotros luchamos 14 años para lograr que sacaran el decreto 632, ellos sí pretendan en 6 meses resolver un modelo de gobernabilidad que funciona para ellos, no para nosotros. A nosotros sí nos ponen todas las trabas posibles para crear nuestros Consejos, pero para ellos todo se acelera fácilmente”, asegura Fausto. Para él y para su comunidad, permitir la municipalización terminaría por dividirlos. Y a la vez, aseguraría los intereses de quienes han promovido estos procesos de municipalización para consolidar lo que los indígenas consideran un monopolio político.

El mal ejemplo de Barrancominas

Justamente es el Congreso el que no ha querido medírsele a la reglamentación de la ley de ordenamiento territorial que permitiría la implementación de las Entidades Étnicas Territoriales. Desde hace más de 30 años existe un vacío legal que no ha permitido la plena aplicación de lo ordenado por la Constitución del 91. Y ese vacío fue lo que permitió la creación de Barrancominas, en Guainía, un municipio que, según sus habitantes, quedó destrozado desde que Duque lo creó.

A finales de 2019, Iván Duque anunció con orgullo el nacimiento de ese nuevo municipio, por encima de la oposición de los grupos indígenas del departamento y luego de un proceso de consulta previa que tiene varias irregularidades que están siendo investigadas por la Fiscalía. Barrancominas, sin embargo, en vez de soluciones, trajo problemas.

Guainía ha vivido un proceso acelerado de deforestación desde 2016. Ese año, se registró la pérdida de 2.752 hectáreas de bosque. Para 2020, el panorama era mucho peor: de acuerdo con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), solo ese año se perdieron más de 75.000 hectáreas por la deforestación acelerada. La Fundación Gaia Amazonas insiste en que son varios los municipios en la región amazónica, además de Barrancominas, que están sufriendo un proceso acelerado de deforestación.

De acuerdo con el MapBiomas-RAISG, una plataforma que permite monitorear el estado de la capa vegetal del suelo amazónico en distintas zonas, a pesar de que en toda la zona, desde el 2001, la tendencia de deforestación ha sido de 314 hectáreas, en el 2020, y más puntualmente en Barrancominas, la deforestación se triplicó; lo que, por supuesto, causó una profunda afectación ecológica a ese municipio en concreto y, por lo mismo, a toda la región amazónica. 

Cinco peticiones concretas al siguiente presidente de Colombia

Frente a este panorama, la segunda petición de los Gobiernos Indígenas de la Amazonía Oriental se resume en cinco puntos clave, que esperan que sean acogidos por quien sea el próximo presidente del país. Estos puntos fueron diseñados con el respaldo de Gaia Amazonia y nueve organizaciones, dentro de las que está la WWF, Greenpeace y la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana.

El primer punto exige proteger la región amazónica frente al cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El segundo busca asegurar la conectividad ecológica y sociocultural de la Amazonía. El tercero es consolidar un Estado intercultural para la Amazonía. El cuarto es poner en marcha un modelo de desarrollo sostenible desde y para la Amazonía. El quinto es garantizar la protección de los derechos de los defensores y las defensoras ambientales, comunidades campesinas y autoridades indígenas de la Amazonía. Todos estos puntos, dicen los representantes indígenas, podrían empezar a consolidarse si se cumple el primer llamado hecho por las comunidades indígenas: archivar el proyecto de municipalización de sus territorios.

La alianza de organizaciones indígenas del Amazonas pretende pedir al próximo gobierno que se comprometa a cumplir los puntos planteados en los primeros 100 días de gobierno, además de incluirlos en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Los escucharán?