Los riesgos para los inversionistas de meterle plata a las energías limpias en países como Colombia

La transición energética necesita inversión. Muchos de los recursos que llegan a los países para desarrollar proyectos de energías renovables no convencionales (eólica, solar, hidrógeno verde, etc.) provienen de empresas privadas que sacan de sus propias billeteras, pero que también se endeudan y acuden a grandes inversionistas a quienes prometen ganancias a la vuelta de unos años. 

Para saber si podrán pagar las deudas que adquirieron, recuperar lo que sacaron de sus billeteras y recibir ganancias, las empresas hacen cálculos de cuánto cuesta invertir en cada uno de esos países, de acuerdo con las normas, instituciones e impuestos de cada lugar, y los comparan entre sí para definir el famoso costo de oportunidad. Se invertirá, evidentemente, donde haya mejores condiciones y mejores garantías.

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El Observatorio de Costo de Capital de la Agencia Internacional de Energía (EIA por sus siglas en inglés), el Foro Económico Mundial (WEF por sus siglas en inglés), ETH Zurich y el Imperial College of London hicieron un estudio en los países emergentes que demuestra el peso que le dan las empresas a la estabilidad de las instituciones y las normas dentro de sus análisis de riesgos. 

En la encuesta, se tuvieron en cuenta proyectos solares de 100 megavatios y gasíferos de 250 MW. “Los resultados preliminares muestran, como se esperaba, que el costo de oportunidad para los proyectos comerciales es más alto que para los proyectos respaldados con contratos de compra de energía, lo que refleja riesgos adicionales de precio y volumen para los inversores”, advierte el observatorio.

El observatorio destaca que los modelos de negocio de los proyectos se basan en tarifas de alimentación de energía, contratos de compra de energía a largo plazo o contratos por diferencia. En los tres casos, la mayoría de ingresos del proyecto se definen por adelantado y en contratos que son de largo plazo, lo que da mayor seguridad sobre el nivel de precios al que el proyecto venderá la energía durante su vida útil.

Así funcionan estos tipos de contratos para fijar precios: 
 

• Tarifas de alimentación de energía: es un modelo que incentiva las inversiones al prometerles a los productores de energía renovable a pequeña escala que se les pagarán precios superiores a los del mercado por la energía que produzcan. 
• Compra de energía a largo plazo: estos son contratos en los que los generadores venden por anticipado la energía –por lo general en grandes cantidades– a los comercializadores o distribuidores. Así se vende hoy la mayor parte de la energía que consume el país. 
• Contratos por diferencia: es un acuerdo entre el comprador de energía y la empresa generadora en el que pactan un precio calculado entre el actual y el que se espera sea el precio en el mercado cuando efectivamente se entregue la energía.

Sin embargo, las empresas encuestadas advirtieron riesgos adicionales. El primero es el regulatorio; es decir, el riesgo de que las normas cambien a mitad de camino, lo cual modificaría las condiciones para cumplir con los contratos y, de paso, pondría en riesgo la rentabilidad esperada. El segundo es el riesgo político, que tiene que ver con que la gobernabilidad del país se mantenga estable; y el tercero, el riesgo para el comprador, que se refiere al riesgo de que, por ejemplo, los comercializadores y distribuidores de energía, que la compran por anticipado, no alcancen a recibir el producto.

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En Colombia, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas (ACP), en su encuesta anual de clima de inversión, reveló que, por primera vez en nueve años, todos los encuestados coincidieron en la percepción de que la situación fiscal del país había empeorado. El 79 por ciento dijo que la estabilidad política del país también había bajado, e igual porcentaje advirtió que la seguridad regulatoria e institucional es peor desde 2022. Los tres factores, advirtió la ACP, eran los que hacían a Colombia competitiva en el sector frente a otros países de la región. 

A eso se suman las quejas de las generadoras hidroeléctricas, que durante el debate de la reforma tributaria de 2022 le advirtieron varias veces al gobierno que imponerles una sobretasa en el impuesto a la renta iría en detrimento de las inversiones en nuevas tecnologías y energías, pues las hidroeléctricas están entre las mayores inversionistas del país en esta rama. 

Mientras tanto, Europa y Estados Unidos anuncian inversiones y descuentos de impuestos para quienes inviertan en proyectos que les ayuden a alcanzar más rápido sus metas ambientales a 2030, aunque saben que la transición energética se tomará, por lo menos, diez años más. 

¿Cómo puede responder Colombia? 

Como uno de los factores que buscan los inversionistas y las empresas generadoras de energías renovables es estabilidad que les permita confiar en que, con el paso de los años, recuperarán su dinero y recibirán ganancias, los expertos destacan que es importante que el país tenga políticas públicas que sean consistentes y que, además, unifiquen las políticas de tarifas y las decisiones en materia fiscal. 

También son necesarias señales de largo plazo para los mercados, como las que han dado Europa y Estados Unidos, con medidas regulatorias pero también con incentivos a inversión que es de largo plazo y específica para el desarrollo de energías más limpias. Todo esto, por ejemplo, de la mano de documentos como el Plan Nacional de Desarrollo o anuncios de continuidad de políticas públicas que pueden convertirse en políticas de Estado. 

Finalmente, los expertos dicen que es necesario tener señales de certidumbre. Es decir, que tanto inversionistas como empresarios sepan que las reglas de juego no van a cambiar a la mitad del camino por un giro político o porque una situación de este tipo genere inestabilidad en su sector, como lo temen ahora las generadoras de energía.