Es muy grave lo que está pasando con el actual curso concurso para seleccionar a las personas que van a ser jueces o magistrados de los tribunales en Colombia. El último concurso que se realizó de este tipo finalizó en 2018, es decir, hace seis años. El actual, en donde se han presentado múltiples irregularidades y que se inició en 2018 con un examen que terminó anulándose por problemas con las preguntas y las calificaciones, lleva más de cinco años sin que haya finalizado.
Esos concursos, en donde los aspirantes tienen que pasar distintos exámenes y realizar un curso de formación judicial, buscan seleccionar a las personas más aptas y preparadas para administrar la justicia de este país. Gracias a estos procesos, a ser jueces llegan personas por su preparación y méritos y no por palancas o porque alguien los puso en ese lugar. De ahí su importancia.
El no tener estas listas de jueces que resultan de ese concurso, hace que las vacantes judiciales se llenen, no con jueces o magistrados en propiedad, sino en provisionalidad. Y los puestos provisionales son nombrados a dedo por los magistrados de la Corte Suprema, del Consejo de Estado o de los distintos tribunales del país y no por el mérito de los candidatos. La justicia, por tanto, no termina en manos de jueces preparados, sino de personas que solo cumplen con los requisitos mínimos para ser juez, así no hayan tomado un curso para hacerlo o estén dentro de la carrera judicial. Además, quien obtiene el puesto lo logra por una decisión discrecional del que lo nomina y nombra y no por un sistema basado en méritos.
A pesar de esto, quienes están organizando el actual curso concurso en el Consejo Superior de la Judicatura no parecen estar muy preocupados. Llevan casi seis años realizando un concurso (¡más de lo que dura la carrera de abogado!) que no parece ver la luz al final del túnel.
Además, el curso que hace parte del concurso perdió toda su razón de ser: formar a los futuros jueces de este país. En vez de tratarse de clases guiadas por expertos que formen a los aspirantes para uno de los roles más importantes en una sociedad como la nuestra (ser juez), el curso se convirtió en módulos virtuales mal diseñados y que no tienen nada de pedagógico. Uno de los pilares de una educación de calidad, como lo muestran varios pedagogos, está en la oportuna y adecuada retroalimentación. En estos módulos, sin embargo, no ha habido ni un tutor que guíe las discusiones o resuelva dudas y mucho menos dé retroalimentación. Se trata de simples diapositivas y lecturas que los estudiantes deben repasar por su cuenta. Al final, tienen que responder preguntas que en algunos casos están mal formuladas o no tienen respuesta correcta. Los errores que cometan al contestar las preguntas que les formulan quedan en el aire, pues no hay ningún tipo de corrección o calificación.
Para rematar, de forma arbitraria y sin ningún sustento se decide que el segundo examen lo haga cada estudiante de manera virtual y en el sitio de su preferencia. Contrariando lo que se había establecido, esto es, que se iba a realizar en una sede dispuesta por el Consejo Superior. Así mismo, se le exige a los aspirantes que cuenten con determinados recursos tecnológicos para la realización del examen. Esto resulta ser tremendamente inequitativo para las personas que no cuentan con lo que se les pide, como un computador de unas calidades especiales, una cámara, un micrófono e internet de ciertas características. De la misma manera, no todo el mundo cuenta con un sitio sin ruido y adecuado para realizar un examen de tal importancia para su carrera profesional durante todo un fin de semana.
Todo no acaba ahí. El domingo pasado deciden hacer un simulacro virtual del examen. El resultado: el sistema colapsó (según manifestó la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, por intentos de ataque a sus servidores), muchos de los concursantes no pudieron acceder y según lo expresaron varios de ellos se demoraban mucho tiempo en pasar de una pregunta a la siguiente. En otras palabras, no están preparados. Lo preocupante es que el examen se piensa realizar el 4 y 5 de mayo.
Alguien tiene que responder por este caos y la solución no se puede seguir postergando. Colombia necesita jueces y magistrados en propiedad y no unos puestos a dedo. Que no se nos olvide que sin justicia de calidad no tendremos paz.
