Entre grafiteros y policías, historias en memoria de Diego Felipe Becerra

Diego Felipe Becerra Lizarazo hubiera cumplido 29 años el pasado 31 de agosto si no hubiera sido porque el patrullero Wilmer Antonio Alarcón lo asesinó el 19 de agosto de 2011. Lo mató 12 días antes de su cumpleaños 17. Le disparó por la espalda mientras el joven corría asustado porque fue sorprendido pintando un grafiti. Luego, el policía y sus compañeros, incluyendo el comandante del CAI, manipularon la escena, compraron testigos y desviaron la investigación para presentar a Diego Felipe como un delincuente que estaba armado, que robó un bus y que murió en su ley. Pero el tiempo fue implacable y la tenacidad de los padres del menor logró lo que hasta el viernes era imposible en Colombia: ver a un presidente de la república, al director general de la Policía Nacional y a un ministro de Defensa ofreciendo perdón y reconociendo su responsabilidad. Una imagen que para darse recorrió un largo y tortuoso camino.

Doce años han pasado desde el viernes en que Diego Felipe salió con tres amigos a pintar un muro en el puente de la Calle 116 con Boyacá. Doce años en que Gustavo Trejos y Liliana Lizarazo tuvieron que sufrir no solo que les mataran a su hijo, sino que además mancillaran su nombre y su honra. El día que lo mataron plantaron un arma en la escena del crimen y dos días después la Policía aseguró en una rueda de prensa que el joven delinquía. Al final, la justicia probó que quienes delinquieron fueron los uniformados. El Estado iba derecho a una condena en la justicia internacional pero la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación (ADJN) propuso un acuerdo de solución amistosa que se empezó a tejer hace un año y que condujo a un inédito proceso de reconciliación entre policías, grafiteros y la familia de Diego Felipe.

CAMBIO reconstruyó el detrás de cámaras del acto de reconocimiento de responsabilidad. La primera reunión se realizó el 23 de agosto de 2022, días después de que Gustavo Petro asumiera la presidencia. En ese primer encuentro, a expensas de Martha Lucía Zamora, directora de la ADJN, ella le ofreció a los padres intentar un acuerdo de solución amistosa. “El primer encuentro fue tenso. Los padres de Diego Felipe se mostraron prevenidos. Tenían un fallo que obligaba a la Policía a pedir disculpas; y recuerdo que dijeron: estamos seguros de que no lo van a hacer, menos el ministro, porque si no lo han hecho antes no lo van a hacer ahora”, contó Adriana Jazmín Peña, funcionaria de la entidad y quien acompañó todo el proceso para firmar el acuerdo.

A los 15 días hubo un nuevo encuentro con los padres de Diego Felipe. “Ese día, don Gustavo y doña Liliana sostuvieron que para evitar falsas expectativas, el proceso debía construirse bajo reserva y sin presiones. Como un gesto de interés de parte del Estado se hizo una revisión de unas preocupaciones que la familia tenía con su esquema de seguridad, ya que han sido víctimas de toda clase de amenazas”, explicó la funcionaria. Desde ese momento empezó una intensa mediación de la Agencia de Defensa Jurídica entre la familia de la víctima y el Ministerio de Defensa y la Policía. El trabajo durante esta etapa consistió en concertar el texto del acuerdo de entendimiento, e implicó que los funcionarios llevaran propuestas de un lado al otro hasta pactar cada sílaba.

El acuerdo de entendimiento se firmó el 13 de diciembre y contiene los ocho compromisos que el Estado asumió para reparar a los familiares y amigos de Diego Felipe. En ese momento se informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que procediera a sacar el caso del portafolio de procesos y lo incluyera dentro de la carpeta de soluciones amistosas. Los meses que siguieron hasta la firma del Acuerdo fueron de muchas tensiones y diferencias. El Ministerio de Defensa y la Policía creían que era suficiente con reconocer la responsabilidad en el asesinato de Diego Felipe, mientras la familia del joven exigía que reconociera la estigmatización y el montaje que urdieron para justificar su muerte. El ministerio sostenía que solo los padres eran víctimas. La defensa pedía que se reconociera también a los tres amigos de Diego Felipe que estaban con él esa noche. Y así fue como, poco a poco, funcionarios y policías entendieron las solicitudes de la familia. El acuerdo final se firmó el 18 de mayo de 2023.

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El Ministerio de Defensa y la Policía creían que era suficiente con reconocer la responsabilidad en el asesinato de Diego Felipe, mientras la familia del joven exigía que reconociera la estigmatización y el montaje que urdieron para justificar su muerte

El acto de reconocimiento de responsabilidad fue uno de los ocho compromisos. Los otros incluyen, entre otros, que el puente en el que fue asesinado se bautice Diego Felipe Becerra. También se acordó que se instauraría el día del arte urbano, la creación de un museo virtual de grafiti, un programa de incentivos para los artistas callejeros, una cátedra de derechos humanos al interior de la Policía y otros asuntos sobre la reparación. Pero lo más interesante del proceso fue que se definió que la Policía participara de unos talleres de sensibilización dictados por grafiteros. Durante un mes y medio, artistas urbanos y patrulleros tuvieron encuentros impensables, en los que los jóvenes tantas veces perseguidos por los uniformados les enseñaron a los policías a pintar una pared con un aerosol.

Juvenal Camacho participó de los talleres entre grafiteros y policías como funcionario de la Agencia de Defensa Jurídica. “Ocurrieron cosas muy bonitas. Todo empezó en un ambiente polarizado. Los policías sostenían que se trataba de reparar la ‘muerte’ del joven; los grafiteros exigían que se reconociera el asesinato de su amigo. Recuerdo en una de las sesiones que un grafitero le mostró a los patrulleros un aerosol y una pistola de pintura y les dijo: nosotros también utilizamos pistolas, pero estas no matan a nadie, solo sirven para hacer arte”, narró. También cuenta que tras las primeras instrucciones sobre cómo coger la lata, a qué distancia usarla y de explicarles cómo hacer los trazos, uno de los grafiteros comentó con humor: “La primera parte del taller es sobre técnica de grafiti y la segunda de cómo escapar de la policía”.

Yuliana Falla también acompañó los talleres y describió algunas de las escenas que le impactaron del proceso.  Por ejemplo, cuenta que un patrullero que era amigo de Wilmer Antonio Alarcón  hizo una sentida reflexión de cómo a ese policía también se le acabó la vida ese día. Perdió su carrera, su tranquilidad, después su libertad y hasta sus dos hijos han sufrido señalamientos y maltratos en su colegio por lo que hizo su papá. Al final, respetuosamente, les pidió que pensaran en la tragedia humana de una persona que actuó mal.

Otra de las historias que contaron los funcionarios fue que los chicos empezaron el taller con el prejuicio de los policías malos. Y que en una ocasión los artistas le preguntaron a los policías dónde se sentían seguros, y estos respondieron que solo en sus casas y en las estaciones. “También fue maravilloso ver que en algún momento hubo un cambio de roles: los policías pintando grafitis y los muchachos dirigiendo a los policías. Se formó un ambiente amable, de humor, de trabajo. A los policías se les vio entrar serios y terminar comprometidos con las actividades y disfrutando del espacio”, concluyó Juvenal.

Fue así como la familia de Diego Felipe Becerra, un grupo de grafiteros y uno de policías, se reunieron durante cuatro talleres de sensibilización que terminaron convertidos en el mural en honor al joven asesinado. Un mural que integra las principales imágenes que representan el camino de 12 años de lucha de Gustavo y Liliana por la verdad, la justicia y la memoria de su hijo asesinado. 

Así refirió Gustavo Trejos lo que vivió el jueves pasado: “Fue como nos lo soñamos con Liliana. Temíamos que leyeran un discurso y se fueran. Pero sentí que el ministro ofreció excusas de forma genuina y sentidas. Que el presidente habló de la intolerancia y el enemigo interno, y dio con la razón de la muerte de Diego Felipe: un asesino con poder vino y lo mató. Los jóvenes no son enemigos de la fuerza pública. La interacción que produjo este acto de reconocimiento fue un verdadero ejercicio de reconciliación. Sentimos que este acto también sienta un precedente para que otras víctimas del abuso de autoridad puedan vivir el triunfo de la verdad y reivindicar la memoria de sus familiares. Es satisfactorio y esperanzador”,