Víctimas de la liquidación de DMG hicieron plantón en la Supersociedades y en la Plaza de Bolívar

Puede ser la liquidación más larga en la historia del país, con el mayor número de afectados y con más personas inconformes.
El 16 de noviembre de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe, amparado en un decreto de excepción, ordenó la intervención de DMG Holding. El operativo comenzó a medianoche.  ya para la madrugada del lunes, los socios se levantaron con una realidad totalmente diferente.

El argumento del gobierno para intervenir fue la declaratoria de emergencia social por la crisis que generaron las pirámides financieras.Varias de ellas habían cesado los pagos de intereses y los clientes organizaron protestas en la mayoría de ciudades del país. DMG no había cesado el pago a sus socios y la intervención de la captadora ocurrió después de una serie de declaraciones en las que David Murcia cuestionaba al entonces presidente Álvaro Uribe y al banquero Luis Carlos Sarmiento Angúlo.

La masa de bienes y millones de pesos en efectivo, cuya cuantía no ha sido totalmente establecida, pasó a manos de la liquidación y hoy, 15 años después el proceso no termina.

Los otrora tarjetahabientes llegaron a Bogotá en buses, primero participaron de una asamblea de la nueva empresa DMG en la que asistieron de manera presencial unas 600 personas y, conectados vía internet , unas 9.000.
Quienes asistieron de manera presencial marcharon por la calle 26 y fueron hasta la Superintendencia de Sociedades a hacer un plantón. Se quejan de que nunca les devolvieron sus dineros y cuestionan que el Gobierno de Gustavo Petro sostenga al superintendente de Sociedades, Billy Raúl Escobar, nombrado por su antecesor Iván Duque, y que 15 años después Maria Mercedes Perry siga siendo la liquidadora del proceso.

La mayoría de marchantes vistieron camisetas de la Selección Colombia. Detrás de cada una de estas camisetas hay historias de cuantiosas pérdidas, noches de angustia, pero también de una fe que no se pierde: la fe de recuperar algo de lo que perdieron en 2008.

Victor Murcia habla y camina con dificultad. Cuando ocurrió la intervención de DMG tenía depositados 40 millones de pesos, una fortuna para él. Cuenta que con la pérdida de dinero vino después la de su matrimonio y la de su familia, pero aún tenía más por perder.
Hace ocho años, en el Cauca,  hombres que intentaron robarle su motocicleta le dispararon. Debido a las heridas perdió parte de la movilidad del lado derecho de su cuerpo. Desde ese entonces tampoco puede hablar fluidamente.
Como pudo, vino hasta Bogotá a hacer parte del plantón, y dice sentirse un “naide” más, al que nadie le presta atención, y al que no le responden por los fondos depositados.

A metros de él, una mujer exhibe un certificado de tradición y libertad. El extenso documento tiene un largo listado de propietarios. Cada uno con el 0,01 por ciento de propiedad de un apartamento de poco valor comercial en la localidad de Tunjuelito.
Elsa Casas es una de las propietarias. Vive en Chiquinquirá y hasta hace unos días no sabía que era copropietaria, con otras decenas de inscritos en la liquidación, de este apartamento en Tunjuelito.

El ínfimo porcentaje a su nombre le representa poco o casi nada, pero lo que sí le asusta son las deudas pendientes por impuestos. Casos cómo el de ella no son aislados, a lo largo de estos 15 años de liquidación, antiguos inversionistas de DMG se han quejado de que los han reparado con porcentajes casi simbólicos en propiedades de poco valor que luego resultan siendo un dolor de cabeza porque entre tantos propietarios, que ni siquiera se conocen, es casi imposible ponerse  de acuerdo para el pago de impuestos y otras obligaciones.

Samantha Fajardo, líder de DMG en Putumayo, le dijo a CAMBIO que la convocatoria para el plantón fue hecha a través de redes sociales en todo el país, y aseguró que las personas que protestaron frente a la Superintendencia de Sociedades estaban cansadas de la estigmatización y de deberles a la Dian por bienes que no tienen.
Pero además los marchantes clamaron por la libertad de David Murcia, quién según su grupo de abogados fue condenado dos veces por los mismos hechos.

Santiago Morales, abogado de Murcia y representante legal de Comercializadora Familia DMG, cuestionó que el Gobierno de Petro hubiese denunciado presuntas irregularidades por parte de María Mercedes Perry cuando estuvo al frente de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes y que, sin embargo, la mantenga  como liquidadora de DMG. 

“Uno no entiende cómo, el Gobierno habiendo detectado y denunciado actos irregulares por parte de la liquidadora de la DNE la sostiene como liquidadora de DMG. Si bien todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, el presidente tiene la posibilidad de moverla de un firmazo. Las víctimas le pidieron al presidente ser escuchadas y no fueron atendidas, lo cuál deja muchas suspicacias” aseguró Morales.