El nuevo cartel de la contratación: compra de aviones, obras públicas y plata de la paz

 Lo que empezó como la folclórica compra de un jet de lujo por parte de la Policía Nacional parece conducir a uno de los capítulos de corrupción más grandes del país. Detrás del negocio de más de 12 millones de dólares, apareció otro contrato por el mismo monto para la adquisición de dos aviones más. Dos negocios diferentes, que suman más de 25 millones de dólares, y tienen un elemento en común: fueron ejecutados por empresas creadas en Arauca. 
El asunto resultó tan llamativo para las autoridades que se dieron a la tarea de hacer un mapeo de actores, naturales y empresariales, que están relacionados en un sofisticado cartel que se ha quedado con millonarios contratos y licitaciones. En el centro de la investigación se encuentra Juan Carlos Manosalva Carvajal: el zar de la contratación de Arauca, cuyo rastro ha quedado registrado en operaciones comerciales con 435 personas naturales y jurídicas en negocios que van desde la compra de aviones hasta proyectos del Ocad Paz, pasando por la construcción de obras de infraestructura, suministros a hospitales, alimentación escolar y prestación de cuanto servicio requieren las entidades públicas.

El caso lo tiene en la mira el secretario presidencial de Transparencia, Andrés Idárraga que ha venido reuniendo las piezas de este rompecabezas. Hasta el momento lo que se sabe es que para realizar la compra del jet Embraer Legacy 600, que costó 12,1 millones de dólares, la Policía contrató al Consorcio Aeronaves PCN, el cual está integrado por Río Sur (5 por ciento), Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo (5 por ciento) y Ingeambicol (90 por ciento). Las dos últimas empresas son araucanas y no tienen experiencia en asuntos aeronáuticos pero sí saben de contratos públicos y licitaciones.

La segunda pieza involucra a dos de las tres empresas que tuvieron que ver con la compra del jet de lujo, las cuales se asociaron para comprar otros dos aviones para la misma Policía. Se trata de dos ATR 42-500, los cuales costaron 6,1 y 6,4 millones de dólares respectivamente. La compra se realizó mediante el consorcio Alas Colombia, del cual hacen parte, nuevamente, Río Sur (con el 5 por ciento) y Empresa de Servicios Integrales y Asociados S.A.S. Emsa (con el 95 por ciento).  

Y aquí es donde empieza a extenderse la telaraña. El representante legal de Emsa es Pablo Andrés Rojas Castellanos, un joven recién graduado de derecho con un vínculo claro con el zar de la contratación. Según lo ha revelado la periodista Diana Giraldo, de Caracol Radio y la revista Semana, es sobrino de la exesposa de Manosalva, Elizabeth Rojas Hernández, quien también ha construido un emporio de la contratación con participación en 14 consorcios y una unión temporal, según información que ha recabado el delegado del sector Defensa de la Contraloría General de la República, Luis Eduardo Parra.  La investigación de este funcionario encontró que los nombres de Rojas Hernández y su joven sobrino están vinculados de una forma u otra en 14 consorcios y dos uniones temporales. 

Pablo Andrés Rojas también figura como representante legal de dos compañías: Fundación Alianza Empresarial Jukamaro y en Inversiones para la Vida Invida Ltda. Esta última empresa tiene negocios en un contrato del PAE de Arauca por 350 millones y hace la interventoría de la Unión Temporal Naranjas, la cual obtuvo un contrato del Ocad por 27.000 millones de pesos. Y es justo este contrato donde vuelven a aparecer nombres relacionados con las compras de los aviones. De esta unión temporal hacen parte cuatro empresas, entre ellas Ingeambicol, la dueña del 90 por ciento de la compra del jet, pero también figura José Aristóbulo Moreno Maldonado, quien es revisor fiscal en tres de las cuatro compañías encargadas de ejecutar el proyecto de frutales con la plata de la paz. Otro nombre recurrente en este tinglado es Ángel Danovis Duque Rojas, quien resulta ser contador de dos empresas y revisor fiscal en el contrato del PAE.

A este entramado se refirió el secretario Idárraga: “Desde el mes de febrero la Secretaría de Transparencia recibió alertas sobre la compra del avión de la Policía. Desde entonces hemos seguido trabajando para esclarecer la presunta irregularidad en la contratación. Esto nos llevó a identificar una posible relación entre una red de contratistas que se valieron de uniones temporales y consorcios para obtener contrataciones públicas, y que estos tienen una coincidencia entre representantes legales, contadores y revisores fiscales. Un caso es el de la Unión Temporal Naranjas. Casos como estos nos prenden una alerta mayor, pues encontramos que la empresa dueña del 90 por ciento del contrato del avión de la Policía ha firmado 17 consorcios y uniones temporales que no registran oficialmente sus contratos”.

Para Idárraga no deja de sorprender que la ejecución de miles de millones de pesos esté concentrada en personas y empresas de Arauca que tienen relación entre sí. “La pregunta que deja esta situación es por qué una empresa como Ingeambicol ha comprado aviones, ha manejado dineros de Ocad Paz, y ha conformado 20 consorcios y 20 uniones temporales que no dejan rastro público sobre quiénes son sus socios y cuáles sus contratos”, advirtió el secretario de Transparencia.

La respuesta parece ser el contratista Manosalva Carvajal, pues las empresas que obtuvieron estos contratos tienen relaciones directas e indirectas con él. Esto preocupa a la Contraloría General de la República, pues el zar de la contratación de Arauca dejó sus huellas en al menos tres obras que terminaron en procesos de responsabilidad fiscal. Es el caso del Puerto Fluvial de Barrancabermeja, cuyo detrimento patrimonial  asciende a más de 39.300 millones, de la construcción del Centro de Rehabilitación Funcional del Batallón de Sanidad (Basan), cuyo detrimento patrimonial es de más de 30.500 millones, o de los 2.600 millones que se embolataron en la construcción del Batallón Especial Energético y Vial de Puerto Jordán, Arauca. Todos suman 72.500 millones, tienen procesos de responsabilidad fiscal contra las empresas de Manosalva y tienen  un hilo conductor: un alto oficial retirado de la Fuerzas Militares.

“El señor Juan Carlos Manosalva Carvajal, curiosamente es el mismo contratista del departamento de Arauca que participó, de manera mayoritaria (95 por ciento), en los consorcios que terminaron adquiriendo los aviones para la Policía Nacional de Colombia: un jet marca Embraer Legacy 600 tipo VIP (para altos ejecutivos) y dos ATR-500. Así mismo, en el nunca construido y ruinoso edificio de lo que debería haber sido el Centro de Rehabilitación Funcional Batallón de Sanidad (Basan), lo que iba a ser un hospital para nuestros héroes de la patria, que son verdaderas víctimas del conflicto, y que hoy se constituye en otro elefante blanco”, enfatizó Parra, el contralor delegado para Defensa.

Estas dos entidades ya están en el proceso de reconstruir los contornos de este entramado empresarial, nacido en tierras araucanas, y que ha obtenido millonarios contratos públicos, incluyendo el de la compra del avión de lujo de la Policía, que se adquirió en un proceso exprés con insólitos giros, que al final de cuentas abrieron la senda que conduce al zar de la contratación de Arauca, un viejo conocido en cuarteles del Ejército y estaciones de la Policía.