
El nuevo cartel de la contratación: compra de aviones, obras públicas y plata de la paz
Detrás de la compra del jet de lujo por parte de la Policía hay un cartel de corrupción que opera desde Arauca.
La Secretaría Presidencial de Transparencia y la Contraloría General de la República han identificado un sofisticado entramado empresarial dedicado a la corrupción de miles de millones de pesos de la contratación pública. Funciona desde Arauca.
Por: Alfredo Molano
Lo que empezó como la folclórica compra de un jet de lujo por parte de la Policía Nacional parece conducir a uno de los capítulos de corrupción más grandes del país. Detrás del negocio de más de 12 millones de dólares, apareció otro contrato por el mismo monto para la adquisición de dos aviones más. Dos negocios diferentes, que suman más de 25 millones de dólares, y tienen un elemento en común: fueron ejecutados por empresas creadas en Arauca.
El asunto resultó tan llamativo para las autoridades que se dieron a la tarea de hacer un mapeo de actores, naturales y empresariales, que están relacionados en un sofisticado cartel que se ha quedado con millonarios contratos y licitaciones. En el centro de la investigación se encuentra Juan Carlos Manosalva Carvajal: el zar de la contratación de Arauca, cuyo rastro ha quedado registrado en operaciones comerciales con 435 personas naturales y jurídicas en negocios que van desde la compra de aviones hasta proyectos del Ocad Paz, pasando por la construcción de obras de infraestructura, suministros a hospitales, alimentación escolar y prestación de cuanto servicio requieren las entidades públicas.
El caso lo tiene en la mira el secretario presidencial de Transparencia, Andrés Idárraga que ha venido reuniendo las piezas de este rompecabezas. Hasta el momento lo que se sabe es que para realizar la compra del jet Embraer Legacy 600, que costó 12,1 millones de dólares, la Policía contrató al Consorcio Aeronaves PCN, el cual está integrado por Río Sur (5 por ciento), Construcción Empresa y Proyecciones para el Desarrollo (5 por ciento) y Ingeambicol (90 por ciento). Las dos últimas empresas son araucanas y no tienen experiencia en asuntos aeronáuticos pero sí saben de contratos públicos y licitaciones.

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