Distintos dirigentes políticos, analistas y columnistas insistieron la última semana en que el presidente Petro convocará una Asamblea Nacional Constituyente mediante decreto de conmoción interior con el fin de perpetuarse en el poder. Una teoría chimba, rechimba, como dirían en el programa radial La Luciérnaga. La amenaza de Constituyente surge de una lectura apasionada e interesada de las provocadoras declaraciones presidenciales alrededor de su “proceso constituyente” que pocos entienden y no tiene futuro alguno. Pero sirvió para que muchos ciudadanos, preocupados legítimamente por la estabilidad institucional del país, salieran el domingo a una marcha de protesta masiva y pacífica que es necio y equivocado desconocer. Un decreto de esa naturaleza no sobreviviría más de dos semanas en la Corte, más aún si recordamos que en marzo del año pasado el Alto Tribunal expidió el auto No 272 que abrió la posibilidad de adoptar medidas cautelares y suspender la vigencia de leyes que violan en forma flagrante la Constitución, competencia que se extendería a la revisión de los decretos de conmoción interior y emergencia económica, ecológica y social contemplados en los artículos 213 y 215 de la CN.
Si algo se ha demostrado en los últimos años a partir de la firma del acuerdo de paz con las FARC, a pesar de las dificultades en su implementación, es que Colombia, a diferencia de países vecinos, tiene una fortaleza democrática e institucional ejemplar. Basta repasar algunos momentos recientes de dura confrontación, como el de ahora, en los que se sometió a prueba con éxito el funcionamiento adecuado de nuestras instituciones, como el apretado resultado del plebiscito del acuerdo de paz de 2016 de Santos o las marchas ciudadanas de 2019 y 2021 contra el gobierno de Duque. Ahora con el presidente Petro, a raíz de la convocatoria gubernamental a respaldar en las calles las reformas de la agenda social y de las contramarchas convocadas por la oposición, regresan de nuevo las mentes calenturientas que vaticinan la terminación anticipada del periodo presidencial o la imposible prolongación de la permanencia de Petro en el poder, adobadas por la mala idea de una Constituyente, que ahora matiza el jefe de Estado con el término de proceso constituyente, que no es nada distinto al estado de opinión que promovía Uribe hace 20 años. Al final, se trata simplemente del arranque anticipado de la campaña presidencial por parte del Gobierno nacional y de sus más enconados contradictores.
Como bien dice el presidente del Congreso, nadie va a tumbar a Petro y tampoco se va a quedar más allá de su periodo constitucional. Tendremos elecciones el último domingo de mayo dentro de dos años y un nuevo jefe de Estado se posesionará el 7 de agosto de 2026. Ni antes, ni después. La estrategia de miedo parece calcada de la de los promotores del NO en 2016 que buscaba, según sus propios impulsores, ”sacar a votar emberracada a la gente”. Ellos conocen muy bien los manuales de campañas políticas y saben que moviliza más el miedo que la esperanza. Hace siete años fueron las pensiones para los excombatientes de FARC, la ideología de género, la expropiación de las tierras, el Ministerio de Defensa de Timochenko o la eliminación de los subsidios de Familias en Acción y Adulto Mayor, entre otras barbaridades. Nada de eso ocurrió. Ahora es el “coco” de la Constituyente vía conmoción interior, la interrupción del calendario electoral, la apropiación por parte del gobierno de los recursos de los pensionados, la alianza del gobierno con el ELN, el Clan del Golfo y todos los grupos criminales, etcétera. Volvieron las cadenas de WhatsApp llenas de fake news que muchos ciudadanos incautos creen.
La ventaja ahora es que no hay que esperar siete años para develar las falsedades y por tarde en mayo de 2026 quedará claro que se utilizaron para engañar a la gente. ¿Pedirán disculpas a los ciudadanos quienes hoy sostienen con vehemencia y convicción sus delirantes tesis? La tal constituyente se desvanece todos los días y es una mala noticia para los radicales opositores que deben asumir con claridad ante la opinión que las marchas son para frenar unas reformas sociales con las que legítimamente no se encuentran de acuerdo y sobre las cuales muchos tenemos aún dudas, por lo que pedimos mayores esfuerzos de concertación por parte del gobierno pero no su hundimiento. La posibilidad de que Petro expida un decreto de conmoción interior para convocar la Constituyente es cero. Sería, además de un acto dictatorial repudiado por todos, una expresión de infinita torpeza política.
