El presidente Gustavo Petro lo está arriesgando todo. En menos de 48 horas su superintendente de salud, el médico Luis Carlos Leal, intervino las dos EPS con más afiliados del país: la Nueva EPS, con 10,8 millones entre régimen contributivo y subsidiado, y Sanitas con 5,7 millones. La consecuencia inmediata es que tomó el control de la operación de la que dependen casi 17 millones de colombianos. Los expertos señalaron en los días siguientes que los antecedentes no son buenos. Las intervenciones, recordaron, nunca han dado buen resultado. Suelen terminar en la liquidación de la EPS. El Gobierno, a través del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha repetido en medios que la intención es recuperarlas, no acabarlas. Sin embargo, las acciones sugieren otro escenario.
Veamos. El 15 de septiembre del año pasado la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de la EPS Famisanar “debido a su progresivo deterioro financiero y las numerosas quejas de sus usuarios durante el primer semestre de 2023”. Esa EPS, con 3 millones de afiliados en 21 departamentos, tenía una deuda acumulada de 875.199 millones de pesos para el mes de noviembre, según datos de Consultor Salud https://consultorsalud.com/emssanar-famisanar-asmet-salud-eps-deudas/. La idea, como decía el Gobierno en ese entonces, era intervenir para que los indicadores de la EPS mejoraran, especialmente el pago de las deudas a las IPS. Lo que ha ocurrido es lo contrario. Desde la intervención de la Superintendencia de Salud, Famisanar no ha pagado una sola factura de la cartera anterior a la intervención. Incluso, en noviembre del año pasado, Famisanar informó a través del agente interventor nombrado por el Gobierno, que se implementaría un plan de pago que debía publicarse, como fecha máxima, el 16 de diciembre de 2023. Las IPS lo siguen esperando.
Hoy, casi cuatro meses después, no se conoce el plan de pagos que se prometió en esa resolución, y las IPS tienen las manos amarradas para adelantar acciones judiciales que obliguen a Famisanar, controlada por el Gobierno, a pagar las deudas atrasadas. Mientras se adelanta la intervención no es posible demandar, y la Superintendencia de Salud, cuando se le reclama por la falta de pago, contesta que el interventor es autónomo y que no pueden obligarlo a tomar ninguna medida, ni siquiera hacerle cumplir lo que prometió sobre el plan de pagos. De manera que la cartera anterior a la intervención sigue creciendo, las IPS se siguen asfixiando por las deudas acumuladas (que por supuesto no llegaron con esa intervención, ni con este Gobierno) mientras la Superintendencia sigue acumulando la responsabilidad de salvar, o liquidar, las EPS de millones de usuarios.
En definitiva, lo que está en juego para el presidente Petro no solo involucra a su gobierno y al futuro político del proyecto del Pacto Histórico; esta decisión sobre el sistema de salud tiene también en sus manos la supervivencia de la izquierda colombiana. Los antecedentes, como dijimos antes, no son buenos porque se rompen las normas del gobierno corporativo. El exsuperintendente de salud Gustavo Morales explicaba esta semana que, por ejemplo, la Nueva EPS recibe 250.000 millones de pesos al mes, y que ese manejo queda en manos de una sola persona, sin revisorías fiscales independientes ni juntas directivas, que también se disuelven. Por eso, las intervenciones de la Superintendencia suelen terminar en la liquidación y reubicación de los usuarios en otras EPS, en este caso en la Nueva EPS que ya controla el Gobierno y que pasaría en un lapso de meses a tener más de 20 millones de usuarios.
Al final, sobre todo en el caso de Sanitas, es inevitable preguntarse por la motivación para intervenirla. La narrativa del petrismo es que las donaciones que hizo Keralty, dueño de Sanitas, a partidos políticos como La U, la ASI y Colombia Justa Libres para la campaña al Congreso es una “violación de nuestra soberanía”, además de una ilegalidad. Esto es risible. Primero, Keralty SAS es una empresa colombiana, como consta en el RUES de la Cámara de Comercio de Bogotá, y puede donar a partidos políticos para campañas al Congreso. Y segundo, como encontró el diario El País, Keralty donó en total 75 millones de pesos a esos partidos políticos. Una cifra insignificante.
Si en unos cuantos meses el traslado de usuarios de las EPS que se liquidarán por voluntad propia, como Compensar EPS, y las que liquidará el Gobierno, resulta caótico, el que habrá firmado su liquidación política será Gustavo Petro. Y con él, el resto de la izquierda colombiana.
