“Mientras en Colombia exista un centralismo tan fastidioso y tan asfixiante, no va a haber posibilidad de transformar su territorio”: habla el gobernador de Antioquia

Antioquia siempre es noticia, pero durante este año ha habido dos asuntos que la han mantenido en el centro del debate público: las tensiones crecientes del gobierno departamental con el Gobierno central, y la 'vaca' de recolección de fondos para la culminación de las vías 4G en el departamento. 

La negación de recursos para terminar estas obras públicas y la 'vaca' propuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y secundada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se conectan directamente con el proyecto de referendo de 'Autonomía Fiscal Regional'. 

El promotor de esa idea es el actual gobernador de Antioquia. Mientras celebra la entrega voluntaria de tres de los agresores de mujeres cuyas imágenes e identidades fueron publicados por la Gobernación en un cartel al estilo del Viejo Oeste, desde su despacho en La Alpujarra, en Medellín, Andrés Julián Rendón habló con CAMBIO.

Ana Cristina Restrepo Jiménez: ¿Cuánto han recolectado hasta ahora con la 'vaca' y cuáles han sido las dificultades (hay demandas por pérdida de investidura a los congresistas que metieron pa’ la vaca”?

Andrés Julián Rendón: La 'vaca' es una invitación a expresar un sentimiento muy propio de los antioqueños, de los colombianos, el civismo, la solidaridad. Para mí es muy satisfactorio decir que a hoy tenemos cerca de 15.000 aportantes con un poco más de 5.000 millones de pesos, muy concentrados en el aporte de personas naturales. Los empresarios han estado renuentes, temerosos a aportar, pero hay que seguir insistiendo, porque las necesidades de infraestructura son muy grandes en Antioquia, las fuentes de los departamentos (que es el nivel intermedio de gobierno que escogió Colombia mantener) son tan débiles, que no queda otra alternativa que ser muy imaginativos en buscar recursos a través de distintas fuentes y atender las necesidades de la gente y las exigencias del territorio”.

A.C.R.J.: ¿Son 3 billones de pesos? ¿Cuánto requiere hoy Antioquia para las 4G? 

A.J.R.: Son 3 billones largos. Si sumamos lo que hoy está en competencia del Invías, que son tramos de obra que no quedaron atados a ningún esquema de concesión, por ejemplo, los 3,2 a 3,5 kilómetros que van desde Caldas hasta Amagá, el Intercambio de Primavera; luego hay que hacer a la altura de Bolombolo un puente que conecte Pacífico 2 con Mar 1. También estamos hablando de los recursos del Túnel del Toyo, ahí también se mete la plata, que ya está asegurada del departamento y de la Alcaldía de Medellín, para finiquitar su tramo correspondiente en el Túnel del Toyo.

A.C.R.J.: Para que las personas que nos acompañan entiendan un poco mejor estas vías, ¿cuántas le sirven solo a Antioquia y cuántas le sirven a toda Colombia?

A.J.R.: Tenemos la fortuna de que estas vías pasen por Antioquia, pero son para el país. Son vías que se enmarcaron dentro de la cuarta oleada de concesiones en Colombia, por eso se llaman de cuarta generación, no es porque tengan ningún componente tecnológico asociado. Es muy importante destacar que, en las tres primeras oleadas de concesiones en Colombia, no estuvo Antioquia, fueron obras que llegaron a otras latitudes del país. Esto se comenzó a definir finalizando 2010. Inicialmente se había pensado que el gran ejecutor pues fuera ISA, luego llega el gobierno de (Juan Manuel) Santos y decide compartimentar esa gran obra que aquí se conocía como ‘Autopistas de la Montaña’, en distintos tramos y distintas concesiones que se quedan con ellas, por eso es que hay unos tramos que no quedaron en ninguna concesión. Puntualmente el Túnel del Toyo es un tramo de 38 kilómetros, la mitad a cargo de los entes territoriales, departamento y municipio, y la otra mitad a cargo de la nación, que no daba ni en su flujo futuro de tráfico, ni en su matriz de riesgos para ser concesionada, y por eso se sacó adelante como una obra pública. El Túnel del Toyo es el tramo de obra que más tiempo ahorrará a cualquier colombiano que venga del nodo productivo donde tú lo quieras ubicar, prácticamente cualquier ciudad de Colombia se va a ahorrar el 30 por ciento en tiempo y en recorrido para llegar al puerto más próximo que podría tener sobre el Caribe colombiano que, por fortuna es en el nuestro, en el Urabá antioqueño.

A.C.R.J.: Devolvámonos a la demanda de la 'vaca'. Algunos congresistas están en riesgo de la posible pérdida de investidura, tres aceptaron que no habían aportado nada (Andrés Guerra, Esteban Quintero y John Jairo Berrío). ¿Qué sabemos de lo que va a pasar con esa demanda? Y si llegara a quedar esta vaca como en un limbo jurídico, ¿qué pasaría con ese dinero?

A.J.R.: Nosotros acá tenemos certeza jurídica, ese fue un acto administrativo que llena todos los requisitos de ley, que no está violentando normatividad alguna. Estamos muy tranquilos con la forma en que procedimos. Le tocará a cada uno de los congresistas sortear su situación puntual, ellos tomarán la decisión que más tranquilidad les genere. Aquí en la Gobernación tenemos absoluta certeza de la forma en que se procedió del acto administrativo, de su juridicidad y vamos para adelante a defenderlo.

A.C.R.J.: ¿A estos congresistas comprometidos (Miguel Uribe, Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal y Hernán Cadavid) se les va a devolver el dinero?

A.J.R.: Ellos pidieron que les regresáramos el dinero porque eso les daba a ellos más tranquilidad para encarar el proceso legal que tienen que asumir.

A.C.R.J.: La demanda considera que esta donación podría ser mirada como un contrato con el Estado...

A.J.R.: Ahí hay una discusión de si eso no es un contrato. Lo que sí queda claro es que el contrato, si llegase a existir o no, solo se perfecciona, que es muy importante para todos los efectos legales, una vez los recursos llegaran a incorporarse al presupuesto del departamento, algo que todavía no ha tomado lugar.

A.C.R.J.: ¿Hasta cuándo se recoge el dinero de la vaca?

A.J.R.: Hemos pensado en que un límite temporal que podríamos establecer y que seguramente va a ser de esa manera, es hasta cuando nosotros, tanto departamento como municipio, finiquitemos las obras a nuestro cargo, que podría ser finalizando julio o agosto del presente año; porque también más o menos en esa fecha se agotaría, al menos en tiempo, el contrato que tiene vigente la nación. Como la nación nos conminó a ser imaginativos en la financiación de los recursos, que ellos no tienen cómo colocarlos, según lo que nos han expresado; nosotros salimos adelante a darle vida jurídica a la ‘vaca’, para que la no existencia de recursos o de una fuente certera, pues no nos dejara eso como un elefante blanco.

A.C.R.J.: En Blu Radio, el ministro de Transporte, William Camargo, me dijo que Antioquia ha sido una “consentida” de todos los gobiernos, que este se va a concentrar en otras zonas. La negación de recursos para las 4G genera una serie de tensiones que desembocan en la vaca, y que abren la discusión sobre la pertinencia de la Autonomía Fiscal Regional, que muchos llaman “Antioquia Federal”. ¿Esto sí es una “Antioquia Federal” o no?

A.J.R.: No. Llamar esto Antioquia Federal, primero, sería negar nuestra condición y nuestro amor por Colombia. Los antioqueños somos muy regionalistas, pero amamos este país. A mí me gusta el federalismo, creo que es la mejor forma de organización entre un nivel central o federal y los subnacionales o los estados asociados a las autonomías. De cuenta esa discusión ha habido mucha violencia en Colombia. No tenemos por qué atizar discusión alguna que vuelva a generar oleadas de violencia.

A.C.R..J: Eso de “Antioquia Federal” es capotear un toro muy bravo, los más reaccionarios son los que defienden esa idea de “Antioquia Federal”.

A.J.R.: Allí hay una mala interpretación de lo que es el federalismo, una cosa es decir Colombia federal, que implicaría que los departamentos o las regiones fueran estados asociados dentro de un esquema federal, pero es que decir “Antioquia Federal” es como si Antioquia se independizara de Colombia, fuera en sí mismo una república y el oriente fuera un estado asociado a una autonomía, el Bajo Cauca, otra. A mí me gusta mucho explicar eso para que la gente entienda que una cosa es reclamar autonomía, más discreción sobre los recursos que se generan en las regiones y otra cosa es decir que no queremos seguir siendo colombianos. Por cuenta de todo esto, se ha puesto en escena una discusión que yo he tratado de exponer desde hace dos años, recorriendo el departamento, alrededor de la necesidad que tienen los departamentos de vigorizarse fiscalmente, porque la gente cree que en Antioquia quedan muy ricos: tú que conoces bien el departamento sabes que aquí hay subregiones que son tan vulnerables como las de mayor problemática social en el país, el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, el nordeste, el Magdalena Medio. Eso pasa entre otras cosas porque, el nivel intermedio de gobierno que nosotros escogimos, que son los departamentos, nos lo dijo aquí Humberto de la Calle en una conversación: "Usted tiene razón en invocar esta discusión porque, realmente, a nosotros en la Constitución se nos olvidó vigorizar fiscalmente los departamentos y cuando ya fuimos a mirar qué hacer con ellos, no teníamos tiempo para deliberar, entonces los dejamos básicamente como venían en la Constitución del 86". Los departamentos se quedaron con unas rentas coloniales, rentas que en economía las llamamos como unas que buscan internalizar externalidades, es decir, corregir comportamientos de consumo negativos de la sociedad y por eso les ponen un tributo a los licores, a los tabacos, a los juegos de azar, recientemente la gasolina, los vehículos. Esos tributos tienden estructuralmente a decrecer porque los ciudadanos habitúan sus consumos hacia unos más saludables o amigables con el ambiente. Los departamentos en general se convirtieron en unas estructuras muy dependientes de las transferencias de la nación y que en ningún caso les alcanza para satisfacer, remediar las necesidades de su gente, ni transformar los territorios. Los antioqueños le hacemos a la nación una transferencia de recursos al año que puede superar los 30 billones de pesos.

A.C.R.J.: ¿Cuál sería el mecanismo jurídico para sacar adelante este proyecto de Autonomía Fiscal Regional?

A.J.R.: Queremos llevar esta discusión de conseguir la autonomía fiscal, de profundizar la descentralización, que es una promesa incumplida de la Constitución del 91, queremos llevarla a los ciudadanos, sacarla de estos edificios, de los espacios técnicos, de los políticos, de los líderes de opinión, de la academia, y mostrarle al ciudadano común y corriente que, mientras en Colombia exista un centralismo tan fastidioso y tan asfixiante como el que hoy tenemos, no va a haber posibilidad alguna de transformar su realidad ni su territorio. La gente dice "no, pero es que claro, Antioquia habla de que se quiere quedar a través de este referendo, las regiones con los impuestos de renta y patrimonio, porque ellos van a duplicar, a triplicar sus ingresos": todos los departamentos duplicarían sus ingresos a excepción de cuatro. Por eso en la misma propuesta de texto hablamos de la constitución de un fondo de convergencia regional para que ninguno pierda y para que todos reciban más, vía este instrumento, de lo que recibe del Sistema General de Participaciones. Yo hago una pregunta: que me cuenten a mí de cuenta el brazo centralizador que tenemos desde la Constitución del 91, del esquema actual, ¿cómo ha mejorado la situación en Chocó, en Guainía, en Vaupés, en Amazonas o incluso en San Andrés? Es hora de reconocer que la nación hace mal el reparto, los tributos existen para equiparar las condiciones entre las personas o entre los territorios, y la nación no ha sabido hacer eso en Colombia. Yo creo que es un principio de la descentralización. Creo que un nivel subnacional de gobierno como los departamentos, puede hacer un mejor reparto en el interior de su territorio. Eso es lo que nosotros estamos buscando: que los tributos de renta y de patrimonio pasen de ser de la nación a ser de los departamentos.

A.C.R.J.: ¿Quiénes integran su equipo de trabajo para el referendo?

A.J.R.: En el referendo están personas de distintas latitudes del país, buscando que tengan una representación no solo regional sino poblacional: Ana Lucía Villa, una antioqueña que trabajó buena parte de su vida laboral en el Ministerio de Hacienda lidiando con las finanzas territoriales; Juan Daniel Oviedo, bogotano, concejal de Bogotá; Diego Santos, bogotano, líder de opinión; Vanessa Mendoza, en representación del Pacífico; Hilduara (Barliza Brito), indígena wayúu, representación del Caribe; Carlos Gustavo Cano, representación del Tolima, del Huila, de esa parte del sur del país; en la Orinoquia, Juan Guillermo Zuluaga, el exgobernador del Meta. Teníamos al doctor Guido Echeverry, decidió apartarse porque tiene dudas jurídicas sobre si su condición de senador le permite finalmente estar allí.

A.C.R.J.: ¿Cuál sería, más o menos, la pregunta del referendo? 

A.J.R.: ¿Está de acuerdo, sí o no, con que los departamentos, solo los departamentos, puedan cobrar la renta, el patrimonio, grabar la venta del patrimonio de poblaciones naturales y jurídicas de su territorio?

A.C.R.J.: Pasemos a la relación Antioquia con el Gobierno central, ha sido muy tensa. ¿Cómo suavizar esas tensiones?

A.J.R.: Yo no me he tomado nunca una cosa personal, incluso la segunda vez que yo tuve ocasión de dialogar con el presidente Petro, en el encuentro con Urabá, él mismo lo dijo, "la gente dice que sí tenemos un desencuentro personal y nos hemos visto dos veces en la vida". Y es verdad: yo no tengo situación personal alguna con él. Pensamos muy distinto, pero eso no nos impide ponernos de acuerdo en lo que la gente espera que nos pongamos de acuerdo. Cuando la gente vota por uno, lo hace con la ilusión de que tanto él como yo hagamos que las cosas pasen, y que las cosas pasen en función de una acción pequeña, mediana o grande que transforme su vida, que resuelva el problema que hace tanto tiempo está por resolverse. Entonces para mí esa es la premisa, eso no me va a impedir dejar de expresar lo que yo siento, dejar de defender los intereses de Antioquia, los antioqueños, pero yo soy una persona respetuosa, institucional, tengo muy claro que nos corresponde trabajar con él, seguimos trabajando, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte para encontrarle una salida a ese tramo de la vía del mar que requiere una solución. Le hemos dicho de tiempo atrás: entendemos esas dificultades fiscales que ustedes tienen, o si lo tienen y no las quieren poner acá, díganos, habilítenos jurídicamente y nosotros miramos si ocupamos toda nuestra capacidad de endeudamiento en resolver eso, pero que el tema quede con un camino de solución, porque claro, en eso comparto tu apreciación, la gente no está esperando que uno esté en una pelea permanente, que yo nunca he querido plantear. Simplemente he levantado la mano para decir: venga, aquí hay una cosa por resolver, resolvámosla, a usted le corresponde resolverla, pero si no puede, está bien, díganos, nosotros la resolvemo”.

A.C.R.J.: Quedémonos con esa mano levantada, con la paz total. ¿Cómo ha sido la comunicación con el ministro de Defensa, Iván Velásquez? ¿Cuál es su posición frente a la paz total?

A.J.R.: Ha sido una relación cordial, muy respetuosa, institucional. Hemos participado en dos consejos de seguridad, uno que se hizo acá y otro que él convocó, los dos convocados por él en el sur de Bolívar, y nos desplazamos hasta allí precisamente para atender una situación crítica que genera la paz total, porque la paz total tiene un instrumento que es el de cese al fuego y le ata las manos a la fuerza pública para contrarrestar el accionar criminal a unos grupos que, de un lado posan de insurgentes (el ELN, el Estado Mayor Central) que uno podrá tener cualquier tipo de discusión alrededor de eso, pero para mí solo están detrás de la captura de una renta ilícita, en este caso la que pueden derivar de la extorsión, en una mina grande que hay allí en el sur de Bolívar. Y de otro lado están quienes también quieren estar en la bolsa de la paz total, pero como contrainsurgentes, que son los del Clan del Golfo. A un oficial del Ejército le queda muy difícil, desde el helicóptero que va a buscar aterrizar cuando hay un enfrentamiento de tres, saber quiénes tienen brazalete del Clan del Golfo para atacar su accionar criminal o quedarse quieto contra lo que hacen el Estado Mayor Central y el ELN y simplemente denunciarlo entre el mecanismo de verificación. Hemos dicho: por favor, el decreto de cese al fuego, deróguenlo porque le amarra las manos a la fuerza pública. Y tanto o peor ha sido el mantenerlo en unas zonas y en otras no, porque eso lo único que hace es el efecto globo, hace que la criminalidad salga de un sitio a otro. Creo que uno de los errores más grandes que ha cometido Colombia, distintos gobiernos a lo largo de su vida republicana, es contemporizar con el crimen. Para nosotros la paz es un propósito que se conquista con seguridad, con justicia, con oportunidades, no negociando con los delincuentes. Me da mucha tristeza, como ciudadano y como gobernante, ver cómo una y otra vez caemos en el mismo error, porque lo único que hace esa contemporización con el crimen es generar una nueva oleada de violencia. Hoy estamos viendo en el Bajo Cauca, en el nordeste de Antioquia, problemas de orden público que creíamos haber superado.

A.C.R.J.: ¿Para usted la solución es militar?

A.J.R.: No, la solución de la paz es una solución que pasa por imponer la seguridad, la justicia y las oportunidades que no llegan a los territorios. Algo que no hemos aprendido en Colombia es a ejercer una función muy cara a la existencia del Estado, que es el control territorial. No puedes pretender que si abandonas un territorio a su suerte, que es rico en recursos naturales, que tiene oro o que puede ser la coca, que es una maleza que brota así la tiren al revés y da hasta cuatro cosechas en el año, no puedes pretender que si abandonas ese territorio a su suerte, allí no florezca el crimen de capturar esa renta. Ese crimen es el que va a buscar sustituir al Estado controlando el territorio, extorsionando, que ellos lo llaman tributación, impartiendo justicia, es decir, ejerciendo las labores esenciales de un Estado, haciendo carreteras. Esa película ya la hemos visto muchas veces en distintos territorios y yo me sorprendo de que no aprendamos.

A.C.R.J.: A propósito de las estrategias de seguridad, se acaba de publicar el informe 'El cielo que perdimos', de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, y destaca la necesidad de abordar la migración de las distintas formas de violencia y tener mayor claridad sobre los frentes de seguridad. Hablemos de los frentes de seguridad y su condición jurídica. La crítica, muy entendible, es que podrían ser las nuevas Convivir, podrían estar armados.

A.J.R.: Difiero de eso, precisamente porque estoy promoviendo una cosa que existe en la norma, que fue exitosa cuando yo pasé por la Alcaldía de Rionegro. Cuando llegué a la Alcaldía, me encontré tres estructuras delincuenciales dedicadas al microtráfico que nos ponían hasta 50 asesinatos por año, tenían disparados todos los demás hechos delictivos y, fruto de pasar de 32 frentes de seguridad a 150, cuya única arma era en un radio (los que estaban en la ruralidad dispersa) o un plan de datos de celular (los que estaban en centros poblados urbanos o en rurales) por tumbar casas de vicio, terminamos el mandato sin ninguna de esas estructuras delincuenciales y con una tasa de homicidio de siete por cada 100.000 habitantes, de un dígito, que es un logro muy importante y todos los demás delitos en caída. Tenemos una absoluta convicción que en las actuales circunstancias del país y de la seguridad de Antioquia, donde por ejemplo, hoy tenemos la mitad del pie de fuerza policial que teníamos aquí hace 15 años (yo fui secretario de Gobierno de Antioquia hace 15 años, teníamos el doble de policías que hoy tenemos en todo el departamento), no logramos avanzar en consolidación las condiciones sobre todo de seguridad ciudadana, si no es con una colaboración estrecha de la ciudadanía, que sean los ojos, los oídos de las autoridades, pero no armados, sin arma alguna, solo con un dispositivo radial o tecnológico que les permita una comunicación efectiva con las autoridades.

A.C.R.J.: Pero si uno mira la experiencia, por ejemplo, en Urabá, tenían esas formas de comunicación que se convirtieron en los famosos 'puntos', que después se convirtieran en puntos de vigilancia de paramilitares. ¿Cómo ejercer control? ¿Cómo evitar que esto trascienda al paramilitarismo?

A.J.R.: Tengo una convicción interna que además la pongo siempre por delante en estas circunstancias: el monopolio de las armas solo debe recaer en el Estado. Cuando usted ya empieza a decir "no, pero es que dejemos que estos que están allí, que tienen un radio, pero además tienen un arma, puedan estar". Yo no coincido con eso, porque así unos funcionen bien, habrá otros que van a encontrar una circunstancia fortuita o deliberada para actuar mal y se van a tirar en el proceso. Hay un principio innegociable: las únicas armas de las que pueden disponer los frentes de seguridad son radios, elementos de comunicación, nada más. La colaboración y la comunicación en esto es tan importante que acabamos de lanzar el cartel de los 18 agresores más buscados en Antioquia, porque violentaron a niñas o a mujeres. Solamente con anunciar el cartel, tal vez por la presión ciudadana y de los medios de comunicación, hay tres que se presentaron a las autoridades. Lo ideal sería tener mucha Policía, mucho Ejército, mucha tecnología, pero cuando no contamos con eso en el corto plazo, la colaboración ciudadana siempre será una formidable herramienta.

A.C.R.J.: Hay un plan de turismo responsable en Medellín, contra la explotación de menores y explotación sexual de adultos. ¿Ustedes de alguna manera van a trabajar también en el turismo a nivel departamental? Hay lugares que están desbordados, como Guatapé...

A.J.R.: “Sí, celebramos y acompañamos al alcalde de Medellín en ese propósito. Hay que hacer todo lo que está a nuestro alcance en ese tema de contrarrestar la explotación sexual de niños y de menores. Quisiéramos que una estrategia que nos ha dado éxito en contrarrestar el microtráfico, también pudiera aplicarse en este hecho delictivo: apelando al código de policía, como lo hacemos en el caso del microtráfico, tener la posibilidad de demoler como medida disuasiva algún domicilio que se esté utilizando a ese propósito.

A.C.R.J.: Colombia está unida en una campaña: ahorrar agua y energía. La Gobernación de Antioquia es una de las propietarias de Hidroituango. ¿Cómo está Hidroituango?

A.J.R.: La seguridad energética hoy del país pasa por Hidroituango, que es la generadora que más energía ha estado entregándole al sistema. Me dio mucha tristeza con ocasión de una visita que hicimos con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el alcalde de Medellín la semana pasada, ver cómo de no haber sido por el cambio sin necesidad que tomó lugar en los contratistas, ya en este año tendríamos generando las otras cuatro turbinas. El mayor problema que tuvo Hidroituango no fue la calamidad natural, que la sortearon además con bastante heroísmo los trabajadores de Hidroituango. El mayor problema fue la pasada administración que quiso destruir el proyecto desde antes de ellos tomar el mando de la ciudad. Así que Hidroituango, gracias a Dios, hoy la tenemos, hay que seguir trabajando en que las cuatro turbinas restantes puedan finalmente ponerse en funcionamiento. Deberá tomar lugar por allá en 2027 o antes.